El estallido de las denuncias periodísticas sobre cuentas y depósitos de notables internacionales en Panamá, para aprovecharse de la baja fiscalidad eran conocidas en este Principado días antes -del 30 de marzo al primero de abril- por las informaciones aparecidas en el diario de Andorra y, como no, mediante la intervenida Banca Privada (BPA) y raíz del «caso Pujol».
Si el «pool» de periodistas de investigación de todo afirman que medio millar de bancos europeos derivaban hacia el país del Canal fondos de sus clientes, este escenario no podía ser una excepción.
El rotativo afirma que recomendaba a sus clientes «VIP» situar los capitales, a través de la filial del banco BPA Servicios a una fundación panameña gestionada por una sociedad de Belice. Este recorrido, se añade, «hacía imposible detectar el auténtico propietario del dinero y se evitaba así pagar el impuesto aplicado a Andorra sobre los ahorros de los extranjeros no residentes».
En uno de los documentos referenciados, «el director de la sociedad Global Service Advisory (GSA) de Belice admite que BPA Servicios es propietaria de las 50.000 acciones de la compañía. Añade que los dos apoderados eran dos ex altos directivos del banco (andorrano): Cristina Lozano y Santiago de Rosselló »...«Santiago de Rosselló reconoció en la declaración ante la justicia española que «el objetivo de BPA Services era constituir sociedades panameñas y otros a demanda del cliente, porque era la forma de evitar la retención (del impuesto a la fiscalidad del ahorro) ».
En cuanto a la cooperación decidida de la justicia andorrana con la española en las investigaciones sobre la familia Pujol, con acciones insólitas como facilitar las declaraciones de testigos sin defensores ante el magistrado de la Audiencia Nacional De La Mata, que ya explicamos .
En otra de las informaciones del Diario de Andorra se incluye otro dato, que en principio parece bastante más relevante que «una firma», en uno de los documentos, de Oriol Pujol Ferrusola: Jordi, el primogénito del ex presidente de la Generalitat «ha asegurado que el ex director general de la BPA, Joan Pau Miquel fue quien me hizo la propuesta».
La proposición se habría producido, según el testimonio del protagonista en la Audiencia Nacional, en diciembre de 2012, para eludir el pago de los impuestos en el Principado. La herramienta de la operación fue Kopeland Foundation, y en un correo electrónico, Miquel anunciaba que «una de las cuentas asociadas a la fundación estaba a nombre de la madre de Jorge, Marta Ferrusola».
«Según fuentes cercanas a Pujol, Miquel también habría sido la persona que tramitó, por parte de BPA, la regularización de los fondos ocultos en Andorra en una cuenta de Banco Madrid. Los Pujol dieron el paso el 14 de julio de 2014, después de la aparición de noticias que revelaban movimientos de dinero de las cuentas andorranos de la familia ».
Pocos días antes de estas publicaciones, la alcaldía denegaba por tercera vez la demanda de la libertad condicional de Juan Pablo Miguel, presentada por sus defensores. El ex director general y consejero delegado, máximo ejecutivo de la entidad financiera, lleva ya más de un año en prisión preventiva. Y puede continuar, porque el sistema andorrano permite la permanencia en esta situación hasta un máximo de dos años.
Mientras los propietarios de la gran mayoría del capital de la BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, presentaban alegaciones para intentar que su causa continúe abierta en ese país, y hasta el momento de escribir, sigue sin resolverse el concurso para adjudicar Valle Banco, donde han quedado las cuentas y depósitos plenamente legales y legítimo, sigue sin resolución.
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