​La Alianza de Mareas acusa a la Generalitat de buscar una mayor privatización de los servicios sociales

 

La Alianza de Mareas y Movimientos Sociales ha acusado al Govern de la Generalitat de haber puesto en marcha una serie de mecanismos para abrir la puerta a mayores privatizaciones en la gestión de los servicios sociales.

Además, consideran que el ejecutivo catalán ha actuado de manera oscura al aprovechar la actual situación de reactivación de la crisis sanitaria para 'colar' en un decreto esta normativa. Se trata del Decreto 69/2020, de 14 de julio, de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, por el que se legisla sobre la relación entre las administraciones públicas y las empresas proveedoras de servicios y que, según denuncia la Alianza de Mareas "abre la puerta a nuevas y más extensas privatizaciones".

En la acusación contra el Govern se añade, además, el hecho de que los cambios introducidos en ese decreto son los mismos que se tumbaron en el Parlament el pasado mes de febrero. En aquella ocasión, el vicepresidente Pere Aragonés vio como la Comisión de Economía del Parlament tumbó uno de sus proyectos estrella, que contó solo con los apoyos de los partidos que sustentan al Govern. Aquello no frenó los deseos del vicepresidente de poner en marcha su proyecto estrella, que ahora ha visto la luz por medio de un decreto.

ARBITRARIEDAD

Una de las principales acusaciones que la Alianza de Mareas hace contra este decreto es que propicia una "mayor arbitrariedad en la asignación por parte del gobierno a las empresas privadas. Apelando genéricamente a estos criterios ambiguos, se hace posible escamotear los pocos mecanismos objetivos de control social que actualmente existen en la contratación pública".

Además, consideran que esta norma reduce el control público sobre este tipo de contrataciones "bajo el pretexto de una mayor eficiencia y eficacia en la gestión administrativa" ya que se suprimen plazos y "se oscurece todavía más los procesos de contratación, ya caracterizados por su oscuridad, nepotismo y sospechas periódicamente evidenciadas de corrupción".

Otro de los puntos denunciados es el que alarga a diez años la acreditación de las entidades que opten a las concesiones sin explicar los mecanismos de control a los que deberán someterse, algo que sucede justo cuando la situación en las residencias de ancianos se ha evidenciado catastrófica durante la pandemia.

LEGITIMAR PRIVATIZACIONES

Según los denunciantes, las provisiones se realizarán mediante resolución del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y familia, por lo tanto, la empresa no tendrá que firmar ningún contrato". Lo que significa, acusa la Alianza de Mareas, que en realidad es la propia administración "quien se obliga con las empresas. Si estas dejan de estar interesadas, o incumplen y dejan las cosas a medias, no están obligadas por contrato a ningún tipo de obligación". Eso significa, denuncian, que las empresas mantendrán el servicio mientras les sea rentable y dejarán de prestarlo cuando les resulte deficitario, sin ningún tipo de responsabilidad.

También defienden que con la puesta en marcha de este decreto se contribuye a "legitimar privatizaciones que la Generalitat había venido realizando en los últimos tiempos y abrir la puerta a nuevas privatizaciones".

INFAME Y ANTIDEMOCRÁTICA

La plataforma califica esta acción de Govern como "infame y antidemocrática" y defienden la necesidad de eliminar las privatizaciones de los servicios públicos para que pasen a ser controlados directamente por la administración para intentar evitar que se vuelvan a producir situaciones como las que se han vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia.

También piden ayuda a los partidos políticos de la oposición que ya rechazaron en febrero la 'ley Aragonés, que actúen y denuncien la actuación del Govern. Además, aseguran que están preparando acciones para denunciar públicamente la puesta en marcha de este decreto.

Esta Alianza de Mareas y Movimientos Sociales la conforman la Alianza contra la Pobreza Energética, Marea Pensionista, Marea Blanca, Comisión Promotora RGC, Residencias 5+1, ATTAC Acordem, Plataforma SAD, Coordinadora de Asambleas de Trabajadores/as en Paro, No+Precariedad, Ascociación Hondureña de Barcelona, PAH, las Kelly's y OEPB.