A finales de los años ochenta del siglo pasado, a las a caballo de la negociación del Estatuto vasco, las dos artes hacían concesiones finales, bien celebradas por los beneficiados. Entre estas fue calificada por la comisión de Euskadi como "segundo concierto económico", ni más ni menos que la concesión a la nueva Comunidad autónoma del régimen de la Seguridad Social.
Entonces se calculaba que la administración de la Caja propia supondría un suplemento financiero para Euskadi de 30.000 mlions de pesetas. Sin embargo, y durante décadas, las administraciones centrales sucesivas manteros que la "caja única" estatal en esta materia no se podía repartir.
El Estatuto, también llamado de Gernika, incluye cláusulas únicas dentro del sistema autonómico vigente. A modo de ejemplo, el texto reconoce en exclusiva la competencia de creación, reglamentación y uso de la radio y la televisión propias, y no el derecho a las concesiones que han hecho posibles de otros entes audiovisuales autonómicos, incluido el catalán.
Aunque es más significativa la disposición final, que reserva a los vascos el derecho de promulgar cualquier otra relación con el Estado -o falta de ella- que le pueda pertenecer "en virtud de la Historia".
Otra circunstancia repetida es la (buena) relación histórica y secular entre el nacionalismo predominante (PNV) y un partido socialista que ha sido la segunda (alguna vez primera, excepcionalmente) fuerza política que ha sido el socialismo democrático. En los primeros comicios de la transición, los dos partidos ya casi centenarios comparecieron coaligados en el "Frente autonómico" que "barrer" en votos y en escaños.
Más recientemente, nacionalistas y socialdemócratas han formado gobiernos de coalición, incluido el actual, al amparo de una amplia mayoría absoluta en el parlamento de Vitoria-Gasteiz. Y esta alianza se ha venido consolidando con el apoyo "peneuvista" a Laeser varias iniciativas legislativas estatales del PSOE, comenzando por la moción de censura a Rajoy que hizo presidente del gobierno a Pedro Sánchez, o la ya anunciada a los presupuestos generales Estado.
Las contrapartidas no han sido escasas, las ya aplicadas y las promesas para el futuro inmediato. En marzo sería el traspaso en Euskadi la competencia en instituciones penitenciarias, ahora que ETA ya no existe y que el Gobierno vasco ya no teme ejercer de carcelarias de compatriotas ni España de beneficios unilaterales y extraordinarios para los ex terroristas.
La más significativa, sin embargo, y la que hasta ahora parecía imposible, es el traspaso de la Seguridad Social, que ya tiene LADAT asignada del 2022. Un precedente ha sido la cesión a Euskadi el administración del "ingreso mínimo de supervivencia. Y la nueva Caja -segregada y privativa, cuando lo sea- alcanzará una cifra global de 9.000 millones, ahora de euros, que son muchos más que aquellos 30.000 de pesetas.
En definitiva, por la vía de los pactos, que antes parecía patrimonio exclusión de los catalanes, los vascos hacen vía en el camino que los acerca cada vez más a la independencia económica
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