Pujol Ferrusola, la BPA y los juegos

Todos los datos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola (el hijo mayor del ex presidente) han sido enviados ya a la justicia española, por decisión del Tribunal de Cortes, segunda y definitiva instancia judicial en el sistema andorrano, donde el recurso contra una sentencia de la Alcaldía (primera instancia) sólo puede ser recurrida a éste o al Superior, salvo el intento de obtener amparo (que se concede muy excepcionalmente) del Tribunal Constitucional.

Todos los datos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola (el hijo mayor del ex presidente) han sido enviados ya a la justicia española, por decisión del Tribunal de Cortes, segunda y definitiva instancia judicial en el sistema andorrano, donde el recurso contra una sentencia de la Alcaldía (primera instancia) sólo puede ser recurrida a éste o al Superior, salvo el intento de obtener amparo (que se concede muy excepcionalmente) del Tribunal Constitucional.

La instructora fue la alcalde María Ángeles Moreno y hace algunas semanas el imputado aceptó que se trasladaran al sistema judicial del Estado vecino los datos entre los años 2004 y 2014, al considerar que antes de la primera fecha, el supuesto delito habría prescrito.

Esta limitación no ha sido aceptada por el Tribunal de Cortes, que enviará todo el historial, que habría comenzado a partir de la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado.

Sin embargo, hay que recordar que los datos facilitados desde Andorra, por normativa internacional, no se podrán utilizar para declarar culpable a Pujol Ferrusola del delito de evasión de capitales y fraude fiscal, que no existe como figura en el código penal del principado pirenaico. Sólo podrían tener efectos probatorios si se demostrara que los fondos fueron obtenidos ilegalmente, como fruto de otro delito de los habitualmente relacionados con la corrupción o con prácticas penadas en otras leyes sobre actividades económicas.

El largo historial bancario facilitado incluirá las cantidades y movimientos del mismo titular tanto en Andbank, donde operaba inicialmente, como la Banca Privada (BPA) en el que los miembros de la familia investigados trasladaron más tarde todos sus fondos.

El serial de la BPA y las supuestas lavadas de capitales procedentes de bandas internacionales de delincuencia organizada, se diría que está llegando a los capítulos finales de la primera temporada, hablando en términos de televisión.

El AREB, la agencia estatal andorrana creada para la reestructuración o resolución de entidades bancarias, ha recibido -según fuentes solventes- un primer informe donde se concluye que no hay más depósitos «negros» que los conocidos y objeto ya de procesos judiciales en España y Venezuela, de China, Rusia y el estado iberoamericano.

Con ello, ha llegado a la conclusión provisional de vender la entidad «sana» -con todo lo «incontaminado» - y cargar las pérdidas y responsabilidades sobre los fondos «malos» a los accionistas del banco.

Otra entidad financiera del mismo país, Morabanc, se ha manifestado dispuesta a la adquisición y hace meses el Gobierno del país anunció que, además, había dos empresas financieras extranjeras interesadas en realizar la operación.

Los trabajadores de BPA ya se han pronunciado en contra de la primera y a favor de la segunda de las ventas, con la hipótesis lógica que si el comprador fuera otro banco andorrano, le sobrarían oficinas y trabajadores, como ocurre ahora en el Principado vecino con las y los de CatalunyaCaixa, una vez integrada en el BBVA. Por el contrario, si pasa a una entidad extranjera, se supone que la posibilidad de mantener abiertas dependencias y contratados empleados actuales sería mayor.

De momento, el personal ha recibido con satisfacción y esperanza la noticia de que los administradores de la liquidación del filial Banco Madrid han aceptado pagar unas indemnizaciones a los empleados cesantes de 33 días por año trabajado con un mínimo (no un máximo como en tantos otros casos) de 20.000 euros, si la información publicada es exacta.

Decimos que llegan los últimos capítulos de la temporada porque, contra la actuación de la AREB ya han presentado demanda, aceptada por la Alcaldía, los principales accionistas de la BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, y el director general y consejero general Joan Pau Miquel.

Este es sólo uno de los litigios, a varias bandas que durante meses, si no años, ocuparán los tribunales andorranos. Hay también las diversas querellas de grupos de clientes perjudicados con pérdidas directas o por la imposibilidad de operar con normalidad y retirar los fondos y el contencioso con los trabajadores que, en principio, han recibido garantías del Gobierno de preservación de sus derechos.

Y a todo esto se ha añadido el anuncio del ejecutivo que preside Antoni Martí, en este accidentado inicio de legislatura, que para el próximo verano estará listo el pliego de condiciones para adjudicar la gestión del nuevo casino, y que su intención es cerrar, mucho antes al inicio del 2016, el acuerdo con las entidades e instituciones de los Estados vecinos para regularizar y normalizar las ventas de loterías y apuestas del organismo de loterías español, del catalán, el cupón del organización de los ciegos (ONCE) y los productos de la Française des Jeux. Pero esta es otra historia.