Fumata blanca

El Congreso de los Diputados ya se ha pronunciado respecto a la debatida cuestión de quién va a dirigir el gobierno de España durante la próxima legislatura. La votación ha sido sumamente ajustada, pero, al final, el pueblo soberano puede proclamar solemnemente ¡Habemus Papam!

Una vez elegido el candidato que ha conseguido más apoyos, lo razonable es que se acepte la designación democráticamente, aun cuando sea a regañadientes, y comience un nuevo periodo en el que el gobierno entrante empiece a caminar, y en el que los opositores, reformulen su estrategia para ejercer el control que atañe a la oposición. En el Reino Unido, cuna del parlamentarismo, se denomina “gobierno en la sombra”. Unos y otros han de trabajar siempre con el mayor respeto al estado de derecho y a la división de poderes.

Pero Spain is different!, como ya rezaba el eslogan que introdujo el ministro don Manuel Fraga durante la dictadura para atraer al turismo a nuestro país y desde que se promulgó la actual Constitución democrática los cambios de gobierno no han sido siempre pacíficos. La elección de Calvo Sotelo en 1981 puso el listón muy alto con aquel oscuro golpe de estado, con militares entrando en el hemiciclo y tanques en las calles. En las siguientes etapas hubo tres legislaturas: dos de Felipe González y la primera de Aznar en las que se creó el eslogan de “España va bien”. Incluso hubo coaliciones con los partidos soberanistas catalanes (pacto del Tinell y del Majestic) sin que nadie se rasgara las vestiduras. Pero el relevo del PP con la victoria de Rodríguez Zapatero ya fue muy traumático. Manifestaciones, imputaciones cruzadas de la responsabilidad del 11-M, grandes manifestaciones contra las reformas que propició el PSOE, y la reaparición de un nuevo escenario en Cataluña durante el segundo gobierno del tripartit con las vicisitudes del nuevo Estatut de autonomía, en cuya tramitación se cometieron muchas torpezas que merecerían una autocrítica serena de la sociedad en su conjunto.

Todavía está reciente la declaración unilateral de independencia de Cataluña que ha supuesto un trauma indeleble para nuestra joven democracia. No fue posible entonces la negociación porque ni el gobierno, entonces en manos del PP, ni una Generalitat dominada por el soberanismo radicalizado y montada en una espiral de provocación al estado de derecho, pensó que saldría victoriosa, y se lanzó al vacío, sucumbiendo al fallarle los paracaídas. 

El gobierno de la nación se mantuvo impasible, aplicó el artículo 155 de la Constitución y se limitó a delegar en los jueces las responsabilidades, para que dieran el merecido castigo no solo a los encausados, sino también a los alcaldes que se atrevieran a fomentar la causa independentista desde los ayuntamientos. El propio president interino, Quim Torra, se convirtió en represaliado por negarse a retirar una pancarta del balcón de la Generalitat, mientras alentada a los comandos de los CDR a exteriorizar el descontento en calles y carreteras, para conseguir la mayor repercusión en el extranjero.

Los resortes empleados por la justicia española para lograr la extradición de los líderes autoexiliados no tuvieron la eficacia que se pretendía por múltiples factores técnico-jurídicos y especialmente políticos. Los mecanismos de extradición implantados por la Unión Europea, que en principio hubieran tenido que funcionar adecuadamente, resultaron insuficientes. En definitiva, la de la batalla internacional fue una victoria más de la “astucia” de los diseñadores del plan de fuga, y otro resbalón más de la opción del gobierno de España en su estrategia de vencer en el desafío independentista.

La última gran derrota de la vía escogida por el gobierno fue la de confiar todo al juicio ante el Tribunal Supremo. Es difícil encontrar en los anales internacionales un juicio preparado y desarrollado con más cautelas, con mayor respeto a los derechos de los procesados, y con las garantías de las defensas ejercidas por las más acreditadas togas del país. Se quiso propiciar, incluso de forma harto exagerada, el principio de “luz y taquígrafos”, que se convirtió en un espectáculo televisivo, a modo de serie psicodramática, en la que ya se sabía desde el principio que los acusados no iban a ser absueltos. Las incógnitas eran respecto al tipo delictivo aplicable a los hechos y la severidad de la condena. Tanto es así que los gestores de la causa independentista dispusieron de tiempo suficiente para organizar una sonora reacción, que se vehiculó por medio del llamado tsunami democrático. Una obra concebida para paralizar toda la actividad económica catalana y  reclutar mediante las redes sociales a todas las personas descontentas no solo con la sentencia, sino con la gestión del gobierno en diferentes campos. La sentencia en cuestión, no hay que engañarse, no la leyó casi nadie.

