El reciente informe del Banco de España insiste en reclamar la aplicación de fórmulas caducas, que representan los intereses de los poderes financieros y las organizaciones empresariales, pero que se han mostrado inútiles para modernizar el tejido empresarial, impulsar la estructura industrial y la equilibrio territorial y promover el bienestar y la igualdad social. Insiste desproteger aún más el contrato fijo, con la excusa de reducir la temporalidad. Reclama introducir un sistema de capitalización privada en la reforma del sistema público de pensiones justificándolo con los peligros futuros del actual sistema.
La desregulación del contrato de trabajo que propone quiere fomentar la precariedad y bajar los salarios. El ataque a la contratación indefinida aumenta el poder unilateral del empresario para forzar la libre disponibilidad de los trabajadores y debilita la capacidad de negociación de los trabajadores y de sus organizaciones. La precariedad y los bajos salarios desprecian la calificación y van contra la innovación. Se quiere promover una nueva reforma laboral para abaratar aún más el despido, bajar los salarios y precarizar el trabajo.
Plantea nuevas reformas del sistema público de pensiones, para reforzar la ofensiva del poder financiero contra el sistema público y convertirlo en fuente de negocio privado. La financiación de las pensiones públicas tiene relación directa con el empleo creado y los bajos salarios, que es lo que afecta a las cotizaciones sociales, fuente básica de recursos para pagar pensiones. Propone reducir cotizaciones, en la línea de lo que reclaman las organizaciones empresariales y la derecha política, y pone, así, realmente en cuestión el futuro del sistema público y abre la vía para imponer una reforma regresiva que cambie de raíz la estructura del sistema público de pensiones para acercarse a un modelo de pensión pública mínima y capitalización privada. Quieren el negocio, si los preocupara realmente la garantía de futuro para los trabajadores plantearían fórmulas para mejorar el empleo, en cantidad y calidad, y mantener cotizaciones.
El posicionamiento del Banco de España se alinea con la orientación política e ideológica neoliberal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y representa el interés y el pensamiento propio del poder financiero. Los bancos centrales han dejado de ser estructuras independientes para regular y supervisar el sistema financiero y la evolución de la economía. Se han convertido en poderosos instrumentos de construcción de pensamiento y de imposición de fórmulas y políticas económicas neoliberales al servicio de las entidades financieras y de las organizaciones empresariales. Hoy, insistir, como se hace, que el proceso de ajuste competitivo aún no ha terminado y afirmar que el ajuste de precios y costes relativos de bienes y servicios ha permitido mejorar la capacidad competitiva de la economía y el empleo, es tomar partido a favor de las principales demandas de la derecha catalana y española: la apuesta por un modelo productivo basado en el empleo de baja calidad, salarios reducidos, contratación precaria y desprotección social.
Ha sido la aplicación de este modelo neoliberal, las contrarreformas laborales y los recortes en protección social, lo que ha aumentado la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Los datos muestran que, si bien el paro registrado disminuye, lo hace en menor cantidad que lo que baja la población activa. Por tanto, no estamos creando empleo suficiente. Al mismo tiempo, se incrementa la precariedad del trabajo, la temporalidad crece y los salarios bajan, la brecha entre hombres y mujeres aumenta, y también entre el que gana menos y quien gana más, y la accidentabilidad laboral se ha disparado. El número de personas que están en paro y se han quedado sin protección ya supera el 60% y el número de hogares donde no entra ningún ingreso supera en Cataluña las 100.000. El 25% de la población está en situación de pobreza, más del 30% de los menores de 16 años. Los trabajadores pobres son ya el 15%.
Esta es la realidad que no lee el informe del Banco de España y en la que no responde. El origen está en el mal funcionamiento del mercado de trabajo y la protección social. La mayor parte de las personas obtienen su fuente de subsistencia de su trabajo o, cuando no tienen, de la protección social. Derogar la reforma laboral, para recuperar la causalidad contractual y la protección de derechos, garantizar el derecho a negociar colectivamente salarios y condiciones laborales, recuperar los niveles de protección social y establecer una renta garantizada de ciudadanía, es donde está la solución a problemas reales. La receta del Banco de España es pura ideología caduca, pero sobre todo inútil para modernizar las empresas y reactivar la economía, e injusta con las personas y la sociedad.
Pero también esta es la realidad en la que cada uno debemos responder el 26-J en las urnas o la que debe tener recursos dotados en los presupuestos. No todas las propuestas políticas son iguales, como tampoco son neutras las cuentas públicas para combatir la precariedad laboral y social. En cualquier caso, más allá de seguir batallando para revertir derechos laborales tomados y garantizar la protección social, si nuevos recortes y contrarreformas avanzan, será necesario preparar una respuesta contundente para defender las pensiones públicas, el empleo de calidad, los salarios y la negociación col tiva.
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