Código del Buen Gobierno

Si los países cumplieran en algún porcentaje importante los compromisos que adquieren por la vía del multilateralismo, sin duda estaríamos frente a un mundo mejor. Sería un interesante ejercicio pasar revista a los múltiples convenios, vinculantes o no , que nuestros gobiernos asumen y revisar el debido cumplimiento. Seguramente la decepción sería grande.

En días pasados me tropecé con un acuerdo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) cuya sede esta precisamente en Caracas, bajo el titulo código iberoamericano de buen gobierno y que fue firmado por Venezuela (2006). Por coincidencias de la vida, no solo me intereso el documento por esa obstinación que tengo en las venas de destetar todo aquello que lleve la impronta de la corrupción en el sector publico de nuestros países, sino que tuve la oportunidad de conocer a quien sembró la primera semilla de ese documento intergubernamental. Se trata del español Francisco Javier Velázquez López quien después de años de haber participado en la creación de este “manual” de buena conducta, lleno de aspiraciones y mandatos, termino siendo el Secretario del mismo organismo responsable de tan importante acuerdo.

Pues bien, me hizo recordar que el multilaterismo lleno de virtudes y hoy amenazado, me dio la oportunidad de también sembrar una semilla con una simple idea que otros la asumieron con entusiasmo por allá en la década de los noventa, en los tiempos que servía en Ginebra y especialmente en la Organización Mundial del Comercio. Se trato de la creación del Centro de Asesoría Legal para los países en Desarrollo y que hoy es una organización internacional con sede en Ginebra y que recientemente cumplió 15 años de creada. Lo cierto, es que el la comunidad internacional ha creado a lo largo de la historia miles de maravillosos documentos, acuerdos, pactos y códigos para la actuación internacional que destacan a los firmantes mas no necesariamente a los inspiradores. Es esta nota entonces una oportunidad para reconocer a D. Francisco Velázquez por ese aporte así como una oportunidad de recordar el valor de un acuerdo que si se cumpliese como mencione en líneas anteriores, tendríamos sectores públicos mas trasparentes y consecuentes con la causa de servir a sus connacionales.

En este código acordaron considerar inaceptable los Gobierno que amparen y faciliten la corrupción, que dificulten el escrutinio público sobre su toma de decisiones, que no tome en cuenta las necesidades de sus ciudadanos y que no rindan cuentas. Aplicable a los Presidentes de República, Vicepresidentes, Presidentes de Gobierno o de Consejo de Ministros, Primeros Ministros, Jefes de gabinete de ministros y en general a todos los altos cargos del Poder Ejecutivo.

Acordaron que los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno son el respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana. La búsqueda permanente del interés general. La aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social. Objetividad, tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente son parte de los valores que guiaran al buen gobierno.

Por otra parte, presenta una serie de reglas vinculadas a la naturaleza democrática, que quiero ofrecerle a los amigos lectores para dejar testimonio de las llamadas de atención están allí y muchos gobiernos irresponsablemente las aceptan y luego no las cumplen o ponen en practica si son incomodas para ejercer el poder con arbitrariedad. Aunque son extensas solo dejo algunas que me son cómodas para confirmar que por lo menos en mi país están lejos de ser cumplidas como parte de la actuación y ejercicio del poder publico.

En las reglas vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno establecen que, por ejemplo, el poder ejecutivo promoverá, reconocerá y protegerá los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos y los pueblos, evitando toda actuación que pueda producir discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana. Impulsará y garantizará el debate político con transparencia y los mecanismos de información y participación.

Se someterá a la ley y al Derecho, y promoverá y respetará la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, colaborando activamente en sus actividades investigadoras. Procurará que, en los casos en que corresponda, y en el ámbito de sus competencias, las Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales sean ocupados por juristas de reconocida trayectoria, honestidad probada e independencia acreditada. Respetará la independencia y asegurará los medios materiales, personales e informativos necesarios para que los tribunales y órganos electorales desempeñen eficaz e imparcialmente su función. Asegurará la imparcialidad y objetividad de las actuaciones públicas y la profesionalidad de los empleados públicos, combatiendo, entre otras, las prácticas clientelares, nepotistas y patrimonialistas.

Los miembros del Poder Ejecutivo evitarán el uso abusivo del poder, en especial los privilegios informativos, reguladores y competenciales para perseguir a personas, instituciones o empresas que actúen en el marco de la legalidad.

Se abstendrán de toda actividad privada que pueda constituir un conflicto de intereses con su cargo público, entendiéndose que existe conflicto cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que real o aparentemente, de acuerdo a criterios razonables, confluyan a la vez, o puedan confluir en el futuro, intereses de supuesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas. Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio, personal o familiar, en condiciones

ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones.

La lista es larga y abarca principios fundamentales que si los gobiernos lo aplicaran en general tendríamos mucha menos corrupción de estado que la que recorre las venas de esta región . Puedo concluir, que en los tiempos de mas retorica sobre la espada de bolívar que recorre América Latina en países como Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela hemos visto escándalos vergonzantes como lo ocurrido con la empresa Odebretch. Es lamentable que documentos de esta naturaleza no se recuerden permanentemente y sean la cartilla de actuación de los funcionarios públicos de tantos gobiernos de la región que se alejan de la ética y las mejores practicas de gobierno.