En este punto, hay que reconocerlo, la arriesgada apuesta del gobierno de la coalición de izquierdas por modificar el Código Penal y los indultos, fruto de la negociación con Esquerra Republicana —cuyas medidas presentaban muchas dudas sobre su procedencia y su eficacia como antídoto para la resolución del conflicto—, produjo el efecto de normalizar en un alto grado la convivencia en la sociedad catalana. Los elementos emocionales que habían enardecido a una parte importante de la ciudadanía desaparecieron en gran medida.

En una parte mayoritaria de la sociedad catalana se había instalado cierto cansancio, y se había podido racionalizar las expectativas del mundo feliz prometido, por lo que el ancestral seny català acabó optando por el pragmatismo que tan buenos resultados ha deparado para Cataluña la convivencia pacífica con los pueblos de España.

Pero la anterior etapa había ha dejado secuelas. Un desafío al estado que llegó a adquirir cotas importantes, tanto delictivas como sociales y, sobre todo, económicas, no desaparece fácilmente. Los impedimentos más importantes eran —y son— los centenares de procesos judiciales que todavía siguen tramitándose y la especie de “quiste” por la permanencia de dirigentes políticos independentistas en situación de autoexiliados. Desde institutos nacionales e internacionales de mediación se ha trabajado durante estos años para buscar una solución a esta situación. La opción más posibilista fue la que siguieron varias exconselleras que se presentaron voluntariamente ante la justicia y normalizaron su vida familiar y profesional. Pero el símbolo de un president sometiéndose a las decisiones del TS y con muchas posibilidades de ingresar en prisión preventiva resultaba difícil de aceptar y asimilar. Máxime cuando permanecen todavía vivos los procesos ante los tribunales europeos respecto a los que no puede asegurarse el triunfo de ninguna de las dos opciones.

De esta forma, el destino puso encima de la mesa de soluciones negociadas la reivindicación de la amnistía, como exigencia para apoyar la investidura del candidato del PSOE como presidente del gobierno. Aceptar esta exigencia tenía tres grandes inconvenientes. El primero es que el PSOE no había incluido esta opción en su programa electoral; por el contrario, había expresado reiteradamente que nunca se plegaría a esta exigencia. El segundo, el dudoso encaje constitucional ya apuntado por la mesa del Congreso de los Diputados para rechazar una propuesta presentada en la anterior legislatura. El tercer inconveniente, la actitud altanera de los principales dirigentes de los partidos independentistas, sin asomo alguno de arrepentimiento. 

El cambio de opinión del ya otra vez presidente del gobierno no es algo nuevo. Es una característica de un verdadero “animal político”, sagaz, voluble, maquiavélico y adaptable a las circunstancias si ello resulta necesario para conseguir los objetivos que se propone. No se ha quitado la careta. Son conocidos sus cambios de estrategia que, para sus votantes, parece que no sean un demérito. Suárez, prototipo de político habilidoso y artífice de la transición, también abjuró de su fidelidad al régimen franquista, y fue aplaudido por ello. Felipe González cambió de criterio con lo de la entrada en la OTAN y gracias a esta decisión tenemos un ejército moderno, que ha dejado para la historia la costumbre instalada de los golpes de estado armados. 

Lo cierto es que, en política, si no se tiene la mayoría absoluta para obtener la designación real para ocupar la presidencia de gobierno, no existe otra opción que pactar. En estas negociaciones es habitual reformular determinados compromisos electorales o asumir propuestas ajenas. Es significativo que este cambio de opinión ha sido ratificado ampliamente por las bases de los partidos que han conformado el “bloque de la investidura”. El resto de los votantes no afiliados tendrá la oportunidad de expresar su aprobación o rechazo en las próximas elecciones europeas que están previstas para la primavera. Así es el funcionamiento normal de la democracia.   

