Capítulos decisivos del serial BPA

La retirada de anuncios con el caballo al galope distintivo de la Banca Privada de Andorra (BPA) creó una sensación de cierre de la entidad. Y todavía no. Las sucursales continúan abiertas, aunque se mantiene el «corralito» y una parte de los empleados fueron interrogados en los puestos de trabajo en relación al asunto, aunque en parte se acogieron al derecho de no declarar.

La retirada de anuncios con el caballo al galope distintivo de la Banca Privada de Andorra (BPA) creó una sensación de cierre de la entidad. Y todavía no. Las sucursales continúan abiertas, aunque se mantiene el «corralito» y una parte de los empleados fueron interrogados en los puestos de trabajo en relación al asunto, aunque en parte se acogieron al derecho de no declarar.

La jueza Canòllich Mingorance ya ha levantado en parte el secreto del sumario. El grueso de la investigación desvelada (94 clasificadores) corresponden al caso judicializado también en España sobre la supuesta mafia china encabezada por Gao Ping. Hay 22 más, sobre el asunto más genérico, y sumados equivalen en papel a decenas de miles de folios.

Por la rama china hay un mínimo de nueve personas imputadas, siete hombres y dos mujeres, la mayoría altos cargos de la BPA y la base de las acusaciones están relacionadas con el empresario Rafael Pallardó, que habría sido uno de los principales intermediarios y que habría aportado confesiones trascendentes.

Durante tres años, hasta 2014, se transfirieron a China a través del banco andorrano entre 200.000 y 300.000 euros semanales. Además, y esta es la primera imputación conocida al ex consejero delegado y director general Joan Pau Miquel -que habría recibido en dos envíos 380.000 y 254.000 euros- se habría llevado a cabo la práctica prohibida llamada compensación y que consiste en intercambiar fondos de dos clientes, uno en España y otro en el prinicipio pirenaico, sin moverlos físicamente. El español cedía parte de su capital al andorrano en la entidad española y el andorrano pasaba parte de su cuenta en el país al otro interesado. O a la inversa.

La defensa de los banqueros argumenta que ésta ha sido una práctica «de toda la vida» en las entidades financieras andorranas, y que no estuvo tipificada como delito en el código penal del país hasta el año pasado. La fiscalía replica que el delito -antes de penalizarlas- no eran las compensaciones, sino el haberlas usado para blanquear dinero de origen ilícito.

Con todo ello, Joan Pau Miquel no sólo ha visto denegada la petición de libertad, sino que la misma jueza ha prolongado la prisión provisional para cuatro meses más (el máximo previsto en la legislación nacional es de dos años).

Al mismo tiempo, se han conocido otros hechos importantes. Como BPA era el único que vendió «preferentes» en el país. Que ya se ha constituido el "banco bueno", de momento pçublico, en espera de que lo vuelvan a reconocer corresponsales extranjeros para que los clientes puedan recuperar el valor de fondo y depósitos foráneos

Los trabajadores, según su abogado y portavoz único, el ex decano del colegio nacional Manuel Pujades, esperan un acuerdo definitivo con la Agencia reguladora (Areb) -encargada de dar salida al asunto-, el último día de este julio, con la esperanza de mejorar las condiciones que marca la ley para los despidos, de 24 días de sueldo por año trabajado.

Una nueva iniciativa local es la propuesta de crear, con el banco sano, uno del modelo Raiffeisen (donde los accionistas son, en forma de cooperativa, ciudadanos privados y los mismos empleados). Dicen que es un formato que funciona con éxito en Suiza, Austria, Alemania, Luxemburgo, Finlandia y Singapur.

Una fuente bancaria de prestigio no es nada optimista, ni respecto a esta solución, ni del futuro laboral de los empleados de la banca afectada, ni de la posible adquisición de lo que se pueda salvar por parte de un banco extranjero de prestigio, opción favorita del gobierno y de los mismos trabajadores. Es más, ve difícil que si se levantan de un día para otro las limitaciones de recuperar los fondos depositados, el escape -y la descapitalización añadida- sería masiva.

La única salida que el interlocutor considera viable -además de la liquidiación- es la adquisición de lo que quede de la BPA -el todo, o dividido en partes- por otros bancos andorranos, sobre todo para Morabanc y Crédito. Porque no ve que ninguna entidad foránea se pueda acabar interesando. El intento, hace años, de abrir el sector en Europa, con los ojos especialmente puestos a Francia, no tuvo más resultado que la llegada de Banco Sabadell.

Si la auditoría exhaustiva de los fondos de la entidad cuestionada la lleva la entidad norteamericana Price Waterhouse & Cooper (PwC) y se espera que la cierre el próximo mes, las gestiones para encontrar un comprador de BPA han sido encomendadas a la compañía española Key Capital, con la consigna de no conceder preferencia al precio de venta, de esquivar los «fondos buitres» y de elegir una marca del máximo prestigio posible para hacerse cargo. La adjudicación ha sido prevista para el otoño, entre los meses de septiembre y noviembre.

Y este es el plazo provisional para terminar el serial en los aspectos político y financiero. Los múltiples fondos judiciales son ya una harina de costal muy diferente.