Catalunya se encuentra en el punto de mira de Europa por las polémicas multas de la Generalitat a comercios

El foco de la atención europea se centra en las multas impuestas por la Generalitat a los comerciantes que no rotulan sus negocios en catalán, una práctica que ha generado controversia y ha sido denunciada como una posible vulneración de los derechos fundamentales.

La decisión de la Comisión de Peticiones, un órgano clave del Parlamento Europeo, responde a una reclamación presentada en 2017 por un propietario de un comercio catalán que fue sancionado por no cumplir con las normativas lingüísticas. Esta queja, que ha permanecido en el radar de las instituciones europeas, ha cobrado nueva relevancia en un contexto de creciente debate sobre la diversidad lingüística y los límites de las políticas de promoción de las lenguas regionales.

El Partido Popular europeo ha sido un actor clave en el impulso de esta investigación. Los populares han argumentado que la política de multas de la Generalitat atenta contra la "libertad lingüística" de los ciudadanos y las empresas, y han instado a la Comisión de Peticiones a velar por el respeto de los derechos fundamentales en el ámbito lingüístico.

"Catalunya se encuentra en el punto de mira de Europa por una política que restringe la libertad de elección lingüística en el ámbito comercial", señalan fuentes del Parlamento Europeo. "La Unión Europea se fundamenta en el respeto a la diversidad, y esto incluye la diversidad lingüística. Las políticas que imponen una lengua oficial en detrimento de otras generan preocupación y deben ser examinadas con detenimiento".

La legislación catalana, en concreto la Ley 22/2010, faculta a la Generalitat para imponer sanciones de hasta 10.000 euros a los comerciantes que no utilizan el catalán en la rotulación de sus establecimientos, así como en otros aspectos de la comunicación comercial. Los datos de la Agencia Catalana de Consumo revelan la magnitud de esta política: hasta noviembre de 2024, se habían impuesto 189 sanciones por motivos lingüísticos, con un importe total de 384.000 euros. En 2023, la cifra ascendió a 261 multas, alcanzando un valor de 496.920 euros.

Europa también investigará el trato igualitario del castellano y el catalán

La investigación europea no se limita al ámbito comercial. El día siguiente de tratar el tema de las multas, el presidente de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo se reunirá con la presidenta de la asamblea por una escuela bilingüe, para tratar el tema del trato igualitario del castellano y el catalán en las escuelas catalanas. Este encuentro subraya la preocupación de las instituciones europeas por el equilibrio lingüístico en todos los ámbitos de la sociedad catalana, incluyendo la educación.

Además, la Generalitat de Catalunya se ha visto envuelta en una polémica por presuntamente haber engañado a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, acerca de que se estaban llevando a cabo las sentencias del 25% de castellano en las aulas. Esta acusación, de confirmarse, podría tener graves consecuencias para la credibilidad de las autoridades catalanas ante las instituciones europeas.

La investigación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se presenta como un desafío para la Generalitat de Catalunya y como un test para la Unión Europea en su compromiso con la diversidad lingüística y los derechos fundamentales. El resultado de esta investigación podría sentar un precedente importante para el tratamiento de las lenguas regionales en toda Europa.