La deconstrucción del Sistema Sanitario Público: 'revival' a propósito del Covid19

Desde el año 2011, y como muchas cosas en mi vida, por casualidad, comencé a investigar y escribir sobre la asistencia sanitaria. En concreto, en el año 2015 publiqué un artículo en la Revista Derecho y Salud que ya aludía a la deconstrucción que se enuncia en título del presente texto, aunque lógicamente sin alusión al famoso virus; a este le siguieron otros escritos relacionando la asistencia sanitaria y el derecho a la salud con la sostenibilidad del Estado del bienestar e, incluso, sobre el principal riesgo que se nos presentaba en 2017: el Brexit.

En todos ellos, los datos oficiales ponían de manifiesto cómo, nuestro sistema público de salud, una de las joyas de la corona de nuestro territorio, que debemos al Ministro Ernest Lluch, estaba siendo desmantelada. La deconstrucción ha venido de la mano de la reducción del gasto público en sanidad (muy evidente en el periodo 2009-2014); de la restricción de derechos de acceso al sistema, eliminándose la universalidad (recuperada en el RD-Ley 7/2018); disminuyendo las prestaciones como las farmacéuticas; introduciéndose un copago, en ocasiones sangrante para enfermos crónicos, que no garantizaba la equidad del sistema (incluido en el PNR 2013, el RD-Ley 16/2013 modificó la Ley 29/2006, introduciendo tal medida); y con la precarización de las condiciones de trabajo, como ha puesto de relieve también el TJUE, por ejemplo, en la Sentencia de 14.09.2016, Asunto C-16/15.

Responsabilidad de las CC.AA.

Para nada es sorprendente que ahora, ante una situación de crisis sanitaria como la actual, se aprecien las brechas en el sistema, de cuidados, de personal o de material, que sufren tanto los profesionales como los pacientes.

Lo que sí sorprende y de manera superlativa es la reacción de las CC.AA. a través de sus gobernantes en su crítica continua al Ministerio de Sanidad por la gestión de la crisis. No solo porque muchas de ellas han apoyado la mayoría de las medidas enunciadas previamente, sino porque al art. 148.1.21ªCE la competencia en sanidad la ostentan las CC.AA. y deberían haber sido ellas las primeras responsables de enfrentar esta crisis. El Estado se ha limitado a ejercer su competencia de coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16ªCE).

Son las CC.AA. las primeras responsables directas de la falta de medios materiales y humanos existentes, no solo para atender esta especial crisis sanitaria sino en el día a día del sector (art. 49 LGS).

Los problemas que ahora detectamos no son nuevos, ¿nadie ha visto las acampadas de médicos y sanitarios en los hospitales o las protestas en forma de “marea blanca”? “¿Y las de la marea naranja, que denuncian la misma situación en los servicios sociales, la dependencia y las residencias de mayores?”.

Cifras premonitorias

Según los datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2018, publicado en 2019, y referente a 2016 y 2017, el gasto sanitario público consolidado del sector de las CC.AA. representó en relación al PIB un 5.5% (el no consolidado es mayor, un 8.9%); curiosamente, en valores absolutos el 44.2% de este gasto, se ha originado en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid pero, en relación a su población, las Comunidades con mayor gasto sanitario público son el País Vasco, Principado de Asturias y Extremadura, mientras que las CC.AA. que menor gasto público por habitante tienen son Andalucía, Comunidad de Madrid e Illes Balears (EGSP). La estadística oficial señala más, mientras el resto de CC.AA. han ido incrementando en menor o mayor medida el gasto, la única Comunidad Autónoma que redujo su gasto en 2016 fue Madrid.

Entre 2013-2017, la participación del gasto público en el total del gasto sanitario bajó 0,3% (del 71,0 al 70,7). Asimismo, pese a que se haya incrementado el presupuesto en sanidad de las CC.AA. a partir del 2014, el recorte presupuestario acumulado de 2011 a 2018 alcanzaría los 23.377 millones de €. La insuficiencia presupuestaria del sector público autonómico fue puesta también de relieve por el Tribunal de Cuentas en su informe de julio 2017, analizando, además, la mala gestión del gasto.

Conforme a un reciente informe de OECD/ EOHSP el gasto sanitario per cápita en España es más de 15% inferior a la media de la UE; también se insiste en que el gasto directo de las familias representa un porcentaje mayor que la media de la UE.

La OMS en 2019 señalaba que el gasto interno en salud pública en España era el mismo en 2000 que en 2017 pues, aunque se pueda apreciar un mayor porcentaje de gasto, la cuantía total era la misma.

