La Corte Internacional de Justicia ante un reto ético

La larga disputa entre Venezuela y Guyana se complica aún más. En estos momentos estamos ante una nueva situación, llámese un nuevo reto. Ciertamente, el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre los dos países le otorgó al Secretario General de las Naciones Unidas la responsabilidad de ayudar a encontrar un medio de solución pacífica entre los estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Establecía, igualmente, que si el medio propuesto no logra una solución podrá colaborar en la búsqueda de otro mecanismo.

Por su parte, el ex Secretario General Ban Ki-moon le había informado a ambas partes un esquema con los pasos que consideraría seguirse para la resolución del conflicto. Recalcó que el proceso de los buenos oficios que se inició en 1990 se continuaría solo hasta finales de 2017, en el entendido de que si no se alcanzaba un acuerdo su sucesor escogería la Corte Internacional de Justicia, a menos que los países en disputa la rechazaran.

La diplomacia venezolana no disputó esta opción bajo el argumento de que para la Corte Internacional de Justicia constituirse en parte de un proceso, cualquier Estado parte de un litigio debe expresar su consentimiento, aceptar su jurisdicción.

Llegó el momento, no se alcanzó un acuerdo y el Secretario General procede según lo acordado. Guyana lo recibe con complacencia. El  Ex Presidente de Guyana, General (r) David Granger, logró un objetivo porque ha sido este precisamente el país interesado en que la disputa llegara a la Corte Internacional de Justicia, en donde según entendían encontrarían suficiente comprensión para su causa, tanto por las razones históricas que no eran de su competencia, pues no existía como nación independiente, como por la cantidad de pronunciamientos y errores de Venezuela en estos últimos años que pudieran eventualmente ser usados en la Corte contra las tesis venezolanas, fundamentadas técnicamente  en un arbitraje írrito y viciado, como bien se ha demostrado.

Venezuela desde el Acuerdo en Ginebra no había tenido interés en otro mecanismo que no sea el de la negociación con miras a una solución pacífica y de mutuo beneficio para las partes.. Nuestra reclamación no se basa en supuestos , ni en una aspiración que se fundo en la debilidad de origen del nacimiento Guyana sino el cruda realidad de que fuimos victimas de un despojo.

Nuestra política exterior trabajo con el criterio de que Venezuela y Guyana tenían grandes opciones para complementarse e integrarse. De allí nacieron importantes acuerdos de cooperación y de integración. Nunca se dejo de  poner en duda era nuestra legitima aspiración hacia la solución de ese conflicto que  es vital para el futuro de la nación.

Sin duda, nuestra diplomacia se descuidó en estos últimos años y es responsable al no prever que esta opción estaba vigente y en uno de los peores momentos de la historia republicana para someterse a un arbitraje internacional. 

Por otra parte, el Secretario General, en conocimiento de la crisis que atraviesa el país, debió proponer un waiver o congelar cualquier decisión mientras la crisis nacional persista. El país está en desventaja por la dimensión de la controversia interna y su capacidad de maniobra internacional.

En ese sentido , en aquel momento (2019)  el Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales (COVRI) afirmaba: “Observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, atraviesa una severa crisis humanitaria”. Recuerda que Guyana reconoce la crisis al ser signataria de la Declaración Grupo de Lima acordada el 23 de enero de 2018. Aseguran que estamos ante una clara falta de competencias del secretario general de la ONU para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia, y recuerda que Venezuela históricamente no ha reconocido su jurisdicción.

Hoy estamos ante otra situación.  El caso esta en la Corte y procedimiento esta en marcha. En términos simples el juicio comenzó. Así el Gobierno quiera resaltar la ultima decisión por unanimidad de los  magistrados de la CIJ irresponsablemente como un triunfo,  que si bien   no es cierto, tampoco es señal inequívoca de que lo que viene al final es peor. Aun tenemos opciones, siempre y cuando los argumentos de facto sean bien presentados, se haga un esfuerzo para demostrar el despojo a que fue sometida Venezuela y la importancia del Sistema Internacional de Justicia de no negarla cuando se puede comprobar que la actuación del Reino Unido y de los jueces en es e momento fue imparcial. Esta no es solo una reivindicación  política  o jurídica, es fundamentalmente Ética y al  propio Sistema se le esta presentado  una oportunidad para que se rectifique una situación injusta e irrita. 

Quien saldría fortalecida es el Sistema de justicia si es capaz de reparar y reconocer la arbitrariedad a la que fue sometida Venezuela .minimizada en aquel momento ante la fuerza y capacidades del imperio británico. Las cortes se pueden equivocar ,por ello existe la opción de instancias. Los tiempos para rectificar no tienen caducidad. 

En esta oportunidad nuestra diplomacia está tan débil como estuvo en los tiempos del Laudo Arbitral. Ha cometido errores en el manejo de la disputa, pero ante la coyuntura compleja, ojalá que el gobierno entienda la dimensión de esta situación y actúe en nuestra defensa con visión de Estado y responsabilidad histórica. Se trata de defendernos jurídicamente con firmeza y sobriedad. El chovinismo no tiene cabida ante una situación que requiere precisión y capacidad jurídica, histórica y no simplemente emocional. 

Este es un tema que debe quedar excluido de la diatriba nacional, todo el país debería estar consciente de las implicaciones de este hecho y el gobierno  debe enfrentar este realidad a la que estamos ya sumergidos sin excluir a sus mejores expertos, diplomáticos, historiadores y especialistas internacionales , para levantar un expediente lo suficientemente solido  para convencer  a los jueces de la Corte Internacional de Justicia que su decisión debe reconocer el despojo injusto que es centro del  litigio y pronunciar la invalidez del laudo de 1899 que a todas luces fue una ofrenda contra la Venezuela de esa época.  Complejo si, imposible no.