Las consecuencias del acuerdo presupuestario PP - Vox en la Comunitat Valenciana

La negociación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana ha concluido con un acuerdo entre el Partido Popular y Vox que redefine algunas de las prioridades del gasto público. 

El pasado lunes 17 de marzo se conoció que el nuevo proyecto de cuentas públicas elimina subvenciones a ONG, reduce de manera significativa los fondos destinados a la cooperación internacional y suprime partidas vinculadas a políticas medioambientales y sostenibilidad.

Una de las medidas más destacadas del acuerdo es la reorientación del dinero previamente destinado a cooperación al desarrollo. El vicepresidente de la Generalitat y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha explicado que los fondos se destinarán ahora a lo que califican como la "reconstrucción" de la vida de los valencianos afectados por fenómenos climáticos como la DANA. También se contempla el apoyo a empresas valencianas que operan en el exterior. Solo si sobra presupuesto, ha señalado Garriga, se destinará a iniciativas para “contener la inmigración ilegal”.

En materia de inmigración, los nuevos presupuestos contemplan medidas específicas para determinar con precisión la edad de los menores migrantes no acompañados, incorporando pruebas con financiación asegurada. Asimismo, se han eliminado las líneas de apoyo a programas de acogida y otras iniciativas de integración que venían desarrollándose en los últimos años.

El acuerdo también contempla la eliminación de partidas vinculadas al desarrollo sostenible y la Agenda 2030, así como recortes en políticas lingüísticas, apoyo a sindicatos y otras organizaciones que el partido de Abascal considera "chiringuitos ideológicos". Según Garriga, el objetivo es destinar “cada euro disponible” a los valencianos “que han visto destrozadas sus vidas” tras los últimos temporales.

Presión de Vox y rectificación del PP

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado el acuerdo subrayando la necesidad de "romper con políticas fracasadas" como el Pacto Verde europeo y endurecer la respuesta frente a la inmigración irregular. La dirección nacional del PP ha calificado el pacto de “coherente” con los principios que defiende el partido en la Comunitat Valenciana.

Desde Vox celebran lo que consideran una rectificación pública por parte de Mazón, al asumir parte de sus exigencias para apoyar las cuentas. Ignacio Garriga ha reconocido que las conversaciones han sido “duras y arduas”, pero que el resultado supone un “cambio sustancial y significativo” en la orientación del gasto público.

A pesar de que el acuerdo no recoge todas las demandas de Vox, el partido considera que su influencia ha sido determinante para marcar un nuevo rumbo. Garriga ha resaltado que el pacto demuestra cómo Vox es capaz de “condicionar” la política autonómica cuando tiene fuerza suficiente.

Repercusiones y horizonte político

Preguntado por el impacto político del acuerdo y si supone un alivio para Mazón, cuyo liderazgo ha sido cuestionado por la gestión de la crisis de la DANA, Garriga ha evitado entrar en valoraciones personales. Ha insistido en que el objetivo es “dar un balón de oxígeno” a los valencianos y no intervenir en debates sobre el futuro del presidente autonómico.

En cuanto a su participación en el gobierno, Vox afirma no tener interés en regresar al Ejecutivo valenciano. “Lo que nos importa son los presupuestos y que se apliquen políticas que cambien las cosas de verdad”, ha zanjado Garriga.

Desde la dirección nacional de Vox confían en que el acuerdo de la Comunitat Valenciana marque el camino para otros territorios. Garriga ha asegurado que están dispuestos a negociar presupuestos en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Murcia y Baleares, siempre que el PP abandone lo que consideran “políticas verdes” y el fomento de la inmigración ilegal.

Aunque por ahora no hay certeza de que otros gobiernos autonómicos sigan el ejemplo valenciano, desde Vox reconocen que el desgaste político de Mazón ha podido ser clave para su decisión.