El año de Banca Privada de Andorra

Este jueves, día diez, se ha cumplido un año de la intervención de Banca Privada de Andorra tras la sanción internacional del finca, entidad del Tesoro de Estados Unidos. Varias veces el gobierno andorrano había previsto la solución del caso, en forma de venta de la nueva entidad creada, Valle Banco, pero el plazo parece que no se podrá cumplir.

Teóricamente, la presentación de ofertas de adquisición debería cerrarse este viernes, día 11, y la retirada de la prohibición de actividades internacionales por parte del organismo norteamericano, aunque teóricamente removía uno de los obstáculos principales, el cierto es que, a la hora de escribir, ninguna entidad externa no ha asumido la corresponsalía que debería permitir volver a hacer operaciones en el exterior y recuperar las inversiones de los clientes afectados.

El aniversario se recordó con una manifestación de afectados ante la sede central de la BPA y mientras se van publicando nuevos datos, como que el "banco bueno" tendría un capital de 800 millones en lugar de los 1.500 de la financiera requisada. En una primera apreciación, Price Waterhouse y Cooper, el agencia encargada de la auditoría, cifraba entre 350 y 400 millones el total de los depósitos y cuentas «no validados», por orígenes ilegales. Pero en una segunda y del mismo miércoles, PwC añadía más de 900 cuentas «sospechosos», que corresponderían sólo a un tres por ciento de los clientes, pero con un volumen importante, de 1.000 millones de euros.

Como se ve, las cifras siguen sin cuadrar definitivamente, aunque el coste de la actuación de la auditora, que ha sido de quince millones. Y en el ámbito judicial nada detiene. Los socios propietarios del 80 por ciento del capital de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, han vuelto a pedir una indemnización al gobierno del país pirenaico de 375 millones, aunque posteriormente han manifestado que se confirmarían con acciones del nuevo banco resultante.

La Caja de Seguridad Social (CASS), por su parte, denunció un fraude del banco viejo, que habría mantenido inscritos trabajadores una vez terminada su actividad en la empresa, a fin de ahorrarse indemnizaciones, compensadas por pensiones de jubilación.

Los Cierco hace días que vieron denegada su capacidad de poner un pleito en Estados Unidos contra el finca, pero no se ahorraron un viaje a la capital española, para comparecer en la Audiencia Nacional para responder del asunto de Banco Madrid .

En realidad, en el último mes se ha establecido un verdadero «puente judicial» entre Madrid y Andorra, aunque no pueda ser aéreo, ni ferroviario de ninguna velocidad, por razones geográficas obvias.

La venida del magistrado español De la Mata (el mismo que instruye el «caso Neymar») y de la teniente fiscal anticorrupción Belén Suárez, para interrogar cuatro testigos de ciudadanos andorranos a la Alcaldía (sede de los tribunales de primera instancia) sobre asuntos de los Pujol levantó una serie de protestas, por injerencia en la soberanía nacional y en un poder tan sensible como el judicial.

El colegio de abogados y por supuesto los defensor de los testigos, a los que se obligó a guardar silencio bajo el amparo del secreto del sumario (español) ven indefensión en los testigos forzosos uno de los cuales, como mínimo, ya ha pedido que se declare nula su declaración a efectos procesales.

El presidente del Consejo Superior de la Justicia, Enric Casadevall, declaraba que la operación española, y el consentimiento de la alcalde que la autorizó, eran legítimas, pero que «quizá» los visitantes «habían pasado». Otros comentaristas ven, y han escrito, que en esto de los Pujol las instituciones andorranas hace días que decidieron «colaborar», sobre todo después de la visita del jefe del ejecutivo, Antoni Martí, en una propiedad particular de Mariano Rajoy, unas semanas después de la visita del último en el Principado pirenaico.

Para estos asuntos, o cualquier otro, potencias absolutas o relativas como Estados Unidos, España, Francia, la Unión Europea (con la que está en trámites finales el convenio de información automática sobre cuentas, inversiones y actividades económicas de ciudadanos comunitarios a territorio Andorrano) lo tienen muy fácil, cuando se trata de presionar, por no decir imponer, su voluntad sobre un país tan pequeño y débil en el marco de la comunidad internacional, que hace días dejó de verlo con la simpatía de la actualización de su sistema político, con la Constitución del 93, cuando el jefe de Gobierno de entonces, Oscar Ribas, fue recibido en la ONU con todo tipo de felicitaciones, a raíz de su discurso de ingreso ... en catalán.