El bloqueo de la justicia

La ciudadanía observa perpleja las batallas que los partidos políticos libran en el ámbito de la justicia. Es un capítulo nuevo cuyo trasfondo no es otro que el del ansia de control sobre el tercer poder del Estado de Derecho mediante la colonización del CGPJ, órgano previsto en la Constitución para garantizar la independencia de los jueces.

Es la segunda vez en la historia de nuestra democracia que un partido político que ha perdido la mayoría parlamentaria ejerce un derecho inexistente a bloquear la renovación del Consejo General porque, de esta forma, mantiene fraudulentamente la mayoría en el órgano de gobierno de los jueces que consiguió en un periodo electoral anterior. El “botín” es doble, por una parte, poder cubrir a su arbitrio las vacantes del Tribunal Supremo y las presidencias de los más altos tribunales del Estado; por otra parte, la de emitir informes a las leyes que elabora el Parlamento, frecuentemente contrarias a la propuesta gubernamental. De esta forma, un CGPJ ya obsoleto fue el principal frente de oposición a la gestión política del presidente Rodríguez Zapatero al inicio de su mandato, y lo vuelve a ser en este momento frente a las políticas de la llamada coalición progresista del presidente Sánchez.

El resultado que se produce es el desprestigio de la Justicia (en mayúsculas) que no es el CGPJ, sino que el trabajo que en condiciones lamentables es administrada por más de cinco mil jueces que nada tienen que ver con estas maniobras políticas torticeras, y que soportan la ira de la ciudadanía -el congresista Rufián calificaba nuestra justicia de “basura”- con una carga de trabajo insostenible por una carencia de medios vergonzosa, y una fragmentación de la gestión de los juzgados y tribunales basada en la kafquiana división de competencias entre el ministerio de justicia, las consejerías de justicia de las comunidades autónomas y el CGPJ. ¿Alguien concibe que una empresa sea gestionada por tres directivos diferentes y enfrentados entre sí? ¿Alguien concibe que las personas que tienen la responsabilidad de juzgar no tengan voz ni capacidad de incidir en la que, a nivel del Consejo de Europa, se denomina “management court”?     

Fachada del edificio del Consejo General del Poder Judicial - @EP

La responsabilidad de lo que ocurre no es únicamente del Partido Popular, hay que remarcarlo, porque esta situación ha sido consentida por el Partido Socialista cuando ha tenido la oportunidad de colonizar el CGPJ o las consejerías de justicia autonómica con sus más fieles adeptos. De hecho, ha tenido mayorías parlamentarias suficientes para modificar la ley y ha preferido perpetuar el sistema del que enorgulleció Alfonso Guerra cuando proclamó el “Montesquieu ha muerto”. 

No se debe olvidar que la clave que posibilita el sistema de separación de poderes en el Estado de Derecho radica en el principio supremo de que “el poder ha de controlar al poder”. La importancia que para el sistema ideado por Montesquieu en “El Espíritu de las leyes” tiene la independencia del poder judicial es, precisamente, porque los jueces son los garantes de la libertad y de los derechos fundamentales. Para ello debe estar separado tanto del legislativo como del ejecutivo. Si se une al legislativo el juez se confunde con el legislador. Si está al servicio del poder ejecutivo, el gobierno puede oprimir al pueblo sin que nadie ejerza el control de que sus acciones se ajustan a los mandatos de la ley. Al mismo tiempo, los jueces no gozan de una independencia arbitraria, sino que tienen que fundamentar sus actuaciones y sus decisiones en el marco legal establecido por el poder legislativo y son responsables de sus decisiones. En definitiva: el sistema está basado en el principio de la desconfianza recíproca entre los poderes, por cuanto cada uno de ellos debe vigilar que los otros no se extralimiten en la esfera de poder que ejercen.

Para impedir que el partido político (o la coalición de partidos) que ha obtenido una mayoría simple en el parlamento elija a las personas que han de garantizar a la ciudadanía la independencia judicial y el respeto a los principios constitucionales, el mandato implícito de la carta magna es inequívoco: para los nombramientos de las personas que han de ocupar los cargos en estas instituciones, de tan enorme importancia para el funcionamiento del Estado de Derecho, se requiere una mayoría reforzada en grado máximo. Es decir: es necesario que los parlamentarios se pongan de acuerdo. En una expresión que se ha puesto de moda, es el “sí o sí”, lo que quiere decir en las democracias consolidadas que las personas que han de ocupar estas altas magistraturas, deben gozar de un prestigio humano y profesional fuera de toda duda, libre de toda sospecha. Por lo que se refiere al CGPJ el mandato constitucional establece que una parte significativa de estas personas deben representar a la carrera judicial.

Este mínimo consenso parece que no es posible porque se ha instalado una peculiar democracia “a la española”  basada en la constante crispación, en la guerra sin cuartel conta el adversario político, transformado en el enemigo a batir por todos los medios. Desde hace casi tres años estamos padeciendo un nuevo bloqueo, por segunda vez protagonizado por el PP, que ha sido replicado por la mayoría gubernamental con el proyecto de una reforma legal que de ningún modo da solución al problema.

Pese a las advertencias de la Unión Europea, nos encontramos en un callejón sin salida del que únicamente se puede salir con un histórico pacto por la justicia que no se limite al reparto de vocalías en el CGPJ y en el TS. Se ha tocado fondo, puesto que el nivel de respeto que debería tener el sistema judicial ha caído a los mínimos históricos en unos momentos en los que se necesita más que nunca confiar en los jueces para que ejerzan su papel de garantes de los derechos fundamentales de la ciudadanía y del Estado de Derecho. No existen en Europa unos estándares mínimos en el diseño del CGPJ, en muchos países ni siquiera existe este órgano de administración de los jueces, sino que se siguen otros procedimientos. En otros países de tradición anglosajona es una comisión parlamentaria la que ejerce estas funciones sin que se produzcan los bloqueos políticos que sufrimos en España. Se reclama una nueva ley, pero será inútil sin el sentido de la responsabilidad de la clase política para acometer, de una vez por todas, la reforma integral del sistema de justicia que quedó como la gran asignatura pendiente de la transición.   

11/06/2021 NOTA REDACCIÓN:  CATALUNYAPRESS informa a sus lectores que eliminará cualquier comentario que pueda tificarse como injurioso.