Argumentos contra las falacias sobre inmigración

El pasado día 8 de este mes de diciembre, en esta magnífica ventana que es CatalunyaPress, me publicaban un artículo con el título “Inmigrantes, ¿problema o solución?”. Pues bien, algunos lectores se han dirigido a mí para pedirme que, a ser posible, dé más datos sobre la cuestión para poderse hacer una idea lo más ajustada posible a la realidad. Así que, atendiendo la petición, me pongo a ello.

Según Frontex en 2023 llegaron a la UE de forma ilegal unos 380.000 inmigrantes, de los cuales alrededor de 58.000 lo hicieron a España, segundo país en recepción de foráneos después de Italia. Se calcula que unos 3.800 se quedaron por el camino y desde nuestro país se repatriaron casi 4.000 personas. 

Diversos estudios corroboran que los inmigrantes aportan a nuestro sistema de la Seguridad Social un 10% del total de los ingresos y generan el 1% de los gastos. Si tomamos en consideración la opinión de los expertos, con el envejecimiento creciente de la población, necesitaremos la entrada de 200.000 personas cada año para mantener ese sistema en condiciones similares a las actuales. Mientras que en Alemania precisan del doble de personas inmigradas que nosotros.

No obstante, hemos de admitir que en determinados sectores de la sociedad, la llegada de inmigrantes genera inquietud económica y miedo a que colapse nuestro Estado del bienestar. También existe el temor a que la llegada de mano de obra haga aumentar el desempleo y reduzca los salarios. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El impacto de la inmigración en el desempleo es muy bajo o nulo. Ciertamente puede repercutir cuando inmigrantes y autóctonos compiten por los mismos puestos, aunque lo más frecuente es que los inmigrantes, en particular los no cualificados, acepten tareas peor remuneradas, y eso posibilita que los locales pueda acceder a trabajos mejores y mejor pagados. 

Pero es que, además, los inmigrantes también consumen. El aumento de la demanda de bienes y servicios se traduce en un incremento de la necesidad de mano de obra que, a su vez, contribuye a evitar una disminución generalizada de los salarios. El mercado laboral no es un juego de suma cero, lo vimos, tiempo atrás, con la incorporación masiva de las mujeres.

En opinión del prestigioso economista estadounidense, Michael Clemens, si se eliminaran todas las barreras migratorias el PIB mundial subiría entre un 50% y un 150%. Pero quizás no haya que llegar tan lejos, bastaría con que tan solo el 7% de la población mundial emigre para incrementar un 10% la productividad global.

Si ponemos el foco en el potencial delictivo de los recién llegados, como apuntan los partidos de la derecha extrema, veremos que es falso. Según datos de 2022, la tasa de criminalidad española es de 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen), es decir, bastante inferior a la de países de nuestro entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.

Las razones que invoca la inmensa mayoría de esas personas para salir de sus países, dejar lo poco o nada que tienen y marchar, son las mismas que invocaríamos nosotros de vivir en las circunstancias que ellos lo hacen: buscar un lugar en paz done poder vivir, trabajar y poder forjar un futuro para ellos y, sobre todo, sus hijos. Frente a eso, los Estados utilizan los mismos argumentos que cualquier club o asociación: el derecho a decidir quién es miembro. No es un conflicto sencillo de dirimir. Quizás el primer paso sería clarificar si el que pone la valla tiene derecho a hacerlo porque lo que hay detrás es, verdaderamente o no, de su propiedad. 
Desde luego, es evidente que en las sociedades avanzadas hay muchas cosas que mejorar. Sobre todo en lo tiene que ver con el trato que damos a los que vienen de fuera.