La chapuza de la ATLL la pagará el primo Sánchez

Este es el país donde nadie es culpable de sus actos: la culpa siempre es de otro. Los desaguisados, meteduras de pata, “errores” que cuestan millones a las arcas públicas -es decir, dinero de todos los ciudadanos- no tienen culpables. Todos se lavan las manos, no hay responsabilidades políticas. Se pasa página y mañana será otro día porque la gente se olvida pronto de estos temas. ¿Dónde está la ética, la transparencia y la rendición de cuentas que marca el código ético de los gobiernos? En Catalunya, como en España, nadie dimite, ni asume sus responsabilidades.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicado que el gobierno ha aprobado el Decreto Ley para la creación de la nueva empresa pública que gestionará la ATLL.

La nueva empresa se ha creado después de las anulaciones por parte de los tribunales del concurso de adjudicación la gestión de la ATLL a un consorcio donde la mayoría estaba en manos de ACCIONA... en un concurso polémico que ha estado en todo momento bajo sospecha. Tanto es así que el Órgano de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), dependiente de Presidencia de la Generalitat, resolvió que debía excluirse al consorcio ganador porque su oferta no respetaba el pliego de condiciones. Tal decisión le costó su puesto al director de la oficina. Había demasiadas cosas en juego.

El consorcio estaba formado por: Acciona con el 51%, el banco brasileño BTG Pactual (39%), la familia Godia (5%) y la familia Rodés (también con un 5%).

Tres años después de la concesión, el responsable máximo de BTG Pactual, Andrés Esteve, fue encarcelado acusado de sobornos. Vendió sus acciones a la empresa española, que aumentó su porcentaje en el consorcio de gestión.

En el 2015, ACCIONA tuvo que refinanciar la deuda de la empresa para que fuera viable, después del informe de Deloitte en el que ponía de manifiesto una situación de liquidez negativa que generaba dudas. Ese mismo año, la CGT presentaba en la Oficina Antifraude una documentación en la que denunciaba contratos, presuntamente fraudulentos de ATLL a dos empresas filiales de ACCIONA: Empresa Operadora ATLL y Acciona Agua por un valor de 7,5 millones de euros. 

Los contratos fueron ilegales porque no tenían la autorización administrativa necesaria. En el Consejo de la ATLL había un representante de la Generalitat... La documentación aportada por el sindicato fue remitida a la Fiscalía.

En todo este largo proceso se han pasado no pocas vicisitudes, hasta llegar a la situación actual. Pero las cosas no terminan ahí; ACCIONA debe ser indemnizada por la Generalitat, que no está muy dispuesta a soltar los dineros que no tienen.

Según el conseller Calvet, se ha creado la Comisión de liquidación, que la forman representantes de Presidencia, Economía y Territorio. Ellos serán los encargados de decidir la indemnización que le toca a la empresa madrileña.

¿Cuánto? No ha querido decir cifra cuando le hemos preguntado por el tema. Tampoco ha sido muy explícito cuando le hemos preguntado por el desequilibrio presupuestario que supone los 1.000 millones de euros que ACCIONA pagó a las maltrechas arcas del gobierno de Más. 

Con toda la tranquilidad del mundo, Calvet ha dicho que están mirando para que sea el Gobierno de España quien asuma el tema. 

O sea, que el primo Sánchez va a tener que pagar el desaguisado del desastre económico de Mas, y Mas-Colell. No van a pedir responsabilidades políticas, porque los autores ya no están en el gobierno. Al final, 1.000 millones no es nada, porque lo pagan todos los contribuyentes y no salen de sus bolsillos. De lo que se trata es de taparse unos a los otros. “Hoy por ti, mañana por mí”. Esas deben ser las cosas del ‘proces’.

Ahora, como dice el conseller, la creación de la empresa pública que gestionará la ATLL es la primera gran estructura de Estado de la República. ¿Será la de Ikea?

Al final, la chapuza la terminará pagando el primo Sánchez, que estará encantado de hacerlo.