Catalunya, epicentro de la okupación en España: récord de investigados y detenidos en 2024

Según los últimos datos públicos, en 2024 se registró un récord de personas investigadas y detenidas por okupación en todo el país, alcanzando las 11.133. De esta cantidad, 8.039 corresponden a Catalunya, lo que representa el 72,2% del total de los casos a nivel nacional.

Este incremento ha generado preocupación entre propietarios, vecinos y autoridades, convirtiéndose en un problema social de gran magnitud. El aumento en las ocupaciones ha derivado en un crecimiento exponencial de las denuncias y procedimientos judiciales, con un impacto significativo en el sistema legal y la convivencia en diversas zonas del territorio catalán.

Barcelona, ​​epicentro de la okupación en España

Dentro de Catalunya, la provincia de Barcelona se ha consolidado como la más afectada, concentrándose más de la mitad de los casos en la comunidad. En 2024, la cifra de okupaciones en la provincia ascendió a 5.686, lo que la sitúa como la región con mayor número de viviendas ocupadas en toda España.

Las provincias de Girona y Tarragona también presentan un número elevado de casos. En Girona se contabilizaron 1.131 episodios de okupación durante el año, mientras que en Tarragona la cifra alcanzó los 936. Estos datos reflejan una tendencia preocupante en Catalunya, donde el fenómeno se ha expandido en los últimos años y ha generado un clima de incertidumbre entre los propietarios de viviendas.

Aumento de las demandas judiciales por okupación

El crecimiento de la okupación ha tenido un impacto directo en el sistema judicial. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de demandas presentadas por ocupación ilegal de viviendas ha experimentado un aumento sin precedentes. Solo en el tercer trimestre de 2024, se registró un incremento del 55% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Catalunya, una vez más, encabeza estas cifras, con un aumento del 173% en las demandas judiciales. En solo tres meses, los juzgados catalanes recibieron 123 nuevas demandas por okupación, lo que evidencia el crecimiento acelerado de este fenómeno en la comunidad.

A nivel nacional, Catalunya representa cerca del 20% del total de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal, consolidándose como el territorio con mayor número de litigios por este motivo. Este contexto ha provocado un colapso en los tribunales, que deben lidiar con un volumen creciente de casos y con la dificultad de ejecutar desalojos de manera rápida y efectiva.

Preocupación social y debate político

El auge de la okupación ha reavivado el debate político en Catalunya y en toda España. Mientras que algunos sectores defienden el derecho a la vivienda y denuncian la falta de alternativas habitacionales para muchas familias en situación de vulnerabilidad, otros exigen más medidas contundentes para proteger a los propietarios y evitar que la ocupación ilegal siga proliferando.

Las asociaciones de vecinos y plataformas de afectados han manifestado su preocupación por la inseguridad que generan algunos casos de okupación, especialmente en comunidades donde la presencia de mafias organizadas ha disparado los conflictos. En algunos barrios de Barcelona, ​​como Nou Barris o el Raval, los residentes han denunciado la presencia de grupos que se dedican a la ocupación de viviendas con fines lucrativos, realquilando los inmuebles de manera ilegal o utilizándolos para actividades delictivas.

Por su parte, las administraciones públicas buscan soluciones para abordar este fenómeno sin vulnerar derechos fundamentales. Algunas iniciativas incluyen la agilización de los desalojos en casos de ocupación conflictiva, la revisión de la legislación para soportar las penas contra las mafias que lucran con viviendas ocupadas y la promoción de políticas de acceso a la vivienda para reducir la necesidad de recurrir a la okupación como única alternativa habitacional.

Un problema sin una solución inmediata

La okupación en Cataluña se ha convertido en un problema de difícil solución. Mientras que los propietarios reclaman mayor protección jurídica y rapidez en los desalojos, las organizaciones sociales insisten en que la raíz del problema radica en la falta de vivienda asequible y en las dificultades económicas que enfrentan millas de familias para acceder a un hogar digno.

En este contexto, el reto para las autoridades es encontrar un equilibrio entre la protección del derecho a la propiedad y la necesidad de garantizar una solución habitacional para quienes se encuentran en situaciones de exclusión. La evolución de este fenómeno en los próximos años dependerá en gran medida de las políticas que se adopten para regular y mitigar los efectos de la okupación.