Ha hecho 118 años...

El día de San Ignacio, celebrado esta semana, pero hace 118 años Sabino Arana presentó como líder un entonces nuevo partido político llamado Eusko Alderdi Jeltzalea, desde hace mucho tiempo conocido por la denominación de Partido Nacionalista Vasco (PNV). Es la segunda formación política más antigua de la península, sólo superada por el PSOE de Pablo Iglesias, nacido dieciséis años antes. La evolución de uno y otro ha sido evidente. El socialista, de la definición como fuerza de clase y marxista, a la socialdemocracia, el nacionalista, del JEL (Jaungoikoa eta Legezarrak-Dios y las leyes antiguas) a la laicidad y la deriva hacia el centro desde el conservadurismo heredado de los carlistas, pero en versión republicana.

En el acto de la habitual ofrenda floral al fundador, el actual presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar anunciaba el proyecto de creación, a partir de septiembre y en el seno del parlamento propio, de una ponencia para conseguir "un nuevo estatus político para la Euskadi del siglo XXI ".

Para conseguir la mayoría suficiente, Ortuzar mencionó la negociación con Sortu, después de las conversaciones que iniciaron hace días representantes de ambas formaciones, con una condición irrenunciable "si (los interlocutores) establecen decididamente una sintonía con los compromisos éticos y democráticos diseñados a través del Plan de Paz y de Convivencia ". Y todo ello, sin dejar de reiterar el esfuerzo por lograr "el fin ordenada" de ETA, si no es posible con Rajoy, como parece, "con otros".

He aquí cómo, desde el PNV, reaviva una idea que le es consustancial desde hace estos 118 años, y es el soberanismo. Habrá que esperar una concreción de esta nueva propuesta, después de la liquidación del llamado "plan Ibarretxe" y que en realidad era un proyecto de reforma del Estatuto, que el Congreso rechazó sin pararse no ya a negciar-lo, sino ni siquiera a estudiarlo.

La fecha, a punto de comenzar en agosto de vacaciones, puede no haber sido elegida por casualidad. Y puede ser por eso, el anuncio todavía no ha merecido la atención, ni el tratamiento habitual, los medios de comunicación de ámbito estatal.

Otra de las características del PNV es la incompatibilidad entre cargos directivos en el partido y cargos públicos. En la práctica, el lehendakari, cuando sale de su formación, se convierte en una especie de ejecutivo, con un gran margen de autonomía, pero siempre sometido al control de la Asamblea Nacional que, acstuma a seguir los criterios de la ejecutiva, el Euskadi Buru Batzar, como se demostró con la última de un largo historial de roturas, cuando el hasta entonces lehendakari Garaikotxea y sus partidarios se separaron y crearon Eusko Alkartasuna (EA), hoy miembro de la coalición EH-Bildu.

El presidente y su gobierno autonómico, en el ámbito de la administración que le es propio, continúa las negociaciones con el PSE-PSOE para la reforma de la fiscalidad, a la vez que discute con el Ejecutivo Rajoy el límite del su endeudamiento, en este caso como parte de la revisión del cupo a pagar por las haciendas vascas en el Estado, según prevé el Concierto Económico donde se establece (a diferencia del resto de comunidades autónomas) que la actualización debe ser consensuada, en una comisión bilateral de representantes estatales y de la comunidad, paritaria en miembros y sin voto de calidad para resolver empates.

Sin embargo, el gabinete de Urkullu ha anunciado nuevos recortes, con un ahorro calculado en 235 millones de euros, y que incluye la supresión de 50 empresas públicas, los ámbitos de la energía, la promoción económica y el transporte, sin eliminar puestos de trabajo que no sean "de las cúpulas directivas".

Los ámbitos afectados, como se puede ver, no pertenecen tanto al "tuétano" del Estado del bienestar, como ocurre en Cataluña. Puede ser otra de las consecuencias positivas de sus sistema histórico y específico de financiación. Otra, actualizada, llegó con la última encuesta de población activa, que deja el porcentaje de paro en el 26,26 por ciento en el conjunto del Estado, el 23,85 en Cataluña, y el 15,46% al Euskadi institucionalizado en comunidad autónoma. Más de diez puntos porcentuales por debajo de la media estatal, y más de ocho si se compara con este Principado.
Y los constitucionalistas no pueden atacar el concierto económico vasco (ni el navarro), sin incurrir en una contradicción radical, ni perder el apoyo de sus propios afiliados a ambos territorios, donde la defensa de la figura hace la unanimidad. La pregunta, los críticos de este "privilegio" es si prefieren una eliminación de las condiciones seculares de esta relación de vasco-navarros con el erario público español, o más bien les conviene acceder a una fórmula similar.

Robert Pastor

Periodista