Comienzan a evidenciarse las consecuencias del Brexit y sus ventajas para aquellos capitalistas refractarios a las reglamentaciones europeas. Muchas de las argumentaciones políticas de los partidarios del abandono del Reino Unido de la Unión Europea se han basado en la prevalencia democrática nacional. Se acusaba a la UE de injerencia en asuntos que correspondían al ámbito estatal británica. Nigel Farage y sus secuaces denunciaron insistentemente la intromisión de Bruselas en la vida de los británicos mediante leyes, reglamentos y normativas que no habían sido aprobadas directamente por los ciudadanos británicos. Se calificaba a los decisores públicos de las instituciones europeas como una eurocracia cuasi dictatorial que trataba asuntos sin contar con la aprobación suprema del Parlamento del Reino Unido.
La falacia argumental de los antieuropeístas se completaba con la aseveración de que fuera de la UE los británicos ejercerían democráticamente su derecho a decidir. En los últimos tiempos tal cantinela se ha empleado, mutatis mutandi, por otros populistas al alza electoral en Europa, sobre todo en los que hace a los asuntos de la migración y la acogida de refugiados (menciónese, como botón de muestra, los casos del húngaro Orbán y el italiano Salvini). Las aseveraciones de que la UE no es democrática es un sofisma utilizado sin pudor por los enemigos de la Europa unida. A tal fin emplean descaradamente las conocidas como ‘noticias falsas’ (fake news) con la finalidad de hacer verídicas mentiras repetidas mil veces.
El asunto del fracking, o fractura hidráulica, en el Reino Unido ilustra como la ausencia de leyes de salvaguardia, no sólo del interés general sino de los ámbitos locales y regionales, es reveladora del ventajismo y del enriquecimiento de algunos empresarios poco amigables con el medio ambiente. Como se sabe, el fracking es una técnica no convencional de explotación de hidrocarburos que se encuentran ‘atrapados’ en el subsuelo, principalmente gas natural, entre capas de pizarra. A tal fin suele inyectarse a una enorme presión agua, arena y diversos productos químicos a través de pozos de esquisto para fracturar la roca madre en la que están los hidrocarburos alojados, a unos dos kilómetros de profundidad, y poder así extraerlos. Ni que decir tiene que sus efectos pueden ser deletéreos para el medio ambiente, y sus perjuicios también económicos pueden afectar considerablemente al valor patrimonial y de las viviendas radicadas en las cercanías de los lugares de extracción.
Hace unos días se ha hecho pública la lista de las personas más ricas en el Reino Unido. Cabría suponer que la hubiese encabezado algún ‘tiburón’ de las finanzas o un empresario de éxito en el vertiginoso mundo de las tecnologías de la comunicación. Pues no. Se trata de Jim Ratcliffe, un multimillonario cuyos negocios en la fractura hidráulica y otras aplicaciones químicas le han reportado unas ganancias que han elevado su fortuna personal hasta los 21 mil millones de libras esterlinas. Su empresa petroquímica Ineos, puntera en las actividades del fracking, ha incrementado exponencialmente su valor mercantil.
Ratcliffe posee el 60% de Ineos, la cual emplea a más de 18 mil trabajadores, y forma parte del exclusivo club de los 1000 millonarios británico cuyas fortunas suman 724 billones de libras, cantidad equivalente --sólo a efectos comparativos para una mejor comprensión de nuestros lectores-- a siete veces el coste anual de las pensiones en España. Buena parte de estos superricos han abrazado la causa del Brexit y esperan que la City londinense mantenga su posición de liderazgo financiero según el modelo de la globalización anglo-norteamericana. Una globalización en la que la UE es un invitado incómodo por su legítimo y democrático empeño regulador y fiscalizador.
Recuérdese que el 2 de febrero de 2016, apenas un día antes de que Castilla y León se convirtiera en la única comunidad autónoma española que no había legislado para impedir el fracking, el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría transversal e interpartidaria una resolución para que los países miembros de la UE no lo aceptasen en sus territorios. Resta por incorporar tal resolución a los ordenamientos jurídico de los estados miembros, algunos de cuyos gobiernos, como es el caso del Reino Unido, no se oponen al fracking. Sucede, sin embargo, que la movilización política y social de oposición en Escocia hace previsible que el parlamento escocés tome una decisión en contra el próximo mes de octubre. Todo parece indicar que la Ineos de Ratcliffe deberá seguir aprovechándose de la permisividad el gobierno central británico actuando mayormente en parajes ingleses.
Existen, cuando menos, cuatro eslabones en la gobernanza multinivel europea que deben tener voz y voto en la prohibición del fracking: local, regional, estatal y continental. Todos deben intervenir en la regulación de las prácticas de fractura hidráulica de acuerdo al principio de subsidiariedad territorial, uno de los pilares fundamentales de la construcción política europea, junto a la rendición de cuentas democrática. Con carácter general, el principio de subsidiariedad establece que las decisiones europeas se tomen transnacionalmente sólo si los niveles estatal, regional y local no están en mejores condiciones para realizarlo. En otras palabras, el ámbito preferido para los procesos de toma de decisión pública debe ser el más próximo al ciudadano. De manera creciente asistimos a una mayor interdependencia en la puesta en común y, sobre todo, en la articulación de decisiones que afectan a todos los niveles de la gobernanza. Ninguno de ellos debería erigirse como ‘soberano’ o exclusivo a la hora de confrontar soluciones que afectan gravemente a toda la ciudadanía.
A día de hoy, faltan instrumentos de comprensión populares sobre qué hacer en la práctica para contribuir a disminuir el cambio climático que parece conducirnos inexorablemente al desastre planetario. Una vez alcanzado su nivel más elevado, la profusión de los GEI --Gases de Efecto Invernadero y, en particular, el metano--, unido a la generalización de las prácticas de la fractura hidráulica (fracking), el cambio climático puede producir un impacto incontrolable de alto riesgo para la continuidad de la vida en la Tierra. A nivel local, por ejemplo, el fracking ya causa mayores niveles de contaminación y envenenamiento ambiental. En el entretiempo, hombres de negocios alérgicos al interés general demuestran su habilidad en el incremento de su peculio personal al margen de una reglamentación efectiva europea. Simplemente no la quieren para continuar fracturando mejor no solo el subsuelo continental sino la propia Europa unida.
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