El Tribunal de Cuentas avanza en el caso de malversación del 1-O por parte de Puigdemont y su gobierno

 

La Justicia ya está investigando cuánto habría gastado el gobierno de Carles Puigdemont para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1-O.Una vez designado el instructor del caso, el Tribunal de cuentas ha pedido al Supremo que facilite cuándo antes los datos sobre los gastos que supuso la preparación y la elaboración de consulta.

El Tribunal de Cuentas está investigando hasta 19  ex cargos de la Generalitat, entre ellos el ex president huido a Bélgica, y quiere activar el caso lo más pronto posible y así se lo ha advertido a los encargados del juicio del procés. La intención es determinar con precisión los fondos desviados para el referéndum ilegal y así poder empezar a reclamar las fianzas tras el cálculo de la cantidad y antes de que inicie el juicio contra los investigados.

Entre los investigados está Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal y varios de los ex miembros del Govern que dimitieron antes de que se celebrara el referéndum ilegal pero que abrían participado activamente para que se pudiera llevar a cabo.

Este caso es fruto de la denuncia presentada por Societat Civil Catalana en el que llega a implicar a estos 19 ex miembros del Govern y que no fija la cantidad que pudo ser malversada, aunque apunta a que se puede tratar de millones.

Si, finalmente, el Tribunal encuentra evidencias de que el gobierno de Carles Puigdemont usó dinero público para llevar a caba la consulta ilegal del 1-O, el mismo ex president y varios responsables de la Generalitat podrían quedar inavilitado y obligados a poner de su bolsillo el gasto que supuso el reférendum.

De hecho, eso es lo que le pasó a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y cinco cargos más que fueron obligados a pagar 4,9 millones, además de que estos nombres fueron inhabilitados políticamente por el caso de la consulta del 9-N.

Por el momento, en la fase previa de investigación, el Tribunal de Cuentas baraja que el gobierno de Puigdemont puede haberse gastado más de ocho millones de euros en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una cifra muy superior a la que barajan el Supremo y el Ministerio de Hacienda, pero que desde el Tribunal matiza que eso debe seguirse investigando.