Asimismo, el Informe OECD/EOHSP destaca cómo los tiempos de espera de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas programadas, que ha ido incrementándose desde 2011, sigue siendo un problema y con variaciones considerables según comunidades autónomas. (tiempo medio de espera para primera consulta: 66 días). Y las camas hospitalarias también se han reducido considerablemente en la última década; de 2010 a 2016 el número de camas en funcionamiento en hospitales públicos nos situaban como uno de los países con menos camas (el cuarto peor, solo por encima de Chile, Corea y México) siendo el número de camas por 1000 habitantes en hospitales públicos de 2.04. ¿Qué nos extraña, por tanto, ahora, de la saturación de los hospitales y la falta de camas en la UCI?

Escaso personal

De acuerdo a otro informe de la Comisión europea de 2019, otro de los problemas fundamentales de nuestro Sistema Nacional de Salud es el número de efectivos. El número de médicos por cada 1000 habitantes es ligeramente superior a la media de la UE (2017, un 3.9% frente a un 3.6) y el de personal de enfermería está muy por debajo de la media europea (5.7 en España frente a un 8.5). La contratación temporal en el sector sigue siendo de más del 30%.

Es cierto que el sector ha ido recuperando la pérdida de efectivos a partir de 2016 (BEPSAP), con la activación de convocatorias de oposición y a raíz del acuerdo en 2017 con los interlocutores sociales; no obstante, como han puesto de relieve los diferentes informes de fiscalización autonómicos y estatales, ha habido una gran destrucción del empleo y un mal uso de la contratación temporal en base al art. 9.3 del Estatuto Marco del Personal Sanitario.

Ya en 2017, la OCDE mostraba su preocupación por nuestro reducido número de profesionales del sector, fundamentalmente en enfermería. Preocupación avalada por los datos internos: primero, el número certificados de idoneidad expedidos a médicos para salir de España, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en 2019 ha experimentado un crecimiento del 18,7%, con respecto a 2018 (4.100 certificados en 2019 frente a los 3.452 de 2018); segundo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, en julio 2019, afirmaba que existían alrededor de 40.000 enfermeros/as españoles sin empleo estable y que entre 2009 y 2018 habían emigrado 8000 profesionales.

Poca inversión y obsolescencia

También las empresas de tecnología sanitaria llevan años demandando un plan estatal de inversión en el sector, señalando la importante disminución del gasto entre 2009 y 2017, que ha comenzado a recuperarse en 2018 según el índice SEIS en 2018; pero, además, se ha destacado cómo algunas CC.AA. tienen un nivel de obsolescencia cercano al 60%. ¿Nos extraña, por tanto, que no haya EPI, respiradores o test suficientes?

Por último, nos referimos a la privatización de la sanidad, cuestión que no es novedosa del siglo XXI. Como es sabido, existen diferentes modelos, desde los conciertos, las concesiones administrativas, las iniciativas de gestión privada en los sistemas públicos o las entidades de base asociativa, entre otras. Los datos confirman que estos modelos no han demostrado mejorar la eficacia ni la eficiencia del sistema, sino que han encarecido los costes. Las CC.AA. que tienen un alto grado de privatización son Illes Balears, Catalunya, La Rioja, Madrid o la Comunitat de Valencia. Ahí se lo dejo.

Nuestro sistema sanitario es eficiente en condiciones normales, porque con menor gasto logra buenos resultados, lo que hay que preguntarse es el porqué de la voluntad política constatada de recortar la financiación de los servicios públicos.

Al estudiar los sistemas sanitarios de un país estamos analizando los valores de esa sociedad. Un Estado del bienestar que quiera seguir llamándose así no puede resolver ni responder a cualquier situación, de crisis o no, si no tiene, al menos, dos de sus pilares bien asentados: la sanidad y la educación. El primero de ellos, como veíamos, ha sido objeto de descentralización en manos de gestores privados en su mayoría, y las CC.AA. no han asumido la importancia del mismo, por encima de otros sectores y otras inversiones. El segundo,- ¡permítanme decir algo en cinco líneas que me quedan del pilar al que pertenezco!- no tiene previsto un plan de contingencia para situaciones de docencia no presencial, basado en criterios igualitarios que no condenen a las familias más vulnerables y sin recursos a prescindir del derecho humano a la educación, por lo que la comunidad universitaria aquí sigue reinventándose/reinventándonos cada día. Dicho lo cual, les dejo para que reflexionen, yo debo seguir teletrabajando.