La comisión de investigación del Parlamento de Cataluña sobre los asuntos Pujol y otros de supuesta corrupción, que ha rechazado tantas de entre las 450 comparecencias pedidas mantiene algunas personas que ocupan cargos importantes en Andorra.
La comisión de investigación del Parlamento de Cataluña sobre los asuntos Pujol y otros de supuesta corrupción, que ha rechazado tantas de entre las 450 comparecencias pedidas mantiene algunas personas que ocupan cargos importantes en Andorra.
Entre las que decayeron figuraba la del embajador del país pirenaico ante España, que pretendía escuchar la CUP, en una muestra quizá de ingenuidad propia de noveles y contra toda la normativa de la diplomacia internacional, que deja las citaciones a los embajadores reservadas a los gobiernos de los estados para los que han sido designados representantes y para el propio.
Más lógico parece, a la vista de las investigaciones emprendidas sobre hechos que, en parte, han sido fechados en instituciones de los valles, la petición de otras comparecencias, como las de los máximos responsables de los bancos donde habrían sido depositado dinero opaco de los Pujol. Y así han sido confirmadas las llamadas a Manuel Cerqueda, presidente de Andbank (donde supuestamente hubo depositados fondos en un primer momento) y los hermanos Higini y Ramon Cierco, máximos responsables de Banca Privada de Andorra, donde aún serían.
La intención confesada de la CUP con lo que pudo provocar un incidente diplomático, si habláramos de otros lugares de la geopolítica internacional, era también informara, sin ánimo de cargos o reproches, alguien o algunos que puedan explicar cómo van estas cosas de las finanzas y de las leyes en el pequeño Coprincipado.
La persona finalmente elegida, aceptada y que sería llamada a la comisión es Josep Costa, contratado por el gobierno andorrano con el objetivo de actualizar la Agencia Tributaria de Andorra, ante el reto de la aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a partir del próximo fin de Año, ya la vez inspector de Hacienda en España.
Sin embargo, ni banqueros, ni técnicos, tienen intención de comparecer ante los diputados catalanes, ni el gobierno del "otro" Principado ningún interés que lo hagan.
Incluso las demandas de información enviadas por vía judicial a las batlles (jueces) andorranas sobre las cuentas de Pujol continúan con un futuro más que incierto, de probable incumplimiento, a medida que el tiempo transcurre y que no han sido seguidas, hasta ahora, de la documentación sobre los indicios de delito (que lo sea también según el código penal andorrano) que hay sobre los supuestos implicados.
Las comparecencias ante el parlamento de Cataluña obligan sólo a un número de personas previamente señaladas y concernidas. Para el resto, acceder a las convocatorias es totalmente voluntario. Y, con spot saber hasta hoy, no hay ninguna con voluntad de "bajar" a través de la frontera de la Sede para responder a ninguna pregunta.
Esto, en el supuesto de que la comisión creada en el legislativo catalán acabe funcionando. La diputada de la CUP, Isabel Vallet ya ha criticado lo que entiende como afán de ocultar responsabilidades por parte de CiU y PSC, al rechazar conjuntamente buena parte de las citaciones a personas de los respectivos ámbitos políticos y el presidente del órgano creado, David Fernández, del mismo grupo, ha llegado a amenazar con dimitir por eso mismo.
Pero quizás, al fin, la comisión no llegue a iniciar las sesiones, o en todo caso no las culmine, por otra razón: la convocatoria de elecciones anticipadas que el presidente Mas anunció, implícitamente, el martes.
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