​Se repite lo de Banca Catalana

Manuel Fernando González Iglesias

Luis Maru00eda Du00edez Picazo

El voto de Díez Picazo fue determinante para que el impuesto de hipotecas lo paguen los ciudadanos / EP


Hoy es uno de esos días en los que uno tiene la obligación de ser periodista por encima de cualquier otra cosa. Hay que mojarse. Lo que ha pasado con el pleno del Tribunal Supremo ha escandalizado tanto a la gente que a nadie se le escapa que si la indignación tuviera efectos secundarios, hoy los 15 Magistrados comandados por Su Señoría Luis María Díez-Picazo, que han votado contra sus propios compañeros de la Sala Tercera del Contencioso-Administrativo, encabezarían las lista de los enemigos públicos de los hipotecados y sus familias. Es decir: de casi todos los españoles.


Para mí esta desdichada historia comienza a fraguarse cuando el Magistrado Díez-Picazo el 22 de julio del 2015 "es elegido" para revelar a otro Magistrado de prestigio llamado José Manuel Sieira, quien aspiraba entonces a renovar un segundo mandato en la Presidencia de la Sala de lo Contencioso. El aquella ocasión, Díaz Picazo fue el señalado por la diosa fortuna para torcer el destino de Sieira -dicen que con la ayuda de la FAES aznariana- logrando establecer un precedente, hasta hoy inaudito entre los jueces que aspiran a repetir cargo por segunda vez en la ya muy conocida Sala. Su poder comenzaba a crecer.


El otrosí del hilo argumental que les relato hay que buscarlo en el "detallazo" de que también el Despacho Díez-Picazo, fundado por el padre del nuevo Presidente, Luis Díez-Picazo y Ponce de León y actualmente dirigido por un hermano de Don Luis María, defendió a la banca por las cláusulas suelo. ¿Ilegal?: seguro que no. ¿Ético?: tengo mis dudas.


Y en esto llega el 16 de octubre del 2018, fecha en que unos Magistrados emiten sentencia en la que liberan a los españoles agobiados por la crisis de tener que pagar las cargas notariales de la escrituras hipotecarias, adjudicándoselas a las entidades bancarias, un cambio tan importante como que arroja a la basura de la historia la legislación de más de veinte años que los diferentes gobiernos de centro, izquierdas y derechas han mantenido sin que les preocupara lo más mínimo los apuros de los españolitos para poder pagar esa carga tan injusta.


En ese preciso momento estalla el escándalo, y Díez-Picazo, en una decisión que no entiende nadie -salvo los que piensan como él-, pide la convocatoria de un Pleno del Supremo y sienta un precedente que deja al Alto Tribunal en la más embarazosa de las situaciones ante los que creíamos que la Justicia debería ser imparcial y por lo tanto justa.


¿Qué pasó en esas casi cuarenta y ocho horas de deliberaciones e intervenciones de unos y otros para que todo concluyera en desandar el camino emprendido? Lo iremos sabiendo poco a poco, no tengan la menor duda. Ahora mismo solo cabe especular y tirar de memoria, porque esto que ha pasado, uno que ya es mayor, lo ha visto aquí en la en tiempos de Pujol en la muy civilizada y ahora convulsa Catalunya.


Recordemos : El 3 de noviembre de 1982 el Banco de España interviene Banca Catalana. A partir de ahí, la familia convergente se siente agraviada en su honor patriótico e inicia una guerra contra el Estado español en la que, por supuesto, se consideraba una afrenta la intervención de su "finca financiera", de cuyas ubres mamaban los buenos catalanes, y donde los fallidos de los empresarios amigos se archivaban silenciosamente, mientras en las demás entidades financieras a los morosos se les llevaba a los Tribunales.


Por aquel entonces este joven periodista acudía a la Tertulia del Chipén, un pequeño restaurante-bar situado urbanísticamente cerca de la muy barcelonesa Avenida Sarriá, donde jueces y abogados dialogaban sobre la actualidad, en riguroso of the record, pero sin la molestia de las togas ni el encorsetamiento de los cargos. Naturalmente en aquel 86 se hablaba mucho de Pujol y de Banca Catalana, y en el ambiente flotaba el trabajo que ya estaban realizando los fiscales Mena y Villarejo, a los que casi todos los asistentes vinculábamos al, para mí, inolvidable PSUC.


