Gabriel Carrión exhuma la documentación de la Brigada político-social del franquismo en “Fichados”

 

Una de las tareas más importantes entre las desplegadas por las fuerzas de seguridad del Estado durante el régimen franquista fue la persecución de la disidencia política, función que, sin merma del quehacer que pudieron desarrollar los institutos armados (Policía Armada y Guardia Civil), llevó a cabo principalmente un cuerpo civil, el entonces denominado Cuerpo General de Policía. Sus agentes integraron, dentro de la Dirección General de Seguridad y de las Jefaturas Superiores, los Departamentos o Brigadas de Investigación Político-Social, conocidos en el lenguaje coloquial de la época como «la Social». Gabriel Carrión ha investigado la actuación de esta unidad entre 1955 y 1957 y expone el resultado de su investigación en “Fichados. Los archivos secretos del franquismo” (Almuzara)

Se lamenta el autor de que la documentación de la Brigada Político-Social fuese destruida durante la transición por orden del ministro Martín Villa, circunstancia que dificulta el quehacer del investigador. En su caso ha podido suplir dicha carencia con la colaboración de algunos funcionarios policiales cuya identidad se comprometió a guardar y con la consulta exhaustiva de los Boletines internos que se publicaron como material de trabajo para dichos agentes. Todo ello da como resultado algunos datos ciertamente interesantes que se refieren bien a hechos que tuvieron importancia propia en aquellos asendereados años, bien a personajes cuya fama ha llegado hasta nuestros días.

Cabe destacar el estado de excepción decretado en 1969 a raíz de los primeros asesinatos de ETA (del Guardia Civil Pardines y del jefe de la Brigada Político Social del País Vasco, Melitón Manzanas), las desarticulaciones de la Asamblea General de Cataluña y del MPAIAC, el seguimiento de los españoles que participaron en el mayo francés de 1969 (entre ellos el manchego Manuel Castells, hoy ministro de Universidades), el atentado de la cafetería Rolando en la calle Correo de Madrid, la huelga de actores de la capital de España de 1975 e incluso a algún hecho tan irrelevante como el entierro en Méjico de Margarita Nelken. También incluye algún informe sobre determinadas organizaciones en su momento ilegales, tales el PCE, del que detalla algunas de sus polémicas internas, cual fue el caso de la escisión de Líster, o el FRAP. Se pregunta si Francisco Javier Iglesias Peláez, padre del actual vicepresidente segundo del Gobierno perteneció a esta última y responde que “técnicamente sí, pero como se pertenecía a cualquier movimiento en aquellos años… (aunque) la participación de Iglesias Peláez no fue como para ser tildada de «terrorista»”. Mucho más comprometida parece que fue la intervención de Pío Moa, hoy reputado polemista en el otro extremo del especto ideológico, pero entonces destacado miembro del FRAP, porque participó en las acciones de este movimiento y cita concretamente el asesinato de un policía armado, pero le descarga de responsabilidad directa en los secuestros Oriol y Villaescusa.

No faltan datos curiosos como la revelación de que la identidad de «Federico Sánchez» fuese descubierta por la policía gracias a Fernando Sánchez Dragó a través de “manifestaciones al margen de las diligencias que le eran instruidas por su participación en una organización denominada «Alianza Democrática Popular Española»”, puesto que en conversación habida con los funcionarios que intervenían en el caso identificó a Semprún mediante una foto aparecida en un periódico con motivo de la obtención del premio Formentor.

También aparecen referenciados personajes hoy destacados, pero que en su juventud militaron en movimientos ilegales o participaron en actividades consideradas subversivas, como el acaudalado empresarios Santiago Roures, que perteneció sucesivamente al PSUC y a la Liga Comunista Revolucionaria; la magistrada y luego miembro del Consejo General de Poder Judicial Montserrat Comas, detenida por hacer pintadas callejeras; la abogada Pilar Bravo y el dirigente Simón Sánchez Montero, ambos comunistas y luego diputados; el dirigente del PSUC López Raimundo, el destacado profesor Rafael Argullol o José Antonio Sánchez Ferlosio, hijo del exministro Sánchez Mazas. Y recuerda a algunos periodistas catalanes que estuvieron fichados (Santiago Nadal, Horacio Sáenz Guerrero, Enrique Sopera o Mateo Madridejos)

Carrión no exculpa todo lo que hicieron quienes fueron detenidos por la policía y al referirse a las ejecuciones de Puig Antich y de Michael Welzel por sendos asesinatos, afirma que “sin estar de acuerdo con la pena de muerte, tampoco estoy a favor de que ningún acto criminal quede sin castigo”.

En el debe del ensayo que comentamos habría que citar que, junto a documentación primaria inédita, el autor recurre con excesiva asiduidad a wikipedia, que no es una fuente excesivamente fiable. También sorprende un excesivo desorden, puesto que los capítulos no se ajustan a ningún seguimiento ni temático, ni cronológico. Y cabría añadir que, de toda la documentación que revela, no es plausible deducir, al menos en su literalidad, el apriorismo que formula al principio de su libro de que “la Brigada de Investigación Social «suicidó», asesinó, detuvo y mutiló física y psicológicamente a millones de personas en este país durante años”.