Los costes de la crisis BPA

Hace unos pocos días, el gobierno de Andorra hizo público su cálculo del coste directo de la crisis financiera abierta con el caso de la Banca Privada (BPA) y avanzó la cifra de 21,6 millones de euros, Comparada con un presupuesto general de gasto para este año de más de 400 millones de euros puede parecer relativamente exigua, pero no lo es tanto.

Hace unos pocos días, el gobierno de Andorra hizo público su cálculo del coste directo de la crisis financiera abierta con el caso de la Banca Privada (BPA) y avanzó la cifra de 21,6 millones de euros, Comparada con un presupuesto general de gasto para este año de más de 400 millones de euros puede parecer relativamente exigua, pero no lo es tanto.

Y no es tan pequeña, porque los costes indirectos son mucho más elevados, en imagen global de la plaza financiera, aunque no se añadieran las que puedan resultar en caso de que los socios mayoritarios de la entidad intervenida ganaran su demanda de indemnización que pasa de los 500 millones, o las compensaciones a los clientes perjudicados por el «corralito», unos 300 de los cuales ya han visto admitida por la Alcaldía (tribunal de primera instancia), con la puerta abierta para que se vayan añadiendo más titulares de cuentas o depósitos.

En cuanto a los más de veinte millones a pagar directamente, la información gubernamental añadía que irían a cargo de la nueva entidad encargada de resolver el futuro de la BPA, la agencia de reestructuración bancaria (AREB) y, si ésta no pudiera afrontarlo lo, el mismo ejecutivo concedería un crédito-puente; en todo caso, el pagador tendría una preferencia relativa entre los acreedores del banco que finalmente se reconozcan.

A pesar de los aplazamientos atribuidos a la dificultad de controlar la legalidad de los fondos totales de los clientes, más de 23.000, el informe de Price Waterhouse and Cooper (PwC), la fiscalizadora independiente, deberían estar «al caer», si es que no se han entregado ya a las autoridades, y en todo caso, deberían hacerse públicos antes de que acabe el año. Este trabajo de fiscalización, por otra parte, es la partida más importante del conjunto del gasto directo, 13 de los 21,6 millones estimados.

Los procedimientos judiciales no se limitan al examen de las demandas de supuestos perjudicados indebidamente. El ex director general y consejero delegado Juan Pablo Miguel, a pesar de la nueva solicitud de sus defensores, ha visto denegada la libertad provisional por tercera vez desde que fue detenido el 13 de marzo, seis meses y medio después.

La alcalde Canòlic Mingorance, que instruye el caso, ha vuelto a emplear los mismos argumentos de las dos veces anteriores: aunque podría destruir pruebas que no se han acabado de obtener, la alarma social y el riesgo de fuga del acusado .

Los documentos de la instrucción pasan ya los ocho mil folios y el principal delito imputado sería el de blanqueo de dinero continuado, con el agravante de actuar mediante un grupo organizado, como supuesto «cerebro», y en el marco de un establecimiento bancario.

Si bien el examen de los capitales y de las investigaciones efectuadas hasta ahora no se habrían encontrado nuevas ilegalidades, fuera de las denunciadas desde Estados Unidos, y ya investigadas también por la justicia española: con respecto a la red del supuesto mafioso chino Gao Ping, su colaborador, el empresario Rafael Pallardó tendría 474 operaciones por un total de 68 millones de euros, transferido después desde Andorra en China.

El optimismo mostrado por el gobierno y por Key Capital Partners (KCP), la empresa española encargada de la compra del Valle Banco, lo que reste de capital «limpio» deberá demostrarse a la hora de la verdad. Aunque KCP informó hace tiempo que sus estimaciones sobre el número de aspirantes y pasarían de las entre cinco y diez el primer momento a una veintena, al margen de la iniciativa de un grupo de trabajadores y ciudadanos de crear una cooperativa financiera para repartirse el nuevo accionariado. Pero cualquier operación de venta queda pendiente de conocer el volumen final y definitivo del valor de la nueva entidad. Y nada quita, según Quíos cuales sean los nuevos titulares, un mantenimiento de la desconfianza de los clientes en la entidad resultante, que los haga trasladar sus fondos a otras empresas financieras.

Embargo, cuando la resolución final del caso permita el consentimiento de las autoridades internacionales en la reanudación de las operaciones y la recuperación de los fondos invertidos o depositados en el extranjero que los clientes de la BPA siguen teniendo bloqueados. Por el momento, la paralización de negociaciones Bursa ya les está causando pérdidas importantes, por las recientes e importantes bajadas de los valores.

Y aún hay más: según una fomt solvente de otro banco, los clientes que llevaron fondos a la BPA desde el extranjero sin declararlos en el país de origen (muy mayoritariamente de España) tienen cerrada la ventanilla para reingresar los mismos en el resto de bancos andorranos, escarmentados en ningún ajeno. O sea que en caso de pérdidas finales, más que probables aunque no grandes según las previsiones, no podrían empezar a recapitalizar sus fondos fuera de la misma nueva BPA, se llame como se llame, si es que no termina declarada inviable y liquidándose.