La reforma del CGPJ: un parche inapropiado para un roto demasiado grande

Cuando la ciudadanía deja de tener confianza en la Administración de Justicia, el riesgo de ruptura del Estado de Derecho es muy grave. La convivencia social está basada en el equilibrio entre las tres columnas de la organización social que caracterizan los estados modernos, es decir, un parlamento integrado por la representación de los ciudadanos, que elabora las leyes, unas estructuras de poder ejecutivo que ejercen las tareas de gobierno, y una administración de justicia que ha de garantizar el respeto a la legalidad vigente no solo por la ciudadanía, sino también por los gobernantes y los legisladores.

Este marco de funcionamiento del Estado moderno que, por conocido, no nos debemos cansar de repetirlo, puesto que es base del funcionamiento de la democracia, se resquebraja cuando alguna de sus piezas deja de funcionar adecuadamente.

Tal es el caso que está aconteciendo con el Poder Judicial. Es curioso que las normas que regulan el funcionamiento de la justicia son las primeras piezas de la arquitectura institucional que históricamente se intentan destruir por quienes pretenden instalar modelos autoritarios. Lo hizo el nacionalsocialismo alemán, lo hizo el fascismo italiano y el comunismo soviético. Durante nuestra dictadura el sistema judicial se relegó a una mera Dirección General del Ministerio de Justicia.

Después de los desastres de la II Guerra Mundial las naciones de aquella Europa destruida tuvieron muy claro que un poder judicial independiente era una de las bases fundamentales para consolidar las nuevas democracias.

Los redactores de la Constitución Española también tuvieron claro este principio. De esta forma, al introducir un Consejo General del Poder Judicial a designar por el parlamento, se estableció que su principal misión habría de ser la de velar por la independencia de los jueces. Pero, con el devenir de los años, se ha ido colonizado esta institución por las cúpulas dirigentes de los partidos políticos y la independencia judicial se cuestiona constantemente por los medios de comunicación, especialmente en temas de trascendencia política.

El resultado es que, en vez de elegir para integrar el consejo a personas que por su mérito, capacidad y prestigio profesional y social puedan ejercer con independencia de criterio la función de ensamblar el poder legislativo con el judicial, se ha utilizado esta prerrogativa en algunas ocasiones para intentar influir en aquellos litigios que repercuten en sus intereses partidistas. Similar intento se ha vivido con otros organismos, como el Tribunal Constitucional el Consejo de Estado y otros órganos esenciales para el buen funcionamiento de la organización social.

La historia del CGPJ pone de relieve que, a pesar de que en la mayor parte de las veces se ha procurado mantener una cierta neutralidad en la designación de consejeros, vocales y magistrados, a partir de un momento determinado, que los analistas políticos han situado en fechas diferentes, se ha producido el desembarco en el CGPJ de determinados agentes políticos más o menos encubiertos, con finalidades muy diferentes a las previstas en la Constitución.

Debo reiterar que hay, y ha habido muy honrosas designaciones, pero que no por ello se salva lo pernicioso del sistema. La previa designación de candidatos por las asociaciones judiciales tampoco reflejó siempre el sentir de la carrera judicial, puesto que los candidatos tienen que pasar por el trámite de su “autopresentación” y no suelen tener muchas posibilidades de ser elegidos por las cámaras parlamentarias si no cuentan con el padrinazgo de uno de los partidos políticos que tienen posibilidades de elegir a sus candidatos. El elocuente wasap de Cosidó, que no puede calificarse como una mera anécdota, reflejó claramente, y sin complejos, la consagración de un sistema que, hay que decirlo, no es monopolio del partido popular, sino que ya viene instaurado desde hace mucho tiempo.

El tema tiene suma importancia. No solo están en juego los nombramientos de los magistrados de los altos cargos de la judicatura, sino que el CGPJ informa proyectos legales, marca la política judicial en muchos aspectos: selecciona la cobertura de vacantes, tiene a su cargo la selección inicial, la formación continua de los jueces y la inspección de los tribunales. Elije por designación directa el elenco de Letrados del CGPJ que gestiona nombramientos, ascensos, licencias, permisos etc.…, así como el importante ámbito de las relaciones internacionales y la cooperación judicial internacional.

Estaba claro desde hace muchos años que esta institución tan esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho terminaría por ser un campo de batalla de la lucha política partidista. Ha explotado en el peor momento en la historia de la joven democracia española, justo cuando a los tribunales de justicia se les han trasladado una gran cantidad de conflictos que deberían haberse evitado en un normal desenvolvimiento de la democracia, como los casos mediáticos derivados de la corrupción política, de la crisis bancaria, o de las reivindicaciones soberanistas de diversos territorios.

