La oportunidad perdida

La expectación que se ha generado respecto a la renovación de los órganos constitucionales ha sido enorme. Es el aspecto positivo de la crisis generada por el bloqueo del Partido Popular que, según repetía insistentemente, exigía la superación de la dinámica de reparto de los cargos de las altas magistraturas del Estado.

Sin embargo, la decepción producida al darse a conocer los nuevos nombramientos para el Tribunal Constitucional ha dejado por los suelos los ánimos de la ciudadanía. Al menos de quienes esperábamos que se optase por unas personas que, además de una alta cualificación profesional en el campo del derecho constitucional, tuviesen también un perfil que avalase su neutralidad e independencia.

Tribunal Constitucional /@ep

La indignación en el sector jurídico, en general, ha sido mayúscula. Con independencia de la trayectoria profesional de algunos de los designados -no de todos- que es indiscutible, y que son excelentes profesionales, el problema sigue siendo el método. La elección pertenece a los parlamentarios y no a los líderes o asesores de los partidos políticos que se han apropiado indebidamente de esta función. Después de los tres años de retraso en la renovación por las causas alegadas por el partido popular, se tendrían que haber respetado ciertos requisitos y, al menos, las formas, que en derecho a veces son esenciales.

La ley establece que los candidatos deben ser propuestos por los parlamentarios, con independencia del partido al que pertenezcan. Seguidamente, por las comisiones correspondientes del congreso y el senado, se ha de realizar la investigación y análisis en profundidad respecto de la concurrencia de las condiciones legales de mérito y capacidad -en condiciones de igualdad-. En la última fase, la que se denomina en el léxico parlamentario la de la “lista corta”, se han de convocar los preseleccionados para una comparecencia personal para que se les puedan formular preguntas y se indague por las circunstancias pertinentes para que todos los ciudadanos, a través de los parlamentarios, puedan tener conocimiento de su alta cualificación para desempeñar el cargo de magistrados del TC. Estas son las condiciones mínimas para elegir con transparencia a los mejores y a los más idóneos para la ejercer la sagrada función de garantizar el respecto a la constitución por todos los demás poderes del Estado -incluido el poder legislativo-, con independencia y neutralidad.

Lejos de obrar de este modo, dos personajes que trabajan entre las oscuras bambalinas de las cúpulas de los dos partidos políticos mayoritarios, se han repartido con nocturnidad los puestos vacantes del TC para que sean ocupados por personas afines a los intereses de sus respectivas organizaciones políticas. Después, sin ningún sonrojo, lo han dado a conocer a los medios de comunicación con absoluta falta de respecto a los diputados y senadores, sobre los que recae la responsabilidad última del nombramiento.

De los designados, el partido político que realizó el bloqueo apelando a la salvaguarda de la independencia de la justicia, ha elegido a dos personas cuya característica fundamental es una fidelidad inquebrantable al PP acreditada históricamente. El otro partido nunca debió ceder a este singular chantaje porque, aun cuando ha propuesto a dos profesionales de reconocida solvencia profesional, ambos son susceptibles de ser tachados de parcialidad por su trayectoria judicial en los casos en los que han intervenido.

Desde luego, este no es el camino para que se recupere la autoridad moral de las sentencias del TC. Queda en entredicho la autoridad moral de la institución, en cuanto a la imparcialidad y neutralidad que ha de tener el órgano intérprete de la Constitución. Este sistema de elección va a seguir siendo considerado una vía para la politización de la justicia constitucional. En resumidas cuentas: un descalabro para nuestro maltrecho Estado de Derecho.

El colofón final es que, además, se mantiene indefinidamente el bloqueo para la renovación del CGPJ. La gravísima situación de la justicia en nuestro país no es motivo de preocupación para los dirigentes del PP, que esconden su verdadero propósito: que no se renueve este esencial órgano, creado para garantizar la independencia judicial, hasta que cambie a su favor la correlación de fuerzas en el parlamento.

La invocación a la elección de la mayoría de los vocales por los jueces que pregona el PP puede garantizarse ya, de forma efectiva, mientras se reforma la ley, con las candidaturas ya proclamadas por las asociaciones judiciales.

Las presidencias del congreso y del senado no tienen por qué esperar a que sus líderes alcancen un turbio acuerdo extraparlamentario. Nada les impide iniciar, por el trámite de urgencia, el examen de los treinta y seis candidatos que ya se propusieron hace más de tres años por el colectivo judicial, y los propuestos por los partidos políticos para los otro ocho puestos que les corresponden. Se pueden votar en los respectivos plenos, siempre que se comprometan todos a nombrar a los más votados, con los índices correctores razonables para asegurar la mayor representatividad. En muy poco tiempo el problema estaba solucionado. Pero la regla de la mayoría de los tres quintos lo impide y es la baza que faculta a quienes se han de calificar como anti-constitucionalistas para mantener el bloqueo.

De nuevo surge la pregunta: ¿Hasta cuándo? ¿Tendrán razón los que proponen que la elección sea por sorteo? Sinceramente me resisto a creer que no sean conscientes de que están arrastrando nuestra democracia por los suelos por su incapacidad para cubrir las vacantes del CGPJ. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Son tan irresponsables?