Los resultados electorales y los posibles pactos que no gustan y asustan, han venido a alterar más si cabe la situación de la Catalunya pacífica, culta, democrática y solidaria. Están vendiendo los resultados como la gran victoria del independentismo, que ha conseguido un 39,36% de los que han ido a votar, es decir, 1,5 millones de votos. Es una cifra importante; no obstante, el número de ciudadanos de Catalunya que tiene derecho a voto es de 5.588.095. Atribuirse el millón y medio de independentistas como si fueran los representantes de toda la ciudadanía es de un populismo barato exento de legitimidad democrática.
Quizás por esa venta de "legitimidad" que se otorgan, los diferentes movimientos independentistas -distintos nombres, pero siempre son los mismos- se han envalentonado, con la ayuda de los gobernantes y líderes políticos de su mismo color, y por ello se han duplicado los actos vandálicos que se vienen sucediendo en buena parte de Catalunya.
Este miércoles, en su comparecencia en el Parlament, el presidente Torra no solo no condenaba los cortes de la autopista AP-7 y otras vías, como los tres principales accesos a la ciudad de Barcelona, sino que los justificaba atendiendo al derecho de manifestación, sin tener en cuenta los derechos del resto de los ciudadanos/as. Lo ha dicho y se ha quedado mirando al cielo esperando la confirmación del de arriba sobre su papel trascendente en la historia de la humanidad.
Este jueves, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, hasta ahora hombre "moderado", declaraba que las manifestaciones, cortes y otras lindezas son ponderadas en derecho. A algunos les habrá entrado la risa nerviosa escuchando a Aragonès. ¿Ponderación para quién? Para los suyos. Decía el primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia, que "donde la ley acaba, comienza la tiranía"; debería recordarlo el vicepresidente republicano.
Los matones de los CDR, protegidos por el presidente Torra, en un acto de valentía mafiosa, emitían un comunicado en el que afirmaban que querían "independencia o barbarie". Lo hacen con la seguridad que han tenido hasta ahora de que sus actos no tienen consecuencias, que se saltan las leyes -la ética ¿la tienen?- y todo lo que haga falta. Mientras, el Gobierno español, que debe garantizar los derechos de toda la ciudadanía, sigue inmerso en una nebulosa que se puede calificar de ineptitud y dejación de funciones. La pregunta es: "¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo que los bárbaros continúen campado a sus anchas?" Dicen que gobernar es tomar decisiones, cosa que se ha dejado de hacer hace ya demasiados meses en España y en Catalunya, hace ya unos cuantos años. Después se preguntan por qué Vox está subiendo como la espuma. La respuesta no hace falta que se la diga, se deduce fácilmente, cuando cada día se pisotean los derechos de la mayoría de la ciudadanía, se torean las leyes y se actúa con total impunidad. Eso es lo que hay hasta que ocurra algo más. "Para ser libres hay que ser esclavos de la ley", decía Cicerón hace más de dos mil años…
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