Cuatro causas judiciales acechan a Podemos

Pablo Iglesias ha logrado el objetivo histórico de sentarse en el Consejo de Ministros, pero cuatro complejos juicios amenazan con limitar su peso específico en el Ejecutivo, e incluso  acabar en su imputación formal.

El caso más conocido es el de su ex asesora, Dina Bousselham, que tras realizar tres declaraciones diferentes y contradictorias ha empujado a los investigadores a sospechar de Iglesias, a pesar de que el juicio esté dirigido a investigar las actuaciones del excomisario José Manuel Villarejo. Podemos convirtió el supuesto robo del móvil de Bousselham en tema de campaña electoral de 2019 y tener los números suficientes para entrar en el Gobierno en 2020. Bousselham declaró que fue Iglesias quien le devolvió la tarjeta de su móvil y que lo hizo en un estado inservible. El juez Manuel García Castellón sospecha que Iglesias y Podemos maniobraron para generar una denuncia falsa y que destruyeron pruebas, lo que puede llevar al vicepresidente del Gobierno a ser investigado oficialmente por la Justicia.

El segundo problema legal  es la denuncia de malversación presentada por el exabogado de la formación ante la Guardia Civil, José Manuel Calvente. El abogado y otra trabajadora del partido apuntan a un posible caso de desvío de fondos, financiación irregular de las campañas electorales, cajas B e irregularidades en la licitación de las obras de la nueva sede, que, de confirmarse, constituirían un problema enorme para Podemos. Y cobra relevancia la consultora, Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero. Un juez madrileño quiere aclarar cómo Podemos pagó los servicios de esta empresa y aclarar si realmente se ejecutaron los trabajos encargados. La sospecha principal es que esta consultora, que trabaja con gobiernos de América Latina, haya podido desviar fondos del exterior en los microcréditos con los que se financia Podemos.

Este caso llega después de que a finales de 2019 el partido morado alegara un supuesto acoso sexual contra el exabogado que denunciaba graves irregularidades internas. La denuncia de acoso, un clásico en la formación morada para alejar a personas consideradas incómodas, ha sufrido un grave revés a lo largo de esta semana. La Fiscalía sostiene que en la denuncia no se aprecian pruebas sustanciales para mantener la acusación. Lo más probable es que acabe archivado.

El cuarto escollo judicial proviene de La Rioja. En esta Comunidad Autónoma un grupo de críticos ha denunciado un sistema de pucherazo y amaño en las primarias. Desde 2019 hasta las últimas del pasado junio, se han detectado casos sospechosos como ordenadores con votos repetidos, un utilizo irregular del censo y hasta audios en los que una edil de Podemos explica cómo hacer para recopilar códigos de los afiliados y presuntamente votar en su nombre en las primarias. Ést podría convertirse en una primera investigación judicial contra las votaciones internas de Podemos. Los denunciantes de momento se han amotinado declarando a Sara Carreño como lideresa interina a la espera de repetir la votación.

En el partido morado sostienen que la cúpula está preocupada por muchos de esos asuntos, y que incluso detecta por parte del PSOE cierta “inacción”. La venganza de los númerosos gestos de prepotencia de Iglesias dentro del ejecutivo de coalición, saben los socialistas, se sirve en plato frío.