Paréntesis
Dejada atrás la campaña de las elecciones europeas y los comicios mismos, en el País Vasco parecería que los motores de novedades políticas importantes funcionen al ralentí. La última iniciativa fue, el fin de semana pasado, la cadena humana para la autodeterminación, de Durango (a medio camino entre Bilbao y San Sebastián) y Pamplona.
Como en el caso catalán, la convocatoria y organización estuvo a cargo de un ente de la sociedad civil, Gure esku Dagh (está en nuestras manos). El objetivo se cumplió, y se llenó el trayecto con la asistencia de las 150.000 personas convocadas, aunque se calculó bien ya la baja relativa, porque la extensión podría haber sido mucho más considerable (y la necesidad de personal) si el inicio se había prolongado hasta el límite occidental de Vizcaya, no digamos ya si se hubiera hecho una L invertida, pasando por el límite norte de Guipúzcoa y bajando desde el extremo noreste de Navarra hasta la capital.
El apoyo de fuerzas políticas era limitado y parece que también el social, comparados con los de la Vía Catalana. Estadísticamente, 150.000 personas para el conjunto de los 2.850.000 habitantes (cifra redonda) del Euskalherria peninsular difícilmente llegan al 7 por ciento, mientras que el millón y medio del 11 de septiembre del año pasado supera ampliamente la quinta parte de la población de Catalunya.
En cuanto al proceso de paz, tampoco se ha visto el avance anunciado, y varias veces aplazado, por parte de ETA, en forma de desarme unilateral significativo. Un oficial del cuerpo de seguridad antiterrorista de Francia, Laurent Hury, anunciaba en un juicio reciente en París la existencia de un documento interno de la organización donde haría constar que no tiene previsto disolverse.
Hury explicaba que el manifiesto se encontró, en formato informático, en el registro a la celda de uno de los acusados, en una prisión francesa. Para él, potencialmente, el grupo podría actuar en cualquier momento, porque teóricamente conserva un montón de medios para cometer atentados. Citaba como título de ejemplos que no se han recuperado 255 de las 400 pistolas robadas en Vauvert, ni 500 de los 1.300 kilos de explosivos fruto de un asalto de 2005, ni un millar de las 5.000 placas de matrículas de vehículos conseguidas el mismo año.
Los números del agente galo en el recuento de los arsenales son dudosos, porque nueve años son demasiados para mantener según qué explosivo estable y manipulable con seguridad, y nadie puede asegurar que las 252 pistolas que falten estén controladas por una organización que, según él mismo explicaba, cuenta con unos efectivos actuales "no muy numerosos", antes de confirmar que han emprendido una "diáspora" para Europa, fuera de Francia, "en Italia o Alemania".
Añadimos la inverosímil historia del hallazgo de un archivo informático a un preso en su celda, a pesar de la vigilancia constante y extrema que se supone-por mucho que realidad acostumbre a superar la ficción-y la posibilidad de que el documento enviado sea un papel de valor limitado a la propaganda interna para mantener viva la moral del destinatario.
Eso sí, han continuado las acciones de la política anti ETA contra ex terroristas, con dos detenciones más. En el aeropuerto de Madrid, Maria Jesus Eloirza, una mujer de 66 años con delitos supuestamente cometidos en los años 80 y, curiosamente, haciendo efectiva una orden europea de búsqueda y captura emitida desde Francia.
La otra puede ser más trascendente, o al menos más espectacular, si se demuestra que Tomas Madina Echevarria, trabajador en una oficina de seguros de Bilbao, era hasta ahora un "legal" (no fichado) del antiguo "comando Otazua", al que atribuyen los planes-que la organización desmintió a sus boletines-para asesinar al entonces lehendakari y consejero de Interior socialistas, Patxi López y Rodolfo Ares.
Los otros miembros conocidos del mismo pelotón, que fueron detenidos hace poco más de tres años, cumplen penas de más de 4.000 años, por condenas acumuladas al ser declarados culpables de varios atentados, con víctimas o no; casi 3.700 de este años teóricos de privación de libertad son para colocar y hacer estallar una furgoneta con 700 kilos de explosivos en el cuartel de la guardia civil de Burgos.
Con todo ello, parece atrevido concluir que el proceso hacia la paz está a punto de fracasar. Más bien, por el resto de fuentes y testigos internos e internacionales de prestigio, se confirmaría que va a su ritmo, unilateralmente-a falta de pasos por parte de quienes podrían acelerar desde fuera-por parte de los hasta ahora ya ex terroristas, según consideran la situación de cada momento, incluido a efectos de la seguridad de ellos mismos.
Escribe tu comentario