De alguna forma, los actuales gestores del partido popular han hecho un gran favor a la ciudadanía al destapar con crudeza este grave problema, aun cuando no ha sido la primera vez que ha saltado a la opinión pública. Ya tras el consejo de la mayoría absoluta de Aznar ocurrió lo mismo, por lo que es incomprensible que después de aquella experiencia (en la que la renovación de los vocales se demoró más de dos años) no se propugnase un pacto para la justicia cuando Rodríguez Zapatero tuvo la mayoría suficiente para reformar el sistema con los consensos necesarios.

Ahora, en forma de ocurrencia y sin sopesar las consecuencias colaterales que se iban a producir en el contexto de la ofensiva cainita que estamos soportando, se formula una proposición de ley poco meditada. Su único objeto es el de derogar el mandato del legislador constitucional que impone a la clase política la obligación ética de renovar la composición del organismo con las personas más adecuadas. Esta propuesta no solucionará nada y puede volverse en contra de los propios partidos que la han formulado porque, ante un futuro cambio en la conformación de las mayorías, será más fácil la colonización del CGPJ por el juego de los intereses políticos partidistas.

Pero ¿qué sistema puede implantarse para que no se produzcan los bloqueos que posibilita la exigencia de una mayoría reforzada? Es difícil, porque cualquier modelo puede ser bueno o puede ser nefasto, según se tenga la voluntad de cumplir la obligación de forma honesta, o de aprovecharse de las circunstancias sin sentido de Estado, para satisfacer la propia ansia de poder.

Sin necesidad de recurrir al método que instituyó la Iglesia Católica de encerrar a los diputados y senadores en un cónclave, con progresiva reducción de alimentos y bebidas para que se pongan de acuerdo más fácilmente en designar a las personas adecuadas, existen otras vías. Desde luego, la que obtiene una mayor aceptación es la de la mayoría de los sistemas anglosajones (algunos de ellos sin ley escrita). Se promueve a los candidatos ante el parlamento por diversas instituciones, con la aportación de sus méritos y capacidades, y se celebran sesiones abiertas a la ciudadanía para que puedan ser exhaustivamente examinados. La decisión ha de ser debidamente fundamentada y pueden ser sometidos a impeachment si no cumplen adecuadamente su función. En otros países de sistema similar al nuestro, si los diputados que están en las primeras listas de cada partido no son capaces de alcanzar los consensos necesarios para cubrir los órganos constitucionales en un plazo razonable, pierden automáticamente su escaño y quedan inhabilitados para ejercer su cargo parlamentario.

Los jueces en activo deben tener un protagonismo esencial, pero también en su justa medida, sin que se prime el corporativismo. En Portugal, Francia o Italia los jueces están presentes en el Consejo por medio de la elección directa de sus representantes por los propios jueces, con facultad de proposición de los sindicatos judiciales. Pero también están representadas otras instituciones y organismos sociales, desde las facultades de derecho, por supuesto, la abogacía, e incluso las asociaciones de consumidores o las de vecinos. Y también deben estar representados los partidos políticos como representantes genuinos de la ciudadanía en la forma proporcional que se determine, puesto que es un derecho de los ciudadanos conocer la ideología y la procedencia profesional y social de cada uno de los vocales del consejo.

Finalmente cabe decir que el gobierno ha propuesto un parche coyuntural con el propósito de remediar un “reventón” generalizado en un neumático. A ningún mecánico se le hubiera ocurrido una solución como ésta, máxime cuando ya están cubiertas las plazas más importantes en esta prórroga del partido que ha sido impuesta, en forma indefinida, por el equipo que va perdiendo.

Desde alguna asociación judicial se ha pedido a todos los vocales actuales, por supuesto a los doce que son de procedencia judicial, que presenten su dimisión y fuercen con ello a las cámaras parlamentarias para que negocien una solución urgente. La opinión pública no perdonaría nunca que se mantuviera esta obstrucción indefinida de las previsiones constitucionales. Sería lo más razonable y prestarían un servicio enorme a la institución. Por el contrario, si se mantienen en unos puestos ya caducados y el tema se aplaza “sine diae”, el daño al prestigio de la justicia será enorme. Máxime con el actual panorama de crisis institucional del propio Estado. La ciudadanía española no se merece esto. Los jueces que estamos en la trinchera y no aspiramos a ningún cargo, tampoco. ¡Por favor!.