Aval europeo y adjudicación de la BPA saneada

Los traseros días, visitando el país, el comisario europeo Pierre Moscovici -socialistas francés- felicitaba Andorra por el proceso de homlogació y transparencia fiscales y financieras, el ámbito de sus competencias y avalaba las medidas tomadas en el asunto de la Banca Privada (BPA).

Aquel estruendo para el sistema financiero y la imagen del principado pirenaico parece definitivamente encaminado a la salida, con la adjudicación de Valle Banco (VB) -la entidad que ha recogido los capitales «limpios» de la anterior- al fondo norteamericano JC Flowers.

Los aspirantes definitivos a la adquisición, después de que se retiraran del concurso el cuatro bancos andorranos, habían quedado reducidos a dos: el adjudicatario final y el también fondo, pero británico, Socrates Capital.

Se intuye que, al margen de las condiciones concretas de la propuesta de Flowers, ha podido influir también su nacionalidad, si no olvidemos que fue el Tesoro de Estados Unidos quien sancionó y terminar de hecho con la BPA, por las acusaciones de lavado de dinero de tramas internacionales de la deinqüència.

Hecha la acotación, el hecho es que J. Christopher Flowers, el titular del fondo adquirente, ha ofrecido hasta 29 millones de euros por la compra, de los que sólo hará efectivos inmediatamente 7,5 millones, y el resto los irá aportando escalonadamente, en parte dependiendo de los resultados (Benfica) que vaya dando la empresa.

Paralelamente, la Agencia de reestructuración bancaria (AREB) ha decidido una ampliación del capital social, hasta los 30 millones establecido como mínimos para la comunidad financiera, en principio a cargo de los fondos de la misma agencia (FAREB).

La adjudicación definitiva conlleva, por un lado, el cumplimiento del deseo del gobierno que el adquirente fuera extranjero. No ha llegado al desideratum (que fuera un banco), pero sí se ha conseguido la garantía de que se conserven todos los trabajadores que aún quedaban en el banco andorrano, tras las sucesivas reducciones entre renuncias y despidos. Esto y la posibilidad, ya firme, que los clientes afectados comiencen a recuperar su dinero, y operar con ellos, porque la venta conlleva también el restablecimiento de los corresponsales extranjeros.

La preferencia gubernamental de un banco respondía al miedo de la entrada de «fondos buitres», los que se dedican a especular con compras abajo precios para posteriores ventas con plusvalías. Mientras alguna fuente cercana al banco anterior calificaba así el financiero Flowers -destacando que el Banco de España le vetó la adquisición de la Caja del Mediterráneo (CAM) por esta sospecha, desde la representación legal de los trabajadores concernidos desmentía esta característica, basándose sobre todo en la experiencia y actividad continuada del comprador en el ámbito de la banca, y que tiene invertidos 14.000 millones de dólares a entidades financieras internacionales y administra 7.000 millones de clientes.

No todo, sin embargo, es coser y cantar. A las decenas de millones de euros que ha costado la auditoría -también nordamericana- para clasificar los fondos de la antigua BPA entre malos y buenos, y los que requerirá la ampliación de capital, se añaden los contenciosos judiciales de una cincuentena de clientes que han demandado al ejecutivo nacional por perjuicios, y la impugnación de la operación presentada por los principales accionistas de la vieja BPA.

Estos, los reiteradamente mencionados hermanos Higini y Ramon Cierco, y el resto de coaccionistes y directivos de la entidad en liquidación, deberían hacerse cargo de las pérdidas producidas por las sanciones a la banca de su propiedad, calculadas en 130 millones de euros y, como ya se calcula que no podrán asumir total, el resto correrá a cargo de los titulares de cuentas y dipòstis de origen ilícito.

Por otra parte, el deteriroament de la «marca Andorra» sigue: los «papeles de Panamá» ha apregut el actual ministro de finanzas, Jordi Cinca, cuando aún le faltaban años para ocupar el cargo, en su actividad profesional en un banco y una empresa de tratamiento de oro, y cuando apenas empezaba a plantearse la evolución hacia el actual marco jurídico fiscal y financiero que alabó Moscovici.

Y a todo esto hay que añadir, fuera de lo estrictamente financiero, los cientos de intoxicaciones de catalanes con agua de Arinsal, cuando no hacía mucho tiempo que se había recuperado la explotación de la fuente y la comercialización de la marca más allá de las fronteras.