Una oleada de ocupaciones ilegales en Mataró genera tensión entre los vecinos: ¿Qué ocurre?

La ciudad de Mataró, en la comarca del Maresme, se encuentra sumida en una creciente preocupación debido al aumento de ocupaciones ilegales en sus barrios más vulnerables, especialmente en Cerdanyola. A pesar de los esfuerzos y promesas de las autoridades, la problemática persiste, generando tensión e inseguridad entre los residentes, según informa el medio local Capgròs. 

Incidentes recientes

El pasado 28 de febrero, vecinos del barrio de Cerdanyola alertaron a la policía sobre la entrada de varias personas en un inmueble vacío propiedad de un banco, ubicado en el callejón Marathon. Los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar y, tras contactar con la empresa de seguridad responsable, permitieron que los ocupantes permanecieran en el inmueble debido a la presencia de objetos personales que indicaban residencia habitual.

Esa misma noche, a unos 200 metros, otro inmueble en el callejón Rosselló fue objeto de ocupación. Aunque los Mossos lograron desalojar a los intrusos, estos regresaron durante la madrugada, reinstalándose en la vivienda y generando indignación entre los vecinos por la aparente impunidad.

Intentos de ocupación frustrados

Durante el fin de semana, se registraron al menos dos intentos adicionales de ocupación en la zona. Uno de ellos en un piso de propiedad municipal, donde la rápida intervención de la Policía Local evitó la consolidación de la ocupación. En otro caso, los intrusos intentaron acceder a una vivienda rompiendo un cristal, lo que puso en riesgo la seguridad de los vecinos, aunque finalmente no lograron ingresar.

Según, la ciudad figura como una de las más afectadas por el fenómeno de la ocupación en Catalunya, con un 69% más de pisos ocupados que la media catalana.

Medidas adoptadas

En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Mataró ha implementado diversas estrategias, como la creación de la Unitat de Civisme i Convivència de la Policía Local en 2017, enfocada en la identificación de ocupantes y el asesoramiento a afectados. Además, se ha establecido un protocolo de actuación que incluye mediación, colaboración con suministradoras de servicios y, cuando es necesario, desalojo por riesgos estructurales o de salubridad.

A pesar de estos esfuerzos, las administraciones competentes no han respondido favorablemente a las solicitudes de reformas legislativas que permitan agilizar los procesos de desalojo y otorgar mayores competencias a las policías locales. Esta falta de respuesta ha llevado al consistorio y al Colegio de Abogados a ofrecer soporte legal a las comunidades afectadas, buscando soluciones efectivas para garantizar la convivencia y seguridad en los barrios afectados.