Rebeldes con causa

Por imperio de la naturaleza, pocos recordarán aquella obra de Nicholas Ray con el título de 'Rebelde sin causa', con protagonistas malogrados prematuramente: James Dean y Nathalie Wood.

Hace meses hemos escuchado y leído reiteradamente la calificación de rebeldes a los dirigentes soberanistas catalanes procesados. O sea que estos sí tienen causa. Y no por convencimiento de que tuvieran toda la razón en el intento independentista ni faltos de graves errores en las acciones concretas para lograrlo, como tampoco han sido los gobiernos españoles, especialmente del PP en la última década.

Estos son supuestos rebeldes con causa, en tanto que están encausados. Aunque cada vez son más las voces de prestigio que rechazan las calificaciones de rebelión y de sedición que la fiscalía del Estado y el juez Llarena empeñan en mantener, por ahora, para la hora del juicio que parece tener poco de final, con los anunciados recursos al Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo, donde podría culminar el ridículo continuado de la judicatura estatal, con precedentes de condenas en esa instancia europea por falta de respeto a derechos humanos.

Tribunales de la República Federal Alemana, de Suiza, de Bélgica y de Escocia ya manifestaron que no procedían las extradiciones de los refugiados en estos países, porque no encontraban aplicables las figuras penales argumentadas para reclamarles. Y el magistrado instructor ha renunciado a las demandas correspondientes de repatriación, a fin de mantener la posibilidad de aplicarlos, una vez devueltos, las penas máximas.

Con el paso del tiempo, cada vez más juristas españoles, y más políticos y expolíticos han declarado públicamente (muchos más lo han hecho y lo hacen en privado) que en las actuaciones de los gobernantes de la Generalitat y de los Jordis, presidentes de entidades cívicas, no hay ningún levantamiento armado como para que los puedan considerar rebeldes o sediciosos en términos legales.

Por si faltaba alguien, el expresidente del Supremo, del Constitucional y del Consejo Superior del Poder Judicial, Pascual Sala, comparecía en la radio para insistir en que, como mucho, Puigdemont, Junqueras y el resto podrían ser acusados con indicios razonables de desobediencia, desórdenes públicos y malversación. Aunque de esta última figura parecía salvarles el mismo exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aseguró públicamente que de la Generalitat no se invirtió "ni un euro" público para financiar el 1-O.

Con esta opinión generalizada se hace aún más difícil y justificar el encarcelamiento preventivo, algunos ya con un año completo, los encausados que no huyeron a tiempo.

Incluso en el Andorra de gobierno prudente y neutral por lógica diplomática, el Defensor del ciudadano (equivalente al Defensor universitario y el Defensor del pueblo) respondía en una entrevista que la cuestión catalana "no es sólo un asunto político, sino también de derechos humanos. Y no añadiré ni una palabra más".

La historia recuerda que, en un ejercicio de cinismo absoluto, los consejos de guerra sumarísimos del franquismo condenaron y hacer fusilar, por "rebelión armada" miles de militares y políticos fieles al gobierno legítimo de la República, presidente Companys incluido.

Después de tanto ridículo internacional de la judicatura española -y de los papelones los ministros de Exteriores, también de Borrell, sólo faltaba en la cumbre de la judicatura española la "reconsideración" de la sentencia sobre la carga de los impuestos a los trámites de las hipotecas, medida frontalmente criticada por otros exaltos cargos del ámbito judicial y por la propia ministra de Defensa y exmagistrada Margarita Robles.

Hace ya bastante de años para que también lo recuerdan pocos, el exalcalde andalucista de Jerez Pedro Pacheco ya dijo que, en España, "la justicia es un cachondeo", y salió bastante bien de las querellas. Seguramente mejor que si lo hubiera dicho ahora, al ver las condenas a prisión por letras de supuestas canciones.