Los secesionistas andan muy crecidos

Los resultados de las elecciones generales en Catalunya han otorgado a ERC 15 diputados, los restos del naufragio de la otrora todopoderosa Convergencia ha logrado 7 escaños y el Front Republicá se ha quedado sin representación en el Congreso. ERC, la formación que dirige Junqueras con mano firme hacia la independencia, ha obtenido más votos y escaños de los que nunca soñaron tener cuando el PSC e Iceta los sacaron en 2003 de la indigencia intelectual y moral en que sobrevivían desde el inicio de la democracia, convirtiendo a Carod-Rovira en vicepresidente de la Generalidad, entregando a Benach la presidencia del Parlament a Bargalló la consejería de educación. Además, les propuso como objetivo de legislatura redactar un proyecto de Reforma del Estatut abiertamente confederal que fue aprobado en septiembre de 2005 y pretendía convertir a la Generalidad de Catalunya en un Estado independiente de facto, con una hacienda y un sistema judicial independientes.

Algún observador atento objetará que la consejería de Educación la ocupó a partir de 2006 el hermanísimo del president Maragall, pero basta con constatar la firmeza con que Ernest impidió la aplicación de la cuarta hora en castellano en los ciclos de enseñanza primaria, cuando la ingenua ministra Cabrera aprobó los decretos de enseñanzas mínimas, y su incorporación a las filas de la rufianesca Esquerra para comprender que la diferencia entre republicanos y nacional-socialistas era meramente táctica. Por si alguien alberga alguna duda respecto al carácter nefasto de los gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla –tanto monta monta tanto–, quiero recordar que fue entonces cuando la Generalidad empezó a multar a las empresas por no rotular en catalán, promovió y financió la primera gran manifestación contra una institución del Estado (Tribunal Constitucional), y se iniciaron oleadas de consultas por la independencia en municipios catalanes, gobernados en algunos casos, por el PSC.

La celebración de la consulta ilegal el 1-O constituyó un fracaso estrepitoso del Estado democrático y la aplicación in extremis por el gobierno de Rajoy del artículo 155, después de que el Parlament de Catalunya aprobara el 27-O la resolución que declaraba constituida la república independiente en Catalunya, mostraron la debilidad de un Estado que se limitó a destituir al gobierno golpista y a convocar inmediatamente elecciones autonómicas, pero que dejó intacta la arquitectura que sustentaba el proceso insurreccional. Tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, la Generalidad volvió a estar en manos de tres golpistas, Torra y Aragonés en el gobierno y Torrent en el Parlament, que continúan administrando un presupuesto del sector público del orden de 38.000 millones. El aparato administrativo-mediático-asociativo impulsado y financiado desde el gobierno y los Ayuntamientos de la Generalidad (AMI y ANC) sigue intacto y los principales medios de comunicación públicos y subvencionados continúan con sus campañas de propaganda y adoctrinamiento, como si nada hubiera ocurrido. Por su parte, la ANC y Òmnium Cultural y algunas organizaciones sindicales (USTEC y CSC-intersindical) continúan siguen promoviendo abiertamente la república con igual o más brío que antes de aplicarse el artículo 155. 

La conclusión resulta evidente: el encarcelamiento de Junqueras y la huida vergonzosa de Puigdemont a Bruselas han resultado incluso contraproducentes desde un punto de vista político.

Durante la campaña electoral, pudimos ver a los hordas independentistas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) reventar la carpa de la asociación S'HA ACABAT y acosar violentamente a Álvarez de Toledo, la candidata constitucionalista del PP en Barcelona, para impedirle celebrar un acto de campaña dentro del recinto universitario. El mismo 28-A, Álvarez de Toledo fue acosada en esta ocasión por los 'apretadores' de Torra a la puerta de su colegio electoral, ante la pasividad de una Moza de Escuadra. Por lo que me cuentan mis hijos, algunos profesores en su Instituto han aprovechado las clases, incluso de materias científicas, para denostar al Estado y hacer alegatos a favor de la república. Ningún docente ha sido sancionado por promover la república en clase, en tanto que Francisco Oya, profesor de Historia en el Instituto Joan Boscà de Barcelona y reconocido constitucionalista, ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 10 meses, con ridículas excusas.

Tras los buenos resultados alcanzados por los partidos secesionistas en las elecciones generales, la ofensiva ha cobrado nuevos ímpetus por tierra, mar y aire. Los empleados de la UAB recibimos hace unos días un correo de CSC-Intersindical, una pretendida organización sindical cuya secretaría general ocupa el terrorista Carles Sastre, convicto por el asesinato del empresario Josep Maria Boltó al que adosó una bomba en el pecho. En la misiva se anuncia "la apertura de una sección en la UAB" y su intención de concurrir a las elecciones sindicales el 20 de junio "para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores desde una perspectiva abiertamente republicana y sin ningún lazo con sindicatos de ámbito Estatal". Su implantación en la UAB, constituye un riesgo añadido al que ya supone para los constitucionalistas la violencia que desarrollas con total impunidad el sindicato de estudiantes "dels països catalans".

Paluzie, la alocada lideresa de la ANC, reclamaba al presidente Torra el compromiso de declarar unilateralmente la independencia en cuanto el secesionismo supere el umbral del 50 % de los votos. Y su organización ha iniciado una campaña cuyo propósito es controlar las Cámaras de Comercio para promover la independencia desde ellas. El Papa Bergoglio acaba de nombrar arzobispo de Tarragona a un cura separatista que alardeaba de haber colocado la bandera estrellada en el campanario de Jaffre, el pueblo donde residía Boadella, "porque el pueblo la pidió". Y un último apunte llamativo por su desvergüenza ramplona: Torrent, presidente del Parlament, urgía a Sánchez a reunirse con Junqueras en la cárcel de Soto del Real para negociar su investidura.

Lo dicho: los secesionistas andan muy crecidos estos días amparados por 'sus' consejeros, 'sus' asociaciones y 'sus' sindicatos, en tanto que los constitucionalistas residentes en Catalunya nos sentimos cada día más abandonados por un Estado empeñado en mirar a otro lado y no poner coto a una insurrección de cariz cada día más represivo y totalitario. Han mudado sus sedes sociales las principales empresas catalanas y pronto tocará hacerlo a las personas objeto de exclusión y persecución. Dios nos libre de Sánchez, de sus fiscales y abogados del Estado, y también de Bergoglio y 'sus' arzobispos. Menos mal que aún nos queda el amparo de los jueces y de la Junta Electoral Central para poner límites a tanto despropósito.