Altos cargos de la Generalitat mintieron al asegurar que en una República catalana subirían las Pensiones

 

Los responsables de la Generalitat han mentido a todo el mundo.

La Generalitat de Catalunya contaba con informes internos en los que se reconocía que el déficit de los fondos de la Seguridad Social había ido creciendo en los últimos años  y a pesar de ello, los altos cargos de la Generalitat, no sólo prometían que iban a garantizar las pensiones, sino que además aseguraban que las iban a subir tras la DUI.

Estos datos y el estudio de los fondos de la Seguridad Social en Cataluña aparecen reflejados en un informe de la Dirección General de Análisis Económico, dependiente de la vicepresidencia del Gobierno catalán, y tiene fecha de 17 de junio de 2017. En él se analiza la territorialización de los fondos desde 2013 hasta 2016.

Estos documentos también reflejaban que Catalunya es la autonomía  que tiene el peso más importante en las pensiones por jubilación y viudedad,  las prestaciones más altas, "hecho que se corresponde con un mayor volumen de derechos contraídos por las cotizaciones realizadas previamente", según señalaban. 

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, está incorporado al procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la creación de estructuras de Estado por parte del Gobierno de Carles Puigdemont y los preparativos del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.

Este informe fue incautado durante los registros que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado día 20 de septiembre, en el marco de la 'operación Anubis', en la que resultaron detenidas 17 personas, entre ellas, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

Los datos del documento tienen como referencia la información anual que publica la Intervención General de la Administración del Estado para el conjunto de los fondos de la Seguridad Social, pero también han agregado, para analizar la cobertura entre cotizaciones sociales (y transferencias del Estado) y prestaciones de los diferentes fondos, las liquidaciones presupuestarias del Sistema de la Seguridad Social, del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) y del Fogasa.

En el citado documento también se admitía que sólo Madrid y Baleares presentaban saldos positivos en el conjunto de los fondos --incluyendo SEPE y Fogasa tanto contributivas como no contributivas--, con 430 y 3.545 millones respectivamente en 2016.

A pesar de admitir internamente que el déficit de los fondos de la Seguridad Social era creciente, los altos cargos de la Generalitat no sólo prometían que iban a garantizar las pensiones, sino que además aseguraban que las iban a subir desde el minuto uno de la independencia. Así lo aseguraba en marzo el secretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Josep Ginesta.

Lo mismo decía la Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, en septiembre. En opinión de ésta, una seguridad social catalana sería "más potente y más sostenible que la actual" y precisaba que las cuentas autonómicas llegarían a un equilibrio en la primavera de 2018, por lo que proponía revalorizar las pensiones por encima del 0,25 por ciento que es la revalorización actual.

También garantizaba el cobro de pensiones en febrero de este año el entonces vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, quien decía que el sistema sería mucho más sostenible en una economía como la catalana, de la que aseguraba que "crece, genera ocupación y puede controlar los niveles de deuda en términos de PIB". Sin embargo, en aquel momento no se conocía la salida masiva de empresas de Cataluña que tuvo lugar a raíz del referéndum de independencia.