La constitucionalidad de la medida ha centrado el blanco de las críticas no solo de la oposición, sino incluso de dentro del propio partido socialista. Es curioso que esta cuestión, que es esencialmente de técnica jurídica, haya destapado la vocación por el derecho de las multitudes. El debate se ha ubicado en los medios de comunicación y en la plaza pública con la utilización del sistema de firmar manifiestos en uno u otro sentido, como si la cuestión se dilucidara por medio del número de firmas que se recogieran por cualquiera de los mecanismos de sondeos entre expertos o menos expertos. El estado de derecho tiene los mecanismos adecuados para resolver la cuestión. Se trata de una ley que han de debatir  los diputados y los senadores. Tanto estos como los partidos políticos o cualquier juez al que se solicite la aplicación, si el proyecto legislativo resultara aprobado, podrá plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional que es quien debe decidir lo que corresponda en derecho. 

Si echamos una mirada a la historia patria nos encontraremos de inmediato con el famoso “abrazo de Vergara” de 1839 que puso fin a la primera guerra civil del siglo XIX, que finalizó con un acuerdo en virtud del cual el vencedor, el general Espartero, amnistió a los vencidos, a pesar de las cruentas batallas que causaron más de 130.000 muertos. La medida de gracia dispuso que todos los oficiales y soldados del ejército carlista se integraran en el ejército isabelino. Incluso se concedió pensión de viudedad a todas las viudas de ambos bandos. 

Otro tanto ocurrió con los levantamientos populares que dieron lugar a la Primera República, en la que se sustituyó el régimen monárquico por una estructuración de España basada en la federación libre de los territorios y que finalizó con la rendición del cantón de Murcia tras un feroz asedio a Cartagena. Después de destrozar la flota que se había sublevado contra el gobierno centralista, se bombardeó y destruyó las tres cuartas partes de la ciudad, con un saldo de cerca de veinte mil muertos. Los líderes, entre ellos el hoy héroe Antonete Gálvez, que huyeron a Orán, fueron amnistiados pocos meses después de la finalización de la contienda con motivo de la restauración de la monarquía por el general Martínez Campos. 

La sublevación militar contra la Segunda República también finalizó —bien es cierto que cuarenta años después— con una amnistía que aprobó el gobierno de Suárez sin que existiera previsión normativa en el Código Penal ni en la constitución que entonces, por cierto, no existía.   

El tercero de los obstáculos es la figura de Puigdemont que, curiosamente, ha resurgido; su prestigio se encontraba en horas bajas frente a la dignidad y coherencia que mostró Junqueras y el resto del gobierno independentista al dar la cara ante la justicia para reivindicar su derecho a luchar por la independencia. En esta persona se han concitado los odios tanto de las derechas como de las izquierdas, y tanto de Cataluña como del resto de España, que claman contra él como cabecilla de la insurrección que propugna el derrumbe y desaparición de España. Quienes lo conocen bien, sin embargo, opinan que se ha magnificado y demonizado su papel y que es menos responsable que Artur Mas y que otros muchos dirigentes, tanto de Convergencia como de Esquerra Republicana. Si la política fuera un juego, le ha tocado el comodín que le permite ganar la partida cuando estaba ya en la bancarrota.

Lo que sí es cierto es que la actitud altanera, desafiante, despreciativa, e incluso un tanto chulesca, enerva a muchas personas. Pero lo mismo ocurre con Junqueras y otros dirigentes independentistas. Una gran parte de la ciudadanía vivió con mucha preocupación, tristeza e impotencia el odio hacia el resto de los españoles que se fue inculcando durante años desde las instancias del poder autonómico que ostentaban, y que culminó con el desafío abierto al orden constitucional que estos líderes protagonizaron. También se fomentó el odio entre la ciudadanía no independentista contra Cataluña. Los episodios de la fase final del procés con las movilizaciones populares, las algaradas callejeras, los cortes de carreteras, la toma del aeropuerto, etc., permanecerán muchos años en la memoria colectiva. Curiosamente, estamos viviendo en los últimos días esta misma estrategia utilizada miméticamente por la extrema derecha. En ambos casos, los medios de comunicación y la utilización de las redes sociales tienen un protagonismo importante al retransmitir en directo estos episodios.

El ”ho tornarem a fer” junto con el “ni perdón ni olvido” que los partidos independentistas repiten constantemente, y las advertencias de la cólera con la que castigarán al candidato electo si se aparta un ápice de las contrapartidas que les ha prometido a cambio de sus votos, alimentan la reacción emocional de muchas personas, no solo las de que votaron a las derechas.

