Las graves deficiencias y la necesidad de mejora de la gestión sanitaria pública (II)

El reciente cese del Dr. Vicenç Martínez Ibáñez como gerente del Hospital Vall d’Hebron ha sido reportado en los medios de comunicación de forma incompleta y confusa sin investigar las causas por las cuales ha sido suspendido. Ello ha dado lugar a interpretaciones varias y dispares, en su mayoría incorrectas, como demuestran los comentarios de los lectores. Por contra, el comunicado del sindicato CGT del Hospital Vall d’Hebron rechaza rotundamente la nefasta gestión del Dr. Martínez Ibáñez, denunciando al mismo tiempo que su propia versión de los hechos no se ajustan a la realidad. El comunicado de la CGT también resalta el grave daño que su gestión ha causado a los trabajadores y el descontento generalizado de los mismos, la falta de transparencia en la distribución de los presupuestos y se mofa de la regular publicación en los medios de comunicación de los “supuestos grandes avances” producidos en la institución que son pura propaganda que confunde a los ciudadanos y genera falsas espectativas en los usuarios. 

La falta de transparencia ha sido notoria en toda la gestión. Ante tantos desmanes, uno se pregunta ¿cómo es posible que una gestión tan nefasta pueda haberse realizado durante más de 4 años sin haber sido corregida?, ¿el cese del Dr. Martínez Ibáñez es el resultado de discrepancias políticas o es debido a corrupción y falta de transparencia en la gestión?, y ¿es necesaria la realización de una auditoría externa e independiente que identifique los errores producidos para que estos no se vuelvan a repetir?.

Como era de esperar, el cese del gerente del Hospital Vall d’Hebron se ha seguido de la dimisión de la directora asistencial Dra. Ana Ochoa, colaboradora responsable de la torpe gestión y del atropello a los trabajadores. La clarificación y comunicación de estos hechos es de gran relevancia porque, como he apuntado anteriormente, el perfil de los gestores y su selección para administrar las instituciones hospitalarias son determinantes claves de la buena gestión del sistema sanitario público. El relato de mi experiencia personal como jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Vall d’Hebron con el gestor cesado y con la directora asistencial dimitida, que describo a continuación, evidencia de manera descarnada las deficiencias de un sistema que necesita ser modificado.

Mi experiencia personal como jefe de servicio. Desde mi llegada al Hospital Vall d’Hebron en 2010 y hasta el 2015 como jefe de sercivio de Cirugía Cardíaca, mi relación con los gestores del hospital fue de confianza mútua y de estrecha colaboración para acordar y alcanzar los objetivos marcados. A comienzos del 2015 el Dr. Martínez Ibáñez junto a la Dra. Ana Ochoa fueron nombrados como gerente y directora asistencial del Hospital Vall d’Hebron, respectivamente. Estos nombramientos causaron en primera instancia sorpresa y preocupación en los trabajadores de la institución porque previamente habían realizado una gestión muy contestada en el Hospital Josep Trueta de Girona y por el talante poco dialogante y abrupto de ambos. Su elección se interpretó como una decisión claramente política más que por su capacidad de gestión.

Los servicios con un alto grado de eficacia y eficiencia como el Servicio de Cirugía Cardíaca, que habían reducido sustancialmente las listas de espera quirúrgica y que presentaban excelentes índices de calidad, se vieron afectados por las nuevas políticas de disminuir la actividad durante períodos críticos, comprometiendo así el bienestar y seguridad de los pacientes y favoreciendo de manera encubierta el desvío de pacientes a la sanidad privada. A pesar de la insistencia de los profesionales sobre las posibles consecuencias perjudiciales que esta medida podría acarrear, la reducción de quirófanos se mantuvo exponiendo a los pacientes en lista de espera a un riesgo innecesario. Huvo fallecimientos de pacientes que se reportaron a los medios de comunicación, motivo por el cual el Institut Català de la Salut (ICS) me cesó de forma fulminante como jefe de sercicio con la excusa de mi supuesto rechazo a pasar una evaluación. Al mismo tiempo, el Dr. Martínez Ibáñez me abrió un expediente disciplinario, un procedimiento que al no encontrar falta alguna fue sobreseído por el departamento legal del ICS.

Casi dos años y medio después de mi cese el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó la reposición de mi cargo de jefe de servicio calificando mi cese como “clamorosamente ilegal”. El ICS interpuso recurso de casación al Tribunal Supremo que ratificó la sentencia del TSJC. El tratamiento personal recibido por el gerente y la directora del Hospital Vall d’Hebron y por el ICS no es aislado y otros colegas, que también han defendido la medicina pública de calidad, han sido denigrados personal y profesionalmente con la clara intencionalidad de empobrecer la sanidad pública y favorecer el desvio de pacientes a la sanidad privada. Es pues deshonesto y de una hipocresía extrema cuando la Dra. Ochoa en su carta de despedida a los trabajadores del hospital indica sin rubor que “som fidels al nostre lema de sempre, el pacient primer”.

Lucha social por una sanidad pública de calidad. Las desastrosas políticas de carácter neoliberal dirigidas al desmantelamiento del sistema sanitario público están teniendo consecuencias muy perjudiciales para los ciudadanos y son un lastre para la economía. Los argumentos utilizados para desmantelar el sistema público y favorecer la externalización de servicios como pretende la actual "Llei de contractes de serveis a les personas" del Govern de la Generalitat de Catalunya carece de fundamentos sólidos, es un proyecto de ley que aumenta la fragmentación del Servicio Nacional de Salud, facilita la privatización del dinero público, aumenta la insostenibilidad y la mala calidad, y está produciendo un rechazo unánime por parte de distintas entidades, movimientos sociales y partidos. El propio Tribunal de Cuentas Europeo critica duramente en un informe la participación privada en infraestructuras y servicios públicos y recomienda a los países miembros que no promuevan modelos público-privados. Si realmente deseamos preservar un sistema sanitario público único y de calidad es preciso que los ciudadanos se organizen y participen activamente en la lucha por sus derechos fundamentales. En este esfuerzo los medios de comunicación también tienen un papel crítico y una gran responsabilidad social de proveer una información fidedigna, contrastada y en su debido momento.