EVITAR Y CORREGIR LA DESIGUALDAD SOCIAL

La igualdad es uno de los valores que legitiman los sistemas políticos y las instituciones públicas y evidencia la capacidad de las políticas públicas de responder a las necesidades de las personas ya la demanda de justicia social. Cuando hoy constatamos que una cuarta parte de la población está en situación de pobreza y que la desigualdad social está creciendo, que esto no sea el centro de atención de la política y los debates de los diferentes actores políticos -Viejos y nuevos- puede seguir profundizando en un mayor descrédito de la política y sus instituciones. A buen seguro, el problema de fondo radica en un sistema económico y social que obvia los valores de justicia, solidaridad y sostenibilidad en la manera de producir y de crear riqueza, distribuirla y aplicarla. Un sistema que sacraliza el mercado, como mediador eficiente entre recursos y necesidades, y la apropiación privada del beneficio, como motor de progreso e innovación. Precisamente esto es lo que no puede justificar la inacción de los gobiernos, ya que la sucesión de crisis y las situaciones de injusticia social evidencian claramente que son la falta de reglas y controles y de intervención pública lo que genera la desigualdad e instala la pobreza.

Los gobiernos deben hacer frente a esta realidad poniendo límites al sistema, promoviendo la igualdad y corrigiendo las desigualdades. La política tiene que traducir la concepción de justicia social que expresa la ciudadanía en acción de gobierno. Así podemos leer los resultados de las últimas contiendas electorales como una demanda de un giro social y de rechazo a las políticas de austeridad y recortes. A pesar de que, a estas alturas, parece que la vida política, tanto en Cataluña como en España, sigue centrada en debates superestructurales que ignoran, más allá de la retórica, toda propuesta de acciones y medidas de gobierno dirigidas a combatir la pobreza y las desigualdades en el que estamos instalados. Debemos urgir a actuar para evitar y corregir la situación en que nos encontramos.

Evitar la desigualdad conlleva actuar en el espacio donde se produce buena parte de la riqueza, con reglas justas, que permitan a los trabajadores y trabajadoras sacar provecho del beneficio que su trabajo crea. Trabajo y sueldo dignos son piezas fundamentales para el buen funcionamiento de las empresas y de la economía, ya que permiten garantizar la continuidad y la mejora de los procesos de creación de riqueza y alimentan la misma actividad económica, con la experiencia y la innovación y con la implicación y la participación. Condiciones de trabajo y de vida justas son elementos indispensables de justicia social. Tener trabajo o no tener, tener uno u otro tipo de contrato o unas u otras condiciones de trabajo determinan la posición social de la persona. Por ello, el primer nivel de lucha contra la desigualdad está en el trabajo, en unas reglas laborales que eviten la subordinación total de los trabajadores al interés económico exclusivo del empresariado, que se resistan a interpretar el trabajo como un factor productivo más, alienado del propio proceso de creación de riqueza. Los trabajadores deben poder disputar en libertad el reparto de la riqueza, por eso hay que derogar la reforma laboral, reconocer y reforzar el papel de las organizaciones sindicales y respetar el derecho de huelga y el ejercicio del conflicto social. Menos derechos laborales, menos poder sindical y menos capacidad de ejercer el conflicto social son más desigualdad social.

Corregir las desigualdades es evitar que las diferencias, que son parte de la complejidad de las sociedades y las enriquecen, conlleven situaciones de injusticia social, pero también es una apuesta de dinamismo económico y de salud democrática. Los países con menos desigualdades en el reparto de la renta tienen un mejor bienestar personal y social como muestran diferentes indicadores (salud, rendimiento escolar, violencia y presos, calidad de vida, confianza, corrupción ...). Posiblemente la igualdad total no es la contraposición a la desigualdad. Pero si queremos evitar que esta se convierta en injusticia social hay que actuar desde las políticas públicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, con un potente sector público que dote de bienes y servicios públicos de salud, educación, atención social, estableciendo salarios mínimos y rentas garantizadas y protegiendo y asegurando las situaciones de riesgo y desamparo. Por eso sin duda habrá que dotarse de un sistema fiscal justo y progresivo, que garantice una efectiva redistribución de la riqueza creada, basada en los principios de solidaridad, corresponsabilidad y proporcionalidad.

La desigualdad es un factor socialmente negativo que afecta a las personas, la economía y la democracia. Hay que combatirla: evitándose en el origen, haciendo que el mercado del trabajo disponga de los mecanismos reguladores, derecho laboral y libertad sindical; y corrigiéndola, con un sistema fiscal justo y potente que dote un sector público con capacidad de promover la igualdad de oportunidades y garantizar la protección social.

Creo que no es osado pensar que las mayorías sociales expresadas políticamente en las recientes contiendas electorales, reclaman que las personas sean el centro de una acción política basada en una estrategia de lucha contra la desigualdad.