¿Quién ha autorizado a ATLL a refacturar a ACCIONA AGUA con efectos retroactivos del 2013?

 

CatalunyaPress.- Los pliegos de condiciones son muy claros en cuanto a la concesión de la ATLL y está entidad no puede hacer determinadas acciones sin la aprobación de la ACA. El mes pasado se conocía que la Fiscalía de Barcelona investigaba por falsedad documental la facturación de ATLL y Acciona. Y es que el tema tiene miga porque ATLL, según nos ha informado la CGT, cogió unas facturas, las refacturó a nombre de ACCIONA AGUA con efectos retroactivos del 2013.

Ahora la primera pregunta que todo el mundo se hace es: ¿ATLL ha contado para hacer tal “ajuste contable” con la autorización de la ACA o del Govern de la Generalitat, haciendo caso a lo que figura en el artículo 18 del pliego de concesiones de la tan polémico concesión? Ver cuentas anuales de 2014 de la empresa

Y la segunda: ¿la millonaria cantidad refacturada a ACCIONA AGUA SA forma parte de la revisión tarifaria, que tendrá lugar el próximo año, al cumplirse los 5 años de concesión?. Ver pliego de condiciones

La Fiscalía actúa ante el informe de Antifraude

El caso es que la Fiscalía de Barcelona investiga además de todo lo dicho por un delito de falsedad documental las irregularidades denunciadas por la Oficina Antifraude en la facturación entre la sociedad Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y el grupo Acciona, a quien la Generalitat adjudicó la gestión del servicio de aguas. Esta investigación se abrió a raíz de la denuncia realizada por CGT.

El ministerio público decidió abrir diligencias de investigación, inicialmente por un delito de falsedad documental, en la facturación de servicios de ATLL Concesionaria a otras empresas controladas por el mismo grupo Acciona.

La investigación se deriva de un informe que la Oficina Antifraude llevó a la Fiscalía, a raíz de una denuncia del sindicato CGT, que destapa facturas supuestamente cruzadas entre al menos dos filiales de Acciona, entre otras "múltiples irregularidades" en las prestaciones de servicios de ATLL.

Para Antifraude esas irregularidades pueden acarrear "significativas consecuencias en perjuicio del sector público" y plantea la posibilidad de resolver elcontrato de concesión de la ATLL, que la Generalitat adjudicó en 2012, días antes de las elecciones catalanas.

El informe de Antifraude advierte que ATLL subcontrató de forma irregular a la sociedad vinculada Empresa Operadora ATLL S.A. determinadas prestaciones que eran inherentes a la propia concesión de la gestión de la red de suministro de aguas Ter-Llobregat.

En ese sentido, Antifraude cuestiona la facturación de servicios de la Empresa Operadora y la filial Acciona a ATLL Concesionaria, que entre los años 2013 y 2014 ascendieron a más de 13 millones de euros.

Breve resumen de la guerra del Agua

Cabe recordar que la Generalitat adjudicó en 2012 la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39%, y en el que también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

Posteriormente, Agbar impugnó la adjudicación, lo que derivó en una batalla judicial en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acabó anulando el procedimiento de concesión, en una decisión que tanto la Generalitat como Acciona y sus socios han recurrido al Tribunal Supremo.

Llama la atención en todo este embrollo que el ex conceller Lluís Recorder artífice de tan chapucera concesión, se reincorporará a trabajar como abogada a un despacho poco después en 2013, KPMG Abogados ha sido el despacho responsable de realizar un informe para ACCIONA que recibirá la oficina Antifraude y que es contrario a sus últimas conclusiones que han llevado a ATLL y ACCIONA a ser investigada por la Fiscalía. Cabe recordar ahora que fue Lluís Recorder, entonces conseller, quién comparó la privatización con “una familia que tiene que empeñar las joyas de la abuela para poder subsistir”.

Oficina que también tendrá que investigar a fondo a los dos apoderados de la Operadora ATLL que fueron nombrados como tales mientras trabajaban en ATLL cuando todavía era pública De hecho fueron nombrados apoderados el 24 de diciembre de 2012, tres días antes que se formalizará la privatización de ATLL. Hablamos de Josep Rodríguez y Pablo Gil, que en su última etapa pusieron en duda, desde sus cargos de Gerente y Director de recursos de la ATLL la fiabilidad de las cuentas de la empresa pública aquel periodo. Y además fueron nombrados en bloque junto a 18 apoderados, en sus mayoría directivos de ACCIONA o de filiales como ACCIONA AGUA.

Es decir los nombramientos en Empresa Operadora ATLL son paralelos al proceso de privatización que siguió ATLL. Además, la Operadora no tuvo plantilla en 2013 pese a que su objetivo es gestionar y mejorar las instalaciones de ATLL. La documentación mercantil indica que la Empresa Operadora está inactiva a día de hoy, aunque sí trabajó en 2013, el primer año de la concesión. Facturó a la ATLL Concesionaria, por valor de 7,41 millones de euros y Antifraude determinó que lo hizo a pesar de que la Operadora no tenía trabajadores aquel año y sin la autorización del ACA. (Agencia Catalana del Agua). Esa cifra además coincide con el saldo positivo que la Empresa Operadora ATLL registró en sus cuentas de 213. Curioso, ¿verdad?.