No recuerdo las frases exactas, pero sí las caras de los magistrados e incluso sus nombres -que nunca diré- y al decir esto no rompo nuestro pacto de caballeros si también les digo que, según las opiniones de los togados de aquella inolvidable tertulia, Pujol acabaría en la cárcel por lo de Banca Catalana, ya que las pruebas eran abrumadoras para él y gran parte de los directivos que luego ocuparían en pleno numerosos cargos de importancia en la Generalitat. Era el fin del UBÚ y su corte de amigos. Al menos, eso es lo que bramaban varios jueces días antes del histórico Pleno de noviembre de 1986 -si no me falla la memoria, que con eso de mi pelea contra el cáncer me trae a mal traer, Vds. perdonen-. Por eso, me dije, "a la última tertulia tienes que ir…".Y claro, fui. Pero sus Señorías no aparecieron...


Al cabo de un tiempo, se votó: 33 Magistrados, la inmensa mayoría, exculpó a Jordi Pujol i Solei. Solo otros 8 héroes mantuvieron el tipo, ninguno de ellos que venía al Chipén, por lo que supe después. A partir de ahí, la historia nos acaba abofeteando, sobre todo cuando en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona sentencia el sobreseimiento definitivo del Sumario y con ello la libre absolución de todos los responsables de Banca Catalana.


Ni les cuento el cabreo que nos pillamos todos aquellos que creímos en la imparcialidad de la Justicia. Luego me enteré de cómo numerosos maletines cambiaron varias veces de manos y cómo me resultaba identificar al abogado gallego que mediaba en el asunto. En fin, que para lo que vivimos esos años hoy ha resultado tan fácil como triste "asumir con entereza" lo que acaba de pasar en el pleno del Supremo.


Si les sirve de consuelo, observen los más indignados en qué estado se encuentran en la actualidad Pujol y sus secuaces y comprueben con ello que, mientras a la gente que paga y sostiene a este país le siguen tomando el pelo, también la historia coloca a cada uno en su sitio, incluso en la cárcel, aunque su transcurrir sea desesperadamente lento.


¿Qué queda por hacer? Primero, exigir a este Gobierno -que se llama a sí mismo progresista- y también a toda la oposición que cambie esa caduca y corrupta ley hipotecaria ya, sin dilación ni disculpa.


Me dicen que el embustero Sánchez lo acaba de anunciar por televisión. Veremos. Al mismo tiempo, que ese mismo Presidente Sánchez debe cesar sin demora a la Ministra que presionó al Pleno del Supremo la víspera de su fallo, con el cuento de los 5.000 millones que debían devolver las Autonomías. Eso no es defender la independencia de los jueces, sino intentar que la decisión te favorezca políticamente, beneficie claramente al más poderoso y perjudique a miles de tus votantes.


Al Magistrado Díez-Picazo se le debe retirar de su actual cargo por su manifiesta parcialidad en el asunto. Lo de su protector Aznar ya es otro cantar. Su manera de influir para que en este país acabemos enfrentados los unos a los otros, no merece más que un castigo contundente en las urnas a su partido y a su ungido Casado, algo sobre lo que los demócratas solo podemos intentar votando y generando opinión libre y clara.


Y si la banca no toma nota de que esta victoria es una muy dolorosa derrota en su credibilidad, que creo que ya lo sabe, quiere decir que en este país su nicho de negocio lo van a ocupar irremediablemente otros bancos europeos que ya saben lo que es trabajar con otras normas legales.


Señores: sus clientes son su mejor patrimonio, y su prestigio institucional su mejor garantía de futuro. Ya toca que en este país la Justicia y la banca preserven su independencia y que todos estemos tranquilos.


Escrito todo lo anterior, por imperativo legal, el que suscribe, su perrín Mani y su gata Piroliñas acatan, como no podía ser de otra manera, la sentencia del Pleno del Supremo, aunque no sepan aun su contenido. ¿Se escribe así, para que a uno no le metan en el trullo?

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