¿Cómo se va a amnistiar a quien no muestra ningún arrepentimiento? De hecho, la utilización por Pedro Sánchez de la razón del “perdón” para justificar el proyecto de ley de amnistía ha provocado la ira de los partidos separatistas catalanes. Es lógica esta reacción por cuanto en este aspecto existe un malentendido respecto a las condiciones de la amnistía: la sociedad española está imbuida mayoritariamente por la interiorización de lo que la Iglesia católica impone como requisitos para la “buena confesión”: el arrepentimiento y el “decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia”. 

La amnistía no es suplicar el perdón, es una medida esencialmente política dirigida a superar una etapa de enfrentamiento para propiciar la reinstauración de la convivencia cívica en la sociedad. En este caso, no se puede pedir que los beneficiados por la medida de gracia renuncien a sus convicciones, hagan confesión pública de su error, como exigía en otros tiempos la Inquisición, y soliciten humildemente la absolución por los actos ilegales cometidos. Se ha de tener en cuenta que las proclamas que lanzan ante la opinión pública esconden la inviabilidad de que se presenten a un electorado que los siguió con fe ciega, para decirles que lo sienten mucho, pero que estaban equivocados y no lo volverán a hacer.

La Constitución garantiza a todas las personas la libertad de pensamiento, la pluralidad en la forma de entender la vida, el derecho de publicitar sus ideas, y de asociarse en partidos políticos para promover el triunfo de sus ideales, estén o no equivocados. Cuando algunos claman para que se castigue con la prisión a Puigdemont por “separatista”, no son conscientes de que están vulnerando uno de los derechos fundamentales básicos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a discrepar incluso de los principios de la propia Constitución es indiscutible, tanto si se refiere a aspectos tan sensibles, como la organización territorial del estado, la estructura de la administración de justicia , la monarquía o cualquier otra, salvo el núcleo fundamental de los derechos y libertades de todas las personas: la integridad física y moral, la dignidad, la no discriminación por razones de sexo, etnia, procedencia, creencias o ideologías. 

Los carlistas, que luchaban por Dios, la Patria y el Rey, que fueron vencidos por Espartero no tuvieron que renunciar a su ideología para ser amnistiados, ni tampoco los federalistas derrotados por el general Martínez Campos al finalizar la Primera República tuvieron que abjurar de sus ideas y propósitos. Por cierto, mi paisano Antonete Gálvez intentó otras dos veces la reinstauración de la república. Tampoco para beneficiarse de la amnistía de 1977 tuvieron que renunciar a su ideología los socialistas, anarquistas, comunistas o republicanos que habían luchado en la guerra o en la clandestinidad. Ni tampoco quiénes habían dado soporte a la dictadura tuvieron que arrepentirse de sus actos, muchos de ellos tipificados en el código penal, como la tortura o el asesinato.

Por otra parte, la amnistía no garantiza que los independentistas catalanes que cometieron los delitos a los que se refiere el proyecto de ley no vuelvan a reiterar sus conductas. Si finalmente se aprueba por el parlamento el proyecto de ley y no es anulada por el TC, será una apuesta arriesgada, por cuanto esta medida no es más que una oportunidad para la concordia.

En el mundo tan polarizado en el que vivimos quisiera pensar que la mayoría social de esta España que ha sufrido tantos y tan trágicos episodios nacionales en su convulsa historia, aspira a que sus hijos y nietos puedan disfrutar de sus vidas en paz. En la nueva etapa que comienza se dilucida si se opta por continuar con la escalada de enfrentamientos en la que el país está instalado, o por trabajar para que, a pesar de la diversidad de los pueblos que coexisten en un mismo territorio, se imponga el respeto mutuo, se reconozcan recíprocamente las diferencias que confluyen en una sociedad plural y también se valoren las muchas cosas que se comparten. 

Las generaciones venideras, aún cuando quiénes hicieron la transición desaparezcan, merecen recibir un legado de paz y armonía. El futuro que les podemos ofrecer es un país abierto a todas las culturas que lo han conformado a lo largo de la historia, integrado en Europa y respetuoso con el pluralismo político e ideológico. Una España liberada de aquellos males que han traído tantas desgracias a muchas generaciones, es decir: las luchas de religión, la ambición y avaricia desmedida basada en la explotación del trabajo de otras personas , los nacionalismos excluyentes y la incapacidad para dialogar y consensuar los  nuevos conflictos que el devenir de los tiempos traerá consigo.