Los fondos Next Generation EU no están cumpliendo las expectativas

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa Next Generation EU (NGEU), que representaba el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea. Era la primera vez que la UE se endeudaba para financiar un fondo de ayuda, en este caso destinado a dar respuesta a los negativos efectos de la crisis generada por el Covid-19.

La inversión total aprobada del programa Next Generation fue de 750.000 millones de euros. De estos, a España se le concedieron 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, cifra que representaba más del 11% de su PIB. De estos 140.000 millones, 72.000 millones de euros se concederían en forma de transferencias para ayudas directas no reembolsables y el resto, hasta llegar a los 140.000 millones, en forma de préstamos.

Según manifestó la Unión Europea en 2020, Next Generation EU tenía como objetivo responder de manera conjunta y coordinada a una de las peores crisis sociales y económicas de la historia y contribuir a reparar los daños causados por la pandemia. Estos fondos se deberían destinar a construir una Europa más ecológica, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. La recuperación se debía basar en tres grandes pilares, la transición digital, la transición ecológica y la formación de trabajadores y estudiantes para adaptarse a las nuevas demandas.

Después de la excelente noticia de que la UE había respondido de forma rápida y unitaria, si bien con algunas discrepancias por parte de algunos países, los denominados “frugales” empezaron a surgir una serie de dudas sobre la asignación real y gestión de esos fondos. Algunas de las cuestiones que se suscitaban tenían que ver con cómo llegarían estos fondos de forma real a las empresas y, especialmente a las pymes. Otra cuestión que se planteó tenía que ver con la capacidad de gestión de las administraciones para asignar unos recursos muy superiores a los que estaban acostumbrados a gestionar y, además, en un corto espacio de tiempo. En el caso de España, también se cuestionaba cómo se repartirían la totalidad de los fondos entre las distintas autonomías, así como cuál sería el papel del sector público en el reparto de los fondos. Para ordenar el reparto de gran parte de los 140.000 millones asignados se crearon los PERTE (planes estratégicos para la recuperación y transformación económica). Hasta el momento se han aprobado 11 PERTE, aunque en la mayoría de ellos no se han materializado las convocatorias. 

Con lo expuesto hasta el momento, podemos reflexionar y dar respuestas a algunos de los aspectos más controvertidos.

Como primer apunte, las patronales se han hecho eco de que los fondos Next Generation EU no están llegando a las pymes. Pimec constataba el pasado mes de febrero que sólo el 3% de las convocatorias de este año de los fondos Next Generation EU iban dirigidas exclusivamente a pequeñas y medianas empresas, con una dotación de 700 millones de euros, de los que una gran parte, 500 millones de euros, correspondían al “kit digital”. Asimismo, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ponía de relieve el mismo problema el pasado mes de mayo; los fondos no estaban llegando a las pymes.

Uno de los grandes temores constatados, desde el principio, fue que las exigentes condiciones de la UE y la complejidad burocrática podían tener un efecto desincentivador en el momento en que las pymes pudieran acceder a estas ayudas, a no ser que lo hagan como subcontratistas de las grandes empresas. Muchas micro, pequeñas y medianas empresas tenían la sensación de que esas medidas estaban más pensadas para las grandes empresas, puesto que la mayoría de las pymes no tienen capacidad para cofinanciar proyectos y tampoco están preparadas para cumplir con la enorme burocracia que representa la justificación de estos. 

La propia Unión Europea reconoció que los NGEU no tendrían el éxito esperado en España si no se conseguía que llegaran a las pymes, pero la realidad indica que solo una parte ínfima de los mismos están llegando a las mismas. No hay que olvidar que las pymes son el motor principal de nuestra economía, representan más del 98% del número total de empresas, aportando el 62,2% del PIB y el 72,4% de la ocupación. Por lo tanto, son un elemento clave para garantizar los puestos de trabajo y la competitividad de la economía del país.

Como segundo apunte; amplios sectores, como el sector industrial en su conjunto, han reclamado desde el inicio que los fondos europeos lleguen a las empresas de forma rápida, a la vez que se facilite el acceso a los mismos de las micro y pequeñas empresas, las cuales presentan mayores dificultades en el momento de articular proyectos necesarios para acceder a los mismos. A las pymes, con menor capacidad legal y burocrática que las grandes empresas, en muchas ocasiones les es muy difícil cumplir los cortos plazos que la administración impone en las convocatorias. Y es que los fondos europeos podrían ser una gran oportunidad para incrementar el tamaño medio de las pymes españolas, dotándolas de mayor competitividad, cosa que tendría un claro efecto positivo sobre el PIB.

El retraso con el que se redactan las convocatorias y se asignan los fondos ha sido otra de las críticas frecuentes del sistema planteado. España recibió 19.000 millones de euros en 2021 de los que se aplicaron solo 11.000 millones, es decir, hubo un desfase de 8.000 millones o, dicho de otra forma, quedaron sin asignarse el 42% de los recursos recibidos.

