Ada Colau pretende incorporar a ‘manteros’ a la Guàrdia Urbana
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-PL) exige que la alcaldesa dé explicaciones sobre el tema, una muestra más de la “incompetencia del equipo municipal para gestionar un problema en gran parte generado por él mismo”.
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-PL) ha expresado su indignación ante la publicación de la noticia de que el Ajuntament de Barcelona se plantea el ingreso de un número indeterminado de miembros del colectivo de vendedores ambulantes ilegales, más conocido como ‘manteros’, en el cuerpo de la Guàrdia Urbana.
La medida, que supuestamente busca combatir la venta ilegal en las calles de la capital catalana, especialmente en los puntos más turísticos de la ciudad, que se ha multiplicado en los últimos meses, demuestra que el problema hace tiempo que está fuera de control por parte del consistorio barcelonés.
Ante esta medida, el sindicato advierte que “el acceso a un puesto de trabajo de la función pública municipal se rige bajo los principios jurídicos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Añaden que “para ser miembro del cuerpo de la Guàrdia Urbana de Barcelona, se debe superar una oposición” y que para ello deben cumplir diversas condiciones, como tener ciudadanía española, conocer el idioma castellano y catalán, tener un nivel de estudios específico o carecer de antecedentes penales, entre otras.
MEDIDA ILEGAL
El SAP-PL denuncia que es “ilegal” la incorporación de nuevos miembros al cuerpo sin un proceso que reúna las garantías jurídicas mínimas, además de constituir “un agravio comparativo que afecta a toda la ciudadanía”.
El sindicato se muestra “estupefacto” ante la noticia, en la que se señala que la medida “contaría con el apoyo del comisionado de Seguretat, Amadeu Recasens”. Una muestra más de la “incompetencia del equipo municipal para gestionar un problema en gran parte generado por él mismo”.
Por estas razones, el SAP-PL exige a la alcaldesa Ada Colau que dé explicaciones sobre este tema y que abandone su actitud “puramente cosmética y empiece a gestionar el problema de seguridad ciudadana y convivencia cívica” que supone la venta ilegal en las calles de Barcelona.
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