País Vasco estañado

Esta semana ha hecho cuatro años que ETA anunció el fin definitivo y total de la «lucha armada», y hasta ahora ha cumplido el anuncio. Por este y otros eventos, el territorio ha vuelto a tomar espacio en los medios, aunque los más destacados siguen estando para otros asuntos más llamativos del resto del Estado, como hemos visto y vemos.

Varias crónicas, denominadas «de ambiente» en el argot periodístico, describen un clima social calmado, casi normalizado del todo en cuanto a unas relaciones interpersonales sin escoltas a políticos, miedo, amenazas, ni crispaciones como las de antes.

Repetiremos una vez más que entre el fin de la violencia física y una paz real y definitiva hay que recorrer un largo camino hasta la desaparición de los odios acumulados, los deseos de revancha, por hechos recientes o mucho más antiguos, de hace tres cuartos de siglo.

Así nos encontramos con que, en varios aspectos, la situación continúa haciendo de Euskadi un país estañado. Quizás la descripción general de los problemas la hizo, en su enésima visita, el secretario general del «grupo internacional de contacto», el abogado sudafricano Brian Currin, al criticar al gobierno español por mantener aún los presos (se calcula que son unos 450) de la organización bien lejos de sus lugares de origen y en la reclamación a ETA del desarme, además de una intensificación del diálogo entre el PNV gobernate y Bildu, fórmula de la vuelta a la vida política de la hasta hace poco ilegalizada izquierda abertzale.

En cuanto al ejecutivo español, continúa dejando patente que en ningún caso quiere avanzar ni un milímetro hacia el cumplimiento de una petición que no sólo es de Currin, sino de una gran parte --si no mayoría-- de la sociedad vasca. Lo ha vuelto a demostrar con las detenciones en Francia de los supuestos dirigentes de lo que queda del grupo activista Iratxe Sorzábal, David Pla y Egoitz Ueeutikoetxea, el hijo de «Josu Ternera», que siempre se ha considerado la encarnación del sector dialogante y partidario de dejar de lado las armas.

Jurídicamente, es impecable que crímenes como los atribuidos continúan persiguiéndose por mucho que cambien las situaciones. Pero no deja de ser peculiar que Pla haya estado tantas veces identificado como uno de los portavoces en aquel anuncio hace ya más de cuatro años, y Egoitz uno de los negociadores en el penúltimo intento de acuerdo con el gobierno de Madrid.

La actitud de ostra cerrada del gabinete Rajoy ha tenido la demostración más clara en el rechazo a la iniciativa de su presidenta en el país, Aratntza Quiroga, de crear en el Parlamento autonómico una ponencia «de libertad y convivencia», bien acogida incluso por Bildu. Y además de obligar a retirar la propuesta, rebautizada «política pop» (por el estilo artístico, no por octopus), ha dimitido y desde la calle de Génova enviaron para «enderezar el orden» ni más nada menos que al Ministro de Salud y exalcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso.

Y si hablamos de presos --aunque a este no lo mantengan lejos de su Donostia-- el ejemplo paradigmático sería sin duda el exdirigente político Arnaldo Otegi y el líder sindical Rafael Díaz Usabiaga.

El fin de semana pasado, miles de personas se manifestaron reclamando la liberación de los dos, con apoyo de varios líderes de partidos y coaliciones del resto del Estado. Otegi y el socialista Jesús Egiguren recibieron el premio Gernika por sus acciones a favor de la paz.

Ambos aún recluidos fueron detenidos en el «caserío» Bateragune, donde celebraban una reunión de la que salió el proyecto de abandono de los atentados de ETA y retorno a las vías estrictamente políticas. Condenados con otros asistentes al encuentro por la Audiencia Nacional como «dirigentes» de ETA, el Supremo consideró que en ningún caso podían considerarse directivos de una banda terrorista, sino miembros, y la pena les fue rebajada a seis años y medio. Con dos votos de magistrados discrepantes con la mayoría; uno, que era partidario del sobreseimiento y el otro, de la anulación del juicio. El año pasado, un recurso al Tribunal Constitucional para la liberación fue rechazado por siete votos contra cinco.

Quedan menos de seis meses para cumplirla entera (fueron detenidos el 16 de octubre del 2009) y la desproporción con este mantenimiento de la privación de libertad y de la de otros autores de delitos bastante graves es del todo evidente.

Si la paz social está generalmente hecha, también lo está la estabilidad política. El nuevo acuerdo entre los tradicionales adversarios --pero también aliados en varias etapas--, PNV y el PS -PSOE, lo garantizan. La amenaza ahora es el ataque al concierto económico, cuya supresión han incluido varios partidos de ámbito estatal en los programas para el 20 de diciembre, aunque es el hecho diferencial que mantiene el nacionalismo vasco mayoritario con el objetivo final de la independencia «congelado», y que en el territorio defienden encarnizadamente todas las formaciones, el PP incluido.