Según algunas estimaciones de las patronales, el gobierno español apenas ha movilizado 4.000 millones de los 33.000 millones que tenía asignados para los PERTE, un 13% del total. Este hecho constituye una de las críticas más importantes: las demoras y la falta de transparencia en la ejecución de los PERTE. La falta de agilidad, la falta de tiempo para la preparación de las solicitudes y la complejidad burocrática hacen que el porcentaje de fondos europeos que han recibido las empresas sea muy bajo. Según la CEOE solo 1 de cada 4 euros han llegado realmente a las empresas. 

Por lo que respecta a Cataluña, según los últimos datos disponibles, los fondos asignados desde el último trimestre de 2021 han sido de 2.194 millones de euros, de los que se han licitado 510 millones (el 23%) y adjudicado solo 199 millones, es decir el 9% de los recursos asignados. Una constatación más de que los fondos europeos tardan en llegar a la economía real. El gobierno central transfiere los fondos que llegan de la UE a las autonomías y les corresponde a éstas redactar las convocatorias y culminar el proceso. En el camino se crean distorsiones. La complejidad burocrática y el marco normativo exigente que requiere el Estado para que los fondos públicos lleguen a las empresas, sumado al enorme volumen de proyectos a gestionar, hacen que muchos de los fondos no se asignen con la rapidez necesaria.  Algunas comunidades, como la catalana, se quejan de la escasa capacidad de decisión que tienen en las convocatorias, así como en el momento de escoger los proyectos más adecuados a las verdaderas necesidades del territorio, por lo que terminan actuando de meros gestores de los fondos. La lentitud en asignar los fondos hace temer que una parte de éstos no se llegue a distribuir en los plazos previstos por la UE y, por lo tanto, se tengan que devolver sin aplicar.

Es interesante aportar a estas reflexiones la visión del Banco de España, que estima que los fondos europeos contribuirán en un 1,4% al PIB español en 2022, pero este porcentaje se reducirá sensiblemente si las ayudas se retrasan y no llegan en los tiempos previstos. El Banco de España pone de manifiesto el efecto tractor de las ayudas públicas, puesto que calcula que un incremento del 1% en la inversión pública conllevará un incremento similar en la inversión privada a corto plazo. Así y todo, el Banco de España cuestiona la eficacia de los fondos Next Generation EU para atraer inversión privada a corto y medio plazo (el objetivo del Gobierno es que se duplique el monto de las ayudas otorgadas). Según el Banco de España este objetivo solo se conseguirá si el dinero se orienta a las infraestructuras, las comunicaciones o el fomento de la I+D+I. Según esta institución, acciones como el plan de rehabilitación de viviendas, dotado con una partida de 6.500 millones de euros, no estimulan la actividad privada.

Otra cuestión que genera controversia es el papel del sector público en el reparto de los fondos europeos. Si se prioriza al sector público en este reparto se puede perder el efecto apalancamiento multiplicador que supondría aplicarlos a la cofinanciación de inversión privada. Según el Instituto de Estudios Económicos un euro de fondos públicos dedicado a cofinanciar inversión privada puede tener un efecto multiplicador a largo plazo de hasta 4 veces su importe inicial. 

En otro orden de cosas, sería importante que se tuviera en cuenta como condición imprescindible en las convocatorias para acceder a los fondos, que las empresas morosas no pudieran ser beneficiarias de los fondos europeos. Tal y como pone de manifiesto la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la elevada morosidad de las administraciones públicas y de las grandes empresas genera un elevado riesgo financiero para las pymes, aspecto que se verá agravado con la finalización de las carencias de los créditos ICO. 

Otro asunto de interés en el que avanzar, en el que podrían incidir positivamente los fondos Next Generation EU, es el de la igualdad de género, por ejemplo, teniendo en cuenta en las convocatorias aspectos que exigieran el cumplimiento de la normativa de igualdad de género en el ámbito laboral. Por el momento parece que las convocatorias publicadas en su gran mayoría no tienen en cuenta estos aspectos.

En resumen, de acuerdo con el mandato de la Unión Europea, se debía garantizar que los fondos Next Generation EU se aplicaran en actividades productivas orientadas a crear ventajas competitivas, crecimiento económico sostenible y ocupación de calidad.  Los proyectos financiados por estos fondos deberían tener una naturaleza transformadora para adaptar la economía al nuevo paradigma. España debería aprovechar esta oportunidad única para financiar proyectos estratégicos que transformen las cadenas de valor del tejido productivo, que modernicen la economía y mejoren la competitividad. 

Además, no podemos olvidar que esos fondos se financiarán con deuda pública europea, de la que a España le corresponderá una parte proporcional en función del peso de su PIB, que es del 8,3%. En un país tan endeudado como España, en donde la deuda pública representa el 117% de su PIB, es esencial utilizar esos recursos para realizar las reformas estructurales necesarias que mejoren la productividad y la competitividad de su economía, haciendo que lleguen a todo el tejido empresarial, incluidas las pymes. No hay tiempo que perder. No se puede permitir que la burocracia, la lentitud y las ineficiencias de la administración arruinen esta gran oportunidad.