La riqueza de los países y el bienestar de sus ciudadanos está íntimamente relacionada con su capacidad para crear empresas competitivas que generen oportunidades en los mercados internacionales. Para los gobiernos y las administraciones públicas, fomentar la creación de empresas y facilitar su competitividad para que sean capaces de crear puestos de trabajo de calidad, debería ser un objetivo fundamental para poder dar respuesta a los retos sociales.
Ser un gobierno que impulsa políticas sociales orientadas a reducir las desigualdades y a no dejar a nadie atrás, no está en absoluto reñido con ser un gobierno “bussiness friendly” que fomente y promueva abiertamente la actividad económica de su tejido empresarial. Más bien al contrario, si las empresas generan riqueza hay más posibilidades de alcanzar mayores niveles de bienestar a nivel social. Primero hay que crear la riqueza y después hay que pensar en cómo redistribuirla de forma justa. Los países con mayor nivel de renta per cápita, como Irlanda, Noruega, Estados Unidos o Dinamarca, por citar algunos ejemplos, tienen una visión positiva hacia las empresas y el emprendimiento.
En un entorno tecnológico, global e interconectado como el actual, un factor fundamental de competitividad de los distintos territorios y países se basa en asegurar una comunicación fácil, rápida y eficaz, tanto en las distancias cortas como en las grandes rutas intercontinentales. En este sentido, la decisión de descartar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona, que se materializó en septiembre de 2021, fue un duro mazazo a las aspiraciones de la capital catalana de convertirse en un hub aeroportuario de conexiones intercontinentales de primer nivel mundial.
El abandono de la propuesta del Gobierno central de invertir 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat se debió a la falta de acuerdo del Gobierno catalán para extender 500 metros la tercera pista. Según los expertos, esta pista es necesaria para captar vuelos largos de más de 6.000 millas. No obstante, en opinión del Gobierno de Catalunya, esta ampliación hubiera obligado a destruir parte de la laguna de La Ricarda, un espacio natural protegido por la red Natura 2000, motivo por el cual se opuso al acuerdo.
La ampliación del aeropuerto contaba con un gran respaldo del empresariado catalán y un gran rechazo por parte de los movimientos ecologistas y varios ayuntamientos de la zona. Finalmente, fueron las disputas internas y la falta de consenso político entre los dos partidos que formaban parte del Gobierno catalán en aquel entonces (ERC y Junts), las que motivaron la suspensión del acuerdo con el Gobierno central.
El plan de ampliación aeroportuario 2022-2026 contempla una ampliación del aeropuerto de Madrid en la que se invertirán 1.600 millones de euros. Es bien sabido que los aeropuertos de Barcelona y de Madrid compiten para atraer vuelos intercontinentales. El aeropuerto catalán perderá atractividad para los vuelos de largo rango si no se amplía la pista y se construye una terminal satélite para vuelos intercontinentales, tal como estaba previsto en la propuesta.
Algunas voces criticaron la presión que ejerció AENA, ya que era una decisión que hubiera necesitado de más tiempo y reflexión para tomarse por la envergadura de esta. También se criticó la falta de flexibilidad de la compañía aeroportuaria española a la hora de debatir propuestas.
Después de un año del abandono del proyecto de ampliación, que finalmente no fue incorporado en el Documento de Regulación Aeroportuaria DORA II 2022-2026, y dada la vital importancia del proyecto para la economía catalana, las principales patronales catalanes, PIMEC y Foment, han vuelto a poner el tema sobre la mesa a la vuelta de las vacaciones de verano.
La ampliación del aeropuerto de Barcelona debería ser un proyecto prioritario de país, para el cual se debería alcanzar un consenso político. A partir de ese consenso, que manifiesta la voluntad de llevar a cabo las inversiones necesarias para la ampliación, todo lo que sigue deberían ser decisiones técnicas que tengan en cuenta, obviamente, la salvaguarda de los espacios naturales protegidos. En cualquier caso, cualquier plan de ampliación que afecte a los espacios naturales deberá pasar el control de la Comisión Europea, una garantía más para que se cumplan las exigencias medioambientales.
Lo más preocupante es que hay fuerzas políticas que han hecho bandera de la negativa a la ampliación y están en su contra por motivos ideológicos. Se han oído voces en favor del “decrecimiento”, lo cual me parece absolutamente inapropiado en el escenario competitivo global actual. Soy totalmente favorable a que se incorporen criterios de ecología, sostenibilidad y respeto al medio ambiente en las decisiones de inversiones en infraestructuras, pero esto no puede representar una paralización o un retraso permanente de las mismas. El mundo no espera y nuestros principales competidores siguen invirtiendo en mejorar sus aeropuertos que ya tienen una capacidad significativamente superior al nuestro.
Un informe técnico de la consultora ALG propone ampliar la pista 300 metros en lugar de 500, 200 metros en dirección a La Ricarda y otros 100 en dirección hacia el Remolar. Esto dejaría a las lagunas fuera de la afectación. Este informe ha generado controversia en las opiniones de los técnicos, pero es una muestra más de que, con voluntad política para llegar a un acuerdo, se podría encontrar la solución óptima para acometer la ampliación y respetar a la vez el entorno natural.
Otra de las ideas que se han puesto sobre la mesa es la de crear un modelo de aeropuertos descentralizados, favoreciendo el crecimiento de los aeropuertos de Girona y Reus para desplazar tráfico a estos aeropuertos. La realidad es que Barcelona necesita un aeropuerto con capacidad suficiente como para ser un “player” principal en los vuelos transoceánicos. En este punto, habría que ver si las compañías aéreas estarían dispuestas a trasladarse a estos aeropuertos periféricos. Difícilmente las aerolíneas de largo radio que vuelan a Asia o a América se platearían volar fuera de Barcelona. Además, los expertos opinan que para que un aeropuerto pueda hacer de hub, deben garantizarse las conexiones rápidas, situando el máximo de la conexión en media hora.
Por mis continuos viajes intercontinentales, motivados por mi actividad profesional, he podido experimentar en primera persona, que no disponer de vuelos directos a las principales capitales de Asia y América representa un trastorno y una incomodidad importante para los viajeros de larga distancia. También representa una pérdida importante de atractividad y de competitividad para nuestro destino. Fomentar estas conexiones es hacer más atractiva la ciudad para los inversores, para los clientes y para los turistas de calidad que, en definitiva, son nuestro objetivo como destino turístico de primer nivel que somos.
Si bien puedo estar de acuerdo en que, para distancias más cortas, el tren puede ser un medio de transporte más sostenible, limpio y efectivo, no hay alternativa al avión para los viajes transcontinentales.
Es muy difícil que el acuerdo político necesario para desencallar la decisión pueda darse antes de las elecciones municipales de mayo de 2023. El acuerdo debería incluir, además de a la Generalitat, a los ayuntamientos afectados. Dada la importancia de la decisión, debemos exigir a los partidos que concurran a las elecciones municipales de los ayuntamientos afectados, un posicionamiento claro sobre el tema en sus programas electorales.
Apostar por la ampliación del aeropuerto de Barcelona es apostar por el progreso y la competitividad de nuestra ciudad y nuestro país. No hay tiempo que perder, el mundo no nos espera y dejar pasar esta oportunidad puede tener consecuencias muy negativas en el futuro próximo.
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