Los retos del mundo del trabajo... antes y ahora

La crisis de la COVID-19, crisis sanitaria, económica, social y por qué no, de sistemas, ha hecho visibles, como si de fuegos artificiales se tratara, los principales problemas del mundo del trabajo en nuestro país. Pero la necesidad de regular el mundo del trabajo de manera coherente con el siglo XXI no es debida a la actual crisis sino a una “obsolescencia” de nuestras instituciones laborales. Hoy, más que nunca, debemos afrontar importantes retos del mundo del trabajo, entre ellos, los siguientes frentes interconectados: la precariedad laboral, la informalidad laboral, la digitalización y el teletrabajo.

PRECARIEDAD LABORAL 

La contratación temporal en nuestro país sigue situándose, por encima de la media de la UE (un 26% frente a un 13%, aproximadamente). Pese a que se ha apreciado una reducción y se ha intensificado la lucha contra las irregularidades de esta contratación, en febrero, el Informe de la Comisión Europea sobre España (2020, 508, final) ponía de manifiesto que estos esfuerzos estaban teniendo un éxito limitado, al no tratar las causas profundas de la generalización de estos contratos. En el mismo sentido, en el sector público la contratación temporal ha seguido aumentando (por ejemplo, más del 30% de contrataciones temporales en el sistema sanitario).

La consecuencia directa y más inmediata de la precariedad laboral no es solo la ralentización de la productividad laboral, sino la desigualdad y la pobreza laboral. Los trabajadores temporales presentan una tasa de pobreza laboral significativa (21.3% en 2018, 14 puntos porcentuales más que los trabajadores fijos, una de las mayores brechas de la UE).

La OCDE, ya en 2018, destacó como el problema fundamental, para el desarrollo de nuestra economía, era la inclusión y la calidad del empleo, algo que no hemos solucionado todavía. Es evidente que nuestras modalidades contractuales siguen sin responder a la realidad, lo cual se ha evidenciado con la actual crisis.

INFORMALIDAD LABORAL

A nivel mundial, la OIT estima que 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal. En España las mediciones varían en función de los parámetros utilizados, oscilando entre 2 y 3 millones de personas, moviéndose las cifras entre el 9 y el 25% del PIB, unos 250.000 millones €, en este último caso, según los datos emitidos en abril por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Sea como fuere, la informalidad laboral, otra de las epidemias del mundo del trabajo en el siglo XXI implica una segmentación más del mundo del trabajo. Afecta a un amplio colectivo de personas, por ejemplo, las que recurren a este sistema por necesidad, las que realizan actividades ilegales (prostitución) o, entre otras, las encuadradas en un régimen diferente al que les correspondería (riders); todas ellas poseen como característica común, su elevada vulnerabilidad.

Tienen trabajo, pero no tienen empleo formal, por lo que se encuentran fuera de cualquier sistema de protección social regular.

La actual crisis ya afecta a más de 4 millones de personas en España e implica, en muchos sectores, una disminución de horas de trabajo, por lo que el sector informal puede incrementarse exponencialmente, obligándonos a afrontar con la mayor de nuestras energías legislativas esta emergencia.

DIGITALIZACIÓN Y TELETRABAJO

A raíz de la crisis de la COVID-19, estamos comprobando el largo camino que nos queda por recorrer en materia de digitalización. Junto con la necesidad de diseñar políticas educativas adecuadas para la adaptación al cambio tecnológico, necesitamos realizar, en palabras de la OIT, una transición justa para la digitalización en el mundo del trabajo, centrada en la persona.

La flexibilidad laboral y el teletrabajo respaldados por las TICs ofrecen mejores oportunidades de empleo a algunos grupos de trabajadores, pero junto a esas y otras ventajas tanto para la empresa, como para las personas trabajadoras, se alzan una serie de consecuencias y efectos negativos que estamos comprobando en primera persona en la actualidad. Hasta ahora en España el teletrabajo lo realizaban un 8% de la población activa (INE), sin embargo, en estas últimas semanas el incremento es sustancial, como puede apreciarse en diferentes datos sobre conexiones o descargas de aplicaciones de reuniones virtuales.

Tanto la normativa interna como la internacional dejan muchos vacíos, sin garantizar suficientemente los derechos de las personas tele-trabajadoras. Pero, si el teletrabajo se va a implantar en nuestras vidas en los próximos meses, en esta famosa “nueva normalidad”, debemos corregir con urgencia al menos, los siguientes: primero, la falta de supervisión de los entornos laborales, pues el derecho a una adecuada política sobre seguridad y salud en el trabajo no puede demorarse más (¡qué se lo digan a mi pobre espalda!). Segundo, el control sobre el exceso de horas trabajadas (y, probablemente, no remuneradas), en conexión directa con la tan afamada desconexión digital y con la conciliación, porque, por ejemplo, la doble carga de la mujer tele-trabajadora se incrementa.

Si bien es cierto que la implantación del teletrabajo en nuestro país como forma generalizada se enfrenta a diversas dificultades (actual sistema productivo o cultura del presentismo, por ejemplo), nos hemos adaptado por necesidad en este periodo, lo cual no puede ser una excusa para limitar y recortar los derechos de las personas trabajadoras por más tiempo.

En definitiva, aunque son muchos los retos permanentes del mundo del trabajo, debemos promover el trabajo decente en todos y cada uno de nuestros ámbitos, para conseguir, en un futuro no muy lejano, un mundo del trabajo igualitario.