La batalla contra la violencia de género

@EP

Es muy preocupante que la sociedad únicamente reacciona frente a la violencia de género cuando se produce un crimen execrable, al igual que pasa con el terrorismo o con la inmigración. Los medios de comunicación movilizan a la ciudadanía tras un atentado cruento, o cuando aparecen cientos de personas ahogadas en el mar, o asfixiadas en el contenedor de un camión.

Pero también se debería reflexionar sobre la utilidad de las movilizaciones que en estos casos se organizan desde las instituciones, fundamentalmente dirigidas a promover manifestaciones de repulsa que, aun cuando pueden tener una finalidad taumatúrgica, en el sentido de que sirven para vehicular la sensación colectiva de impotencia y de dolor, sirven muy poco para dar consuelo a las víctimas.

En estas ocasiones es frecuente que los líderes políticos, que suelen ocupar los primeros puestos detrás de las pancartas, no se limitan, como ha sido siempre, a acompañar a la ciudadanía en una marcha silenciosa de solidaridad popular. Tampoco se suben al podio a comprometerse a emprender las acciones de gobierno eficaces para que no vuelvan a suceder estos hechos luctuosos o para la reparación de las víctimas. Lo que estamos presenciando, cada vez con más frecuencia, es que se aprovecha la ocasión para intentar cosechar el apoyo de la multitud a sus opciones políticas. Esta imagen de líder aplaudido por las masas es la que, de inmediato, se va a publicitar en todas las televisiones y en las redes sociales.

La consecuencia de este modo de proceder es que, lo que es una manifestación unitaria de la ciudadanía que expresa la solidaridad con las víctimas, se convierte en una especie de mitin partidista que, de inmediato, es contestado por los políticos de la oposición. Así hemos asistido al espectáculo lamentable de que, en medio de la consternación que producen los recientes crímenes, mientras que por una parte se presenta el balance del número de niños y niñas asesinados por los padres maltratadores, como demostración de la necesidad de la línea política que se defiende desde el gobierno respecto a la violencia de género, por la oposición se publica inmediatamente a los cuatro vientos el balance de los niños y niñas asesinados por las madres como argumento para desprestigiar y señalar la ineficacia de las iniciativas legislativas en este campo.

Es necesario y urgente que no se utilicen los datos estadísticos de las personas asesinadas de forma partidista, y que no se culpe a las fuerzas de seguridad ni a los jueces y fiscales de lo que es, sin duda, una de las epidemias sociales más preocupantes de las que golpean nuestra sociedad. A nadie se le ocurre culpar a los médicos por el elevado número de muertos por la COVID-19. Son otras causas, que es necesario identificar y buscar, para que sea eficaz erradicar la violencia asesina que se produce en el entorno de las rupturas de pareja.

Los asesinatos que todas las personas de cualquier adscripción política lamentan no se producen únicamente en nuestro país, ni son consecuencia única del machismo estructural, aun cuando sea un factor importante. Tampoco son una consecuencia de la inmigración, como desde algunos sectores políticos se pretende señalar. Son un problema social complejo que se debe analizar como tal, teniendo en cuenta que existen dimensiones distintas y muy diversas. La perspectiva de género es importante, pero también se ha de profundizar en la perspectiva sociológica, económica, psicológica, psiquiátrica, jurídica, cultural, etc.…,.

Lo que hemos aprendido hasta ahora es que únicamente endureciendo las penas a los maltratadores no es suficiente: en un número importante de casos los asesinos se suicidan o no les importa pasar el resto de sus días en la prisión. La ampliación de los efectos de las condenas para que se inhabilite a los maltratadores en el ejercicio de la patria potestad, es una medida lógica que ya se viene adoptando por los jueces, pero que tampoco será la panacea. Fomentando las denuncias contra el maltrato, es obvio que es importantísimo, pero tampoco es suficiente.

Se deben implantar medidas preventivas eficaces. Al cáncer no solo se combate desde los quirófanos, sino fundamentalmente con la prevención. En ese empeño debe colaborar toda la ciudadanía sin excepción. No tiene el monopolio de esta lucha ningún sector de la población ni se avanzará a base de manifestaciones que reivindiquen la venganza ni la justicia feminista, aun cuando sea importante como medio de concienciación ciudadana. Y es necesario que todas las profesiones, pero fundamentalmente las personas que trabajan en el campo de los medios de comunicación, de la enseñanza, de la medicina, de la psicología, de la abogacía, de las fuerzas de seguridad y del trabajo social, se impliquen en este reto de toda la sociedad.

Pero, sobre todo, creo que la clase política, especialmente quienes tienen responsabilidades legislativas y de gobierno, se comprometan en dos cosas importantes: la primera es que no se utilice a las víctimas en la lucha política partidista; y la segunda, es que se implante, de una vez por todas, la jurisdicción especial de familia con jueces eficazmente formados en la gestión y pacificación de los conflictos. 

Los juzgados de violencia sobre la mujer son necesarios para castigar a los maltratadores, pero esto es insuficiente. Es necesario evitar que estos hechos se produzcan y para ello es fundamental un cuerpo judicial en el ámbito civil especialmente formado para detectar los riesgos antes de que tengamos que seguir lamentando las atrocidades que los noticiarios nos han puesto de relieve estos días.