Piden al Supremo estimar el recurso de Puigdemont para que se le amnistíe la malversación

La defensa del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado este lunes 10 de marzo que el Tribunal Supremo no tiene competencia para aplicar la ley de amnistía en su caso. 

Según su abogado, Gonzalo Boye, Puigdemont, como diputado del Parlament, considera que la aplicación de esta ley corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJ), y no al Supremo. Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han expresado su apoyo a la aplicación de la amnistía, que perdona una parte de los delitos relacionados con el Procés.

Este pronunciamiento se dio durante la vista pública en la que se presentaron los recursos de apelación contra la decisión del juez instructor del Procés, Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía a los procesados en rebeldía. La Sala de Apelaciones, compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, escuchó a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

La vista se produce después de que, en julio pasado, Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación que afecta a Puigdemont y a sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas presentaron un recurso que fue rechazado en septiembre, y finalmente han recurrido nuevamente esta decisión.

Boye defendió con firmeza que el Supremo no es el órgano competente, asegurando que "sin lugar a duda, tenemos razón". A su juicio, "la facultad y el deber de aplicar la ley corresponde al TSJC, ya que Puigdemont fue elegido diputado de Catalunya". El abogado añadió que no es necesario entrar en un debate extenso sobre la aplicación de la amnistía, y sugirió que se podría basar en el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, que respalda la aplicación de la ley.

En su intervención, Boye insistió en que cualquier decisión tomada por el Supremo en este caso implicaría una vulneración del juez predeterminado por la ley, ya que la competencia es del TSJC. En la misma línea, Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Lluís Puig, coincidió en que la competencia corresponde al TSJC y destacó que no aplicar la amnistía sería una decisión arbitraria e injusta.

Durante la vista, también intervino la defensa de Marta Rovira, quien se pronunció en contra del recurso presentado por Vox, que se opuso a que se considerara amnistiable el delito de desobediencia por el que está procesada. Su abogado, Íñigo Iruin, al igual que el de Puigdemont, sostuvo que el órgano judicial competente para juzgar su caso es el TSJC y no el Supremo, recordando que el propio instructor se declaró incompetente en el caso del delito de desobediencia.