El gobierno de Suiza analizará la euroorden contra Rovira pero dice que no extradita por delitos políticos

 

Marta Rovira en la puerta del Tribunal Supremo el passsat de febrero (CCMA)

El gobierno suizo ha reiterado hoy que la Confederación Suiza, como la mayoría de otros países, no concede la extradición por "delitos políticos", pero recalcó que una orden internacional para detener la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que este viernes se fue a Suiza, sería analizada "en profundidad".

"Como en el caso Gabriel, se aplica a todos los demás políticos catalanes que vienen a Suiza el principio de que este país, al igual que la mayoría de los otros estados, no concede extradición por delitos políticos", ha dicho a la agencia Efe el portavoz del departamento federal de Justicia, Folco Galli.

El portavoz no pudo confirmar que Suiza haya recibido la orden internacional de detención dictada este viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra Rovira, a la que atribuye un papel "esencial" en la coordinación del proceso independentista catalán ya la que procesa por presunta rebeldelión.

"Como las órdenes internacionales de detención son confidenciales y están sujetos al secreto profesional, el departamento de Justicia no puede confirmar la recepción de una eventual solicitud" por parte de España, dijo Galli.

En todo caso, ha dicho el portavoz, el departamento de Justicia suizo "debería analizar en profundidad la motivación de una eventual solicitud internacional de detención y aclarar todo si las actuaciones de las que se acusa a las personas afectadas constituyen delitos políticos".

El gobierno suizo ya había dejado claro en las últimas semanas que no extradita personas por presuntos "delitos políticos", aunque el delito del que se les acuse existiera en el Código Penal.

Lo hizo respecto al ex dirigente de la CUP Anna Gabriel, que huyó el mes pasado de la justicia española en Ginebra y para quien la fiscalía había pedido una orden internacional de detención.

El juez Llarena no la dictó finalmente, sino que se limitó a una orden de detención nacional.

Tampoco activó este viernes una orden internacional de detención contra Gabriel, a la que procesa finalmente por el presunto delito de desobediencia y no por rebeldelión.

El gobierno suizo también indicó el día 15 -ante la petición de la fiscalía española al ministerio de Interior que consultara en Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar al ex presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont y la exconsellera Meritxell Serret con motivo de su viaje a Ginebra- que "no había base" para hacerlo.

En Suiza son considerados delitos políticos únicamente los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables, como un secuestro de un avión o una toma de rehenes.

El único comparable con el delito de rebelión del que se acusa Rovira en el Código Penal suizo es el artículo 265, sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año "para quien que cometa actos tendentes" a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

Lo mismo se aplica para los que "derriben por la violencia las autoridades políticas instituidas por la Constitución o los impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio de la Confederación Suiza o una parte del territorio cantonal de una cantón".