El gran laberinto andorrano

Para buscar una solución a la grave crisis de Banca Privada (BPA), gobierno, organismos públicos, tribunales y auditores se encuentran en un enorme laberinto, mientras continúa la extensión internacional. Empezando por la última, Julio Montoya, un diputado venezolano de la oposición al chavismo se ha desplazado a Madrid, y visitará Andorra para conocer la realidad del caso en entrevistas a los investigadores y poder actuar políticamente -si es que tal en el país de origen.

Para buscar una solución a la grave crisis de Banca Privada (BPA), gobierno, organismos públicos, tribunales y auditores se encuentran en un enorme laberinto, mientras continúa la extensión internacional.

Empezando por la última, Julio Montoya, un diputado venezolano de la oposición al chavismo se ha desplazado a Madrid, y visitará Andorra para conocer la realidad del caso en entrevistas a los investigadores y poder actuar políticamente -si es que tal en el país de origen. En defensa del banco, se había publicado que el grueso de los fondos fueron desbloqueados hace años, al comprobar los tribunales que no había irregularidades. Pero el Diario de Andorra, en una especie de réplica implícita, aseguraba que siguen bloqueados, también por decisión judicial, dos millones de dólares del grupo de ese país liderado supuestamente por el comisario de policía Norman Danilo Puerta Varela, jefe de la unidad antidroga venezolana.

En los casos conocidos se ha añadido, según el mismo medio, los depósitos de varios ahorradores argentinos (varios centenares), colocados a la entidad del principado pirenaico a través de dos casas de cambio ubicadas en Mar del Plata y Bahía Blanca. Entre los afectados hay desde una jubilada que había ahorrado dos mil dólares, a empresarios que habían reunido uno o dos millones, hasta unos doscientos, contados en la divisa americana.

Uno de los responsables de la oficina de Mar del Plata vino a Andorra hace unas semanas, para informar a ella y, tras contactar con un abogado local para reclamar los fondos, volvió al lugar de origen para recoger los poderes del mayor número de clientes posible para poder actuar judicialmente.

Un nuevo frente, pues, en este ámbito donde ya hay los hay para dar y tomar: la investigación sobre las supuestas irregularidades de los directivos del banco, con el consejero delegado y director general mantenido en prisión; la demanda de los propietarios mayoritarios porque impugne la intervención y para reclamar 600 millones de euros por daños y perjuicios; las crecientes que van presentando los clientes, para reclamar su dinero; además del inicio de la actuación en defensa del colectivo de trabajadores para intentar preservar sus derechos, especialmente los puestos de trabajo.

En cuanto a las instancias políticas, los tres partidos de la oposición en el Consejo General (parlamento) han pedido la creación de una «comisión de encuesta» sobre las medidas adoptadas por el órgano controlador del sistema financiero (INAF) y el mismo ejecutivo, empezando por la intervención de la entidad. La falta de acuerdo inicial sobre el alcance y la forma de esta comisión, mayoría y fuerzas opositoras aplazar el próximo lunes la decisión definitiva.

Vigente desde el pasado viernes la ley que ampara la reestructuración o resolución (liquidación) del banco todos coinciden en la urgencia de tener los datos necesarios para decidir. Pero las auditorías para determinar las cuentas legítimos y los que no lo son, por destrinar el grano de la paja, se enfrentan al examen, ni más ni menos, que de las operaciones de 30.000 clientes.
A principios de semana sólo habían logrado esclarecer un diez por ciento (unos tres mil), la mayoría, de aquellos sobre los que no hay ninguna sombra de sospecha. Buscando un atajo, han sido convocados unos 600, 275 de los cuales con fondos en el área internacional, y bastantes residentes en los más diversos países del mundo, para que expliquen la procedencia de sus capitales.

Y aquí parece abrirse otro conflicto jurídico, porque muchos aseguran que ya dieron las explicaciones oportunas al abrir las cuentas o hacer las inversiones, en forma de respuestas al cuestionario obligado por las normas del momento como requisito para aceptar sus aportaciones . Las autoridades replican que la declaración ahora pedida se han añadido 37 nuevos criterios.
En España, calculan que la liquidación decidida de Banco Madrid costará 159,2 millones de euros y que la factura la pagarán los accionistas, encabezados por los mayoritarios, los hermanos Cierco, con el patrimonio neto contable de la entidad, que es de 136 , 1 millones y 23 más procedentes de su inversión en deuda subordinada, aunque esta es de 21 millones, lo que dejaría una diferencia negativa de dos millones más. Así lo prevé el informe del Banco de España y estos son los datos sobre las que el presidente del FROB, Fernando Restoy, dijo en el Congreso que los 14.403 clientes de la entidad madrileña recuperarán «la práctica sotalitat» de sus dinero.

Con el tiempo en contra y en medio de tanta complicación acumulada, un destacado parlamentario de la mayoría se mostraba esperanzado en que la decisión pueda llegar «en pocos meses", con la quantifiació que quede en el "banco bueno" a vender y el «malo », a liquidar a cargo de los accionistas. Pero los daños, los directos y los colaterales, decía, no empezarán a recabalar hasta el próximo año.

El resto de bancos están colaborando al máximo con el gobierno y el resto de organismos, alabando las medidas tomadas, aportando capital y, se supone, que revisando los armarios propios, por si se les ha quedado algún cadáver o fantasma.
El miedo guarda la viña y, por si acaso, MoraBanc ha echado atrás en la operación que había iniciado para adquirir la española Tressis Inversión, en la que previa destinar 50 millones de euros. El comunicado al respecto dice que el desistimiento ha sido «de mutuo acuerdo» entre las dos entidades implicadas, y porque «las circunstancias acual no son las adecuadas» para culminarla.