El disputado voto por correo

Podía empezar este artículo parafraseando la magnífica novela de Miguel Delibes “El disputado voto del señor Cayo” para hablar del disputado voto por correo de estos últimos días mercadeado por algunos para conseguir una poltrona de concejal o, incluso, de Alcalde, pensando que estamos en un reino de taifas donde pueden hacer y deshacer a su voluntad. ¿Pero es que en los Ayuntamientos no existen controles que impidan estas conductas corruptas?. La respuesta es que sí, pero absolutamente insuficientes y lo peor de todo es que es así de forma consciente y consentida por el poder político.

Los controles internos, en la Administración Local, los ejercen los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, entre los que me cuento, que son: Secretarios, que se encargan del asesoramiento legal; Interventores, que ejercen el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria; y Tesoreros, a cuyo cargo está la contabilidad, tesorería y recaudación. Estos funcionarios son nombrados por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública tras superar un proceso selectivo, teniendo ciertas competencias sobre ellos las Comunidades Autónomas, pero desde luego a donde no pertenecen es a los Ayuntamientos, como supuesta garantía de su independencia. Pero ese Ministerio de Hacienda y Función Pública que los nombra y debería velar porque puedan ejercer correctamente sus funciones sin embargo los tiene totalmente abandonados para satisfacer a un grupúsculo de Alcaldes que prefieren estar sin ellos, sin darse cuenta de que esto es como quien circula por una autovía y pide que se supriman los radares o los controles de la Guardia Civil, está claro que porque pretenden conducir con exceso de velocidad, incumpliendo las normas. Cuando hay una mayoría silenciosa, también de Alcaldes, que conviven perfectamente con estos Funcionarios, sirviéndoles como garantía del cumplimiento de la Ley, que no es otra cosa que el respeto a las normas básicas del comportamiento democrático de una Administración pública, siendo la local, además, la más cercana al pueblo y por ello la más sensible a esa vulneración de derechos.  

Estos Funcionarios hemos demostrado ser los más responsables de todo el cuerpo de empleados públicos ya que podíamos habernos declarado en huelga para exigir respeto por nuestros derechos y dignidad para nuestra profesión, impidiendo con ello el normal desarrollo de los comicios del 28 M, o hacerlo el próximo 17 de junio e impedir la constitución de todos los Ayuntamientos españoles. Pero no lo vamos a hacer por responsabilidad y respeto hacia las Corporaciones a las que servimos, y el Ministerio de Hacienda y Función Pública nos paga en compensación con el desprecio, el abandono, el consentimiento y promoción del intrusismo y la falta de garantías suficientes para realizar las funciones de control que tenemos encomendadas con la independencia necesaria para ello.
 

De nada vale escandalizarse cuando leemos en la prensa lo que ha pasado estos días con el voto por correo o lo que ya hemos leído antes y volveremos a leer después sobre contratos amañados en algunos Ayuntamientos, sobrecostes en algunas obras públicas o contratación de amigos, familiares o afines sin respetar los procedimientos, porque estas son las consecuencias de no permitir que quienes podemos evitarlo tengamos las herramientas para hacerlo. Y lo peor de todo es que quien puede poner pie en pared a todo esto volverá a mirar para otro lado y dejará correr las cosas hasta que se enfríe la noticia, parece que sin importarles que a no mucho tardar saltará otro escándalo parecido y evitable.

De ahí tanto interés de algunos en conseguir una de esas poltronas que se han puesto en juego este 28 M, pero no para trabajar en favor de su pueblo sino en su propio beneficio. Y todos los que mantengan un sistema en el que tengan cabida estas conductas corruptas serán cómplices y cooperadores necesarios de ellas.