El gran riesgo y el calendario

Lo considerado ex máximo dirigente de ETA Jurdan Martitegi se declaró lunes ante el Audiencia Nacional que lo juzgaba "muy orgulloso de su militancia en la organización, hizo suyas todas las acciones de violencia cometidas a lo largo del medio siglo de historia y se negó a participar a la vista por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra: "Me llamo Jurdan Martitegi Lizaso, soy militante de EA y me siento muy orgulloso"... y "no pienso participar en esta farsa jurídica".

Lo considerado ex máximo dirigente de ETA Jurdan Martitegi se declaró lunes ante el Audiencia Nacional que lo juzgaba "muy orgulloso de su militancia en la organización, hizo suyas todas las acciones de violencia cometidas a lo largo del medio siglo de historia y se negó a participar a la vista por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra: "Me llamo Jurdan Martitegi Lizaso, soy militante de EA y me siento muy orgulloso"... y "no pienso participar en esta farsa jurídica".

Por su parte, el secretario general para la Paz y la convivencia del gobierno vasco, Jonan Fernández, aseguraba en una entrevista que es "muy importante" conseguir el fin de ETA "con garanatías, sin flequillos, que no deje fuera de control militantes, ni armamento, ni unas siglas". También reconocía que pueden haber "tensiones" internas a la organización, "porque en todo grupo humano organizado hay maneras diferentes de ver la realidad".

La relación entre ambas manifestaciones se evidente: patentiza que el gran riesgo para el proceso comenzado con el abandono definitivo de la "lucha armada" pes anteriores practicantes es que haya un grupo disidente que, a la manera de los radicales de la IRA, decidan continuar la guerra por su cuenta. Un peligro más grande que el cierre del gobierno español a cualquier medida de alivio de la política penitenciaria u otros gestos para favorecer la evolución unilateral de la declaración de paz, la aceptación por el colectivo de presos del sistema judicial y penitenciario, o los comunicados anunciando el desarme ?el último, afirmando que será total, y que el mismo ejecutivo autonómico no para de pedir que sea acelerado.

Esta evidencia recuerda la sensación, repetida anteriormente, de la táctica de persecución diferenciada que, hasta hace unos poco meses, seguían las fuerzas de seguridad españolas y francesas, de asediar los etarras radicales y no invertir tantos esfuerzos al localizar y detener los partidarios de dejarlo.

Entre los últimos se ha señalado repetidamente José Antonio Urrutikoetxea, el famoso Josu Ternera, interlocutor en el diálogo después de la última y frustrada tregua hasta que v ser sustituido por el hijo, *Egoitz, la detención del cual anunció el ministerio de Interior español, que la tuvo que desmentir después. No vendrá de un ridículo, ni de un error.

Parece tan paradójico -como explicable por las presiones internas y externas- que el gabinete Rajoy y el sistema judicial extremen ahora la persecución de militantes, muchos ya fuera de actividad armada y organizativa desde hace décadas. Va en contra de la opinión más generalizada en Euskadi, incluida la que expresó hace poco la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Garbiñe Biurrun, quién dio legitimidad al grupo de contacto de Brian Currin y a la comisión de verificación ?las dos devueltas hace pocos días al territorio-, porque si el gobierno (español) no se implica, "alguien lo tiene que hacer".

Biurrun, que además declaró legítima la "consulta" en Catalunya, parece tener un futuro tan corto al cargo como el de aquel fiscal del órgano homólogo al Principado que se pronunció también a favor del derecho a decidir, horas antes de "dimitir".

Por el momento, el que ha hecho el Consejo general, máximo órgano rector del sistema judicial, se prohibirle que continúe participando a los trabajos de la comisión de pacificación.

El peligro que consideramos menor, que los decididos en ETA a desarmarse y acabar disolviéndose cedan a quienes piensan lo contrario, puede ser aún así la espoleta de la escisión que preocupa a tantos, empezando por Fernández. El lehendakari Urkullu ha llegado a pedir un marco legal (pensamos que español, quizás también francés, mejor europeo) para el desarme de los ya ex terroristas, sin poner en riesgo su seguridad, como se desprendía de la presa de declaración judicial a tres de los verificadores para "intentar localizar y detener", según la denuncia, a quienes se desarman.

El calendario, a menudo, manda. Con las europeas a la esquina y los vientos contrarios de las encuestas, con competidores crecientes entre UPyD y Vox, Rajoy y los suyos no están en condiciones de aparecer más "blandos" todavía del que piensan que son los nuevos opositores y las víctimas organizadas.

"Rubalcaba y Rajoy fían el fin de ETA a la discreción", y Urkullu, y su secretario para la paz, la venden practicando desde hace años y cerraduras, en este asunto. El problema es que ni el grupo de Ortega Lara ni el de Rosa Díez renunciarán a usar el esperpento de ETA para ganar votos, y que muy probablemente arrastrarán el PP a mantener el discurso de la dureza.