El otoño de todos los peligros

Si algo hemos aprendido con la pandemia es que los escenarios políticos son susceptibles de cambiar a una velocidad vertiginosa. Apenas iniciaba su singladura el gobierno de coalición de izquierdas, cuando se ha visto inmerso en la vorágine. Las previsiones sobre las cuales basaba su programa de reformas sociales se han ido al traste. El parón económico que han supuesto los meses de confinamiento conllevará una brusca caída de los ingresos, al tiempo que se dispararán el gasto público y las cifras de desempleo. Aún es temprano para evaluar las dimensiones del impacto que todo ello tendrá en términos de déficit y deuda. Habrá que esperar hasta después del verano para ver hasta qué punto las medidas destinadas a evitar cierres de empresas y comercios han logrado contener la hemorragia. Las proyecciones del Banco de España no son, sin embargo, halagüeñas y vaticinan una caída del PIB de más del 10%. 

Es cierto que la prima de riesgo está en niveles muy bajos, inferiores a los de Italia. Los mercados parecen apostar por un horizonte de reactivación de la economía española. En esa percepción pesa mucho, sin duda, la actitud del BCE comprando deuda e inyectando liquidez a espuertas. Y, más aún, la perspectiva del fondo de recuperación diseñado por Francia y Alemania, primer mecanismo de mutualización europea de la deuda. Alemania ha entendido que el colapso de las economías del sur arrastraría a toda la Unión. Hay que andarse con cuidado, sin embargo, con el cuento de la lechera que venía de Bruselas. Que España pueda acceder a más de 70.000 millones de euros en transferencias - préstamos a bajo interés aparte - constituye una excelente noticia. De otro modo, no podría financiar su déficit, ni encarar las inversiones necesarias para fortalecer los servicios públicos o iniciar siquiera la transformación del modelo productivo. Pero aún quedan por definir las condicionalidades de esas ayudas. Y no se trata sólo de la lógica exigencia de su correcta utilización - en el desarrollo de infraestructuras, digitalización, educación o transición energética -, sino de los márgenes con que operará el rigor fiscal de la UE. La senda por la que habrán de transitar los próximos presupuestos generales del Estado será previsiblemente muy estrecha. Pablo Iglesias habla de afrontar una crisis social de gran envergadura. Y Pilar Calvo de proteger prioritariamente los servicios públicos. 

La elaboración de los presupuestos se convertirá en una batalla política. Pedro Sánchez querría sostener esas cuentas sobre un pacto nacional que implicase a sindicatos, patronal y fuerzas políticas. Una hipótesis que, hoy por hoy, se antoja muy difícil. Si Ciudadanos tantea moverse hacia el centro, el PP, espoleado por Vox, se ha lanzado a una estrategia de desgaste del gobierno, utilizando sus resortes en la judicatura y las fuerzas de seguridad. "Lawfare" a la brasileña. Y, de fondo, el conflicto territorial. Julio verá la reactivación de la mesa de diálogo sobre Catalunya. Pero unas elecciones anticipadas pueden precipitar las cosas. Octubre es también la fecha en que se espera que el Tribunal Supremo confirme la inhabilitación del president Torra. El independentismo está dividido y desnortado, con la pugna interna por la hegemonía más enconada que nunca. ERC sabe que el contexto europeo excluye cualquier otra intentona secesionista, que lo más razonable sería moverse dentro del acuerdo de investidura, negociar y aprobar los PGE... Sin embargo, la lucha con el entorno de Puigdemont puede deparar nuevos sobresaltos. Sobre todo si la crisis agita la desazón de las clases medias y alguien trata de dirigirla contra España. Sin contar con que los epidemiólogos alertan de un posible rebrote del virus en octubre. Decididamente, éste será el otoño de todos los peligros. La izquierda tendrá que sortear muchos escollos para llevar adelante una legislatura progresista frente a todos los partidarios de "cuanto peor, mejor".