¿BPA hacia la liquidación?

La sensación generalizada en Andorra es que la Banca Privada está abocada a la liquidación. Los otros cuatro bancos, llamados por el Gobierno, no parecen nada dispuestos a hacerse cargo mediante una absorción que los marcaría y, además, consideran poco alcanzable la cifra necesaria para la adquisición.

La sensación generalizada en Andorra es que la Banca Privada está abocada a la liquidación. Los otros cuatro bancos, llamados por el Gobierno, no parecen nada dispuestos a hacerse cargo mediante una absorción que los marcaría y, además, consideran poco alcanzable la cifra necesaria para la adquisición. Se estima que el de mayor capacidad, por recursos, sería Crèdit Andorrà, pero difícilmente llegaría, en el supuesto que lo quisiera.

La nacionalización, en un estado y con un gobierno electo que apuesta del todo por la economía de mercado, tampoco se ve viable, si no es por un tiempo. Encima, dos realidades añaden dificultad a cualquiera de estas medidas: la previsible multa multimillonaria del tesoro de los Estados Unidos, que ya le ha vetado cualquier operación en su territorio. Y también la «huida» de clientes y depositarios que han llevado la filial española -Banco Madrid- a la falta total de liquidez para atender las demandas de retiradas de fondos, tras la intervención por el Banco de España.

El principado pirenaico donde este lunes se han formado largas colas ante las sucursales de la entidad de personas dispuestas a ejecutar este tipo de operación. El Gobierno había advertido que el trámite, en este caso, sería más lento, para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales -en más que probable referencia a la comprobación del origen lícito- para que el resto de entidades puedan aceptar sin pesar, como se dice que está pasando.

Eso sí, en una especie de «corralito», las retiradas no pueden ser de más de 2.500 euros a la semana. Y si en España el fondo de garantía de depósitos asegura el retorno de hasta 100.000 euros por titular, al norte del río Runer la cantidad garantizada es bastante inferior.

De lo que no se puede acusar a las autoridades políticas y el sistema judicial andorrano es de lentitud. Prácticamente a la vez que se hacía público el informe del FinCen estadounidense declaraban en el INAF durante seis horas los máximos responsables del banco: los copresidentes propietarios hermanos Cierco, el consejero delegado y director general Juan Pablo Miquel y los directores generales Santiago Rosselló y Xavier Campos. No había pasado un día que se había decretado la intervención y dos cuando se designó el equipo de gestores públicos, de larga experiencia y sin ciclos laborales actuales con el sistema: Carles Salvadó, ex director general del órgano fiscalizador (INAF), jubilado. Y los también retirados directivos de Morabanc -antigua Banca Internacional-Banca Mora, en su momento participada por BBVA español-.

Casi a la vez abrían un expediente sancionador del gobierno, por la vía administrativa, y diligencias judiciales. Al tercer día desde el estallido del escándalo se producía el registro a fondo de la sede de la BPA, aunque fuera la fiesta nacional de la Constitución andorrana, y la policía detenía a Juan Pau Miquel. A punto de cumplir el plazo máximo de 48 horas de retención, el consejero delegado pasó ante la jueza instructora del caso, Canòlic Mingorance, que lo interrogó durante seis horas, hasta que a las tres de la madrugada le decretó la prisión provisional. Desde entonces se encuentra internado en el centro de la Comella, en la capital. El investigado lo es en relación con el llamado «caso Emperador» de España, la red de supuesto lavado de capital del chino Gao Ping, uno de los miembros de la que habría dado el nombre de Miguel como colaborador en una comunicación interceptada.

Durante el fin de semana se dieron dos órdenes de detención más de dos gestores del banco encargados de sendas cuentas personales, un hombre y una mujer, cuyos nombres, siguiendo el criterio cerrado de los sistemas andorranos, no se han hecho públicos. Eso sí, se ha dicho que la captura de la mujer será más complicada, porque ahora reside en Singapur.

También los responsables de la entidad afectada han reaccionado: primero, con comunicados de voluntad tranquilizadora sobre la solvencia, dirigidos a la opinión pública, pero sobre todo a los clientes. Después, con el anuncio de que los asesores jurídicos habían comenzado con trabajar con un recurso contra la intervención, y una reclamación de más de 300 millones de euros por daños y perjuicios, cifra calculada con la multiplicación por 15 de los beneficios anuales hasta ahora, que han sido alrededor de los 20 millones. Si el ámbito del dólar les ha quedado absolutamente vetado, el del euro lo mantuvieron abierto inicialmente a través del Commerzbank alemany y el depositario mundial Euroclear.

La falta -o el agotamiento progresivo- de liquidez, las intervenciones, las perspectivas de sanciones a la entidad y de posibles encausaments penales a parte de los máximos responsables, la aparente falta de comprador y la dificultad de una indeseada nacionalización, son suficientes factores para prever un desenlace que no comporte la liquidación -y desaparición, al menos de la marca- de la BPA.

Mientras se extienden dos sensaciones: que desde los Estados Unidos, y por extensión España y Panamá, han actuado con una celeridad y rigor que muy difícilmente habrían empleado con otro estado amigo más fuerte y grande. Y que el mal, la alarma social y el daño a la imagen del sistema financiero y de Andorra en general, ya está hecho y será muy difícil, si no imposible, de resarcir. El primer dato para confirmar esta segunda la ha dado la agencia de calificación Standard & Poors. Después de avalar las medidas aplicadas, rebaja la nota de solvencia del Estado andorrano de BBB + a BBB (sin el plus) y con el añadido de perspectiva negativa por «